El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha negado este miércoles en el Pleno del Congreso que las tasas en el acceso a los tribunales que su departamento promueve sean un 'repago' de este servicio del Estado y las ha definido como solidaridad con los que realmente necesitan el acceso gratuito a la Justicia. Las nuevas tasas serán cobradas a los ciudadanos y no sólo a las empresas como hasta ahora, y han sido rechazadas por toda la oposición, el Consejo del Poder Judicial, el de la Abogacía y todas las asociaciones de jueces y fiscales.

'Lo que vamos a hacer con las tasas es garantizar' el acceso a los tribunales 'para los ciudadanos que no tienen recursos', es ese esfuerzo de 'solidaridad' el que vamos a 'financiar' con las tasas, ha señalado el ministro.

El diputado socialista Álex Sáez Jubero ha preguntado a Gallardón, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, si no cree que con el cobro de las tasas se impone un 'repago' a los ciudadanos, que ya pagan la Justicia con sus impuestos. Hasta ahora, las tasas no se cobraban a personas físicas sino sólo a empresas, y además, el Gobierno ha incrementado hasta un 150 por ciento las cuantías.

Para el diputado socialista, la ley que el Gobierno ha llevado al Congreso y que prevé el cobro de tasas por el acceso a todas las jurisdicciones salvo la penal y la militar supondrá una 'barrera' y provocará 'desigualdades en el acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva', ha denunciado el socialista.

Sáez ha recordado al ministro que su propuesta ha generado el rechazo de todos los grupos políticos y de todos los operadores jurídicos. 'No, no hay repago', ha respondido Gallardón. 'No hay repago, ni prepago, ni copago, ni nada, no fatigue mas los prefijos. Llámelo como lo que es. Y es pago, pago por la justicia gratuita', ha respondido el ministro.

Gallardón ha recordado que la falta de financiación de este servicio hace que no fuera viable sin una financiación que procederá de las tasas, un esfuerzo que garantizará que aquellos que verdaderamente lo necesitan, porque no tienen recursos, dispongan de Justicia gratuita.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha asegurado que el proyecto de ley de tasas judiciales, que se debate este miércoles en el Congreso, deja 'gravemente herido' al Estado de Derecho al limitar e incluso imposibilitar el acceso de la ciudadanía al derecho a la justicia. Carnicer ha hechoestas manifestaciones a los medios de comunicación antes de sumarse, ante los juzgados de Zaragoza, a una concentración convocada por la Confederación Española de Abogados Jóvenes de España a la que han acudido representantes de la judicatura de la capital aragonesa.

El presidente de los abogados ha expresado su preocupación ante la 'inminente' aprobación de un proyecto de ley que, según ha afirmado, refuerza una vez más el sistema de 'una justicia para ricos y otra para pobres' y contra la que proyectan continuar las movilizaciones. A este respecto, ha señalado que el proyecto de ley, que se tramitará por vía de urgencia, 'ha adquirido la condición de imparable, y es necesario movilizarse', dado que en las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Justicia 'nos han hecho caso omiso'. Tras calificar el texto legal de 'absolutamente pernicioso', ha subrayado que 'a partir de ahora, si estas tasas se aprueban, la justicia será inalcanzable para un sector amplísimo de la sociedad española'.

En relación a la movilización llevada a cabo, ha destacado que 'nos hemos visto obligados a reaccionar ante las puertas de nuestra casa de trabajo para decir a los legisladores que no sigan adelante con la tramitación de esta ley, porque es extremadamente perjudicial para la justicia real y efectiva que predica el artículo 24 de la Constitución'.

Carnicer , para quien con la ley habrá 'miles y miles' de ciudadanos sin posibilidad de acceder a la justicia, ha advertido que las tasas judiciales no sólo limitarán su aplicación sino que ni siquiera será posible para un sector muy numeroso de la ciudadanía.

'Si a usted -ha reflexionado- le imponen una multa grave que tiene como cuantía 100 euros, ¿va a interponer un recurso teniendo que pagar 200 de tasas? ¿verdad que no?'.

Ha admitido la existencia de una justicia gratuita pero ha señalado que sólo beneficiará a familias con ingresos 'muy bajos', y ha recalcado que el proyecto de ley incidirá sobre una 'gran clase media' formada por pequeños empresarios, pymes o profesionales que, según ha afirmado, 'van a ver obstaculizado o prohibido su derecho a la justicia'.

El representante de la abogacía española ha añadido que la nueva ley llevará a la administración de justicia por un 'camino contrario' al llevado a cabo durante la etapa democrática que beneficiará a las grandes fortunas.

'Hasta ahora -ha comentado- hemos estado favoreciendo el acceso de la ciudadanía, y ahora se establece una tasa con efecto disuasorio para que los ciudadanos no vengan a cargar a la justicia'.

Carnicer , que no ha descartado nuevas movilizaciones 'a pesar de que los abogados no solemos hacerlo', ha asegurado a este respecto que 'me hace ilusión que estén los jueces, porque ellos no quieren librarse de ese trabajo, que va a privar a la ciudadanía de un derecho fundamental'.