El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha conseguido este lunes un aliado en el mundo de la justicia en la batalla que libra a favor de las tasas judiciales, rechazadas y tachadas de inconstitucionales por todos los operadores jurídicos. 

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se ha manifestado a favor de las nuevas tasas judiciales, la primera voz que lo hace en público desde hace muchos meses.

Sin embargo, hasta De Rosa, que fue conseller valenciano de Justicia con Francisco Camps y actualmente es hombre de confianza del propio Gallardón en el Consejo, ha matizado que 'algunas cuantías' de las tasas deberían ser objeto de revisión para ajustarlas 'a la realidad social'.

De Rosa ha hecho estas declaraciones a la entrada de la comisión de Justicia del Congreso, donde este lunes compareció por primera vez el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, para presentar la Memoria de 2011, tras su elección el pasado mes de julio a raíz de la dimisión de su antecesor Carlos Dívar por el escándalo de sus viajes en fin de semana.

El vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces ha seguido la misma estrategia marcada por el ministro la semana pasada, cuando, para demostrar contracciones entre los jueces en esta materia, recordó que la Junta de Jueces Decanos y la Asociación Profesional de la Magistratura habían apoyado hace tiempo que se instauraran tasas.

De Rosa destacó que coincide con la APM y la Junta de decanos en que 'las tasas van a cumplir una función positiva' y ha recordado que el Tribunal Constitucional también dijo en su día que el concepto de tasa era constitucional. Tanto la APM como los decanos han rechazado las tasas concretas aprobadas por el Gobierno por su elevada cuantía.

De Rosa agregó que junto a las tasas hay que potenciar 'la mediación' para que los ciudadanos puedan utilizar esos mecanismos y evitar acudir a los tribunales de justicia. Por ello cree que el debate 'debe centrarse en las cuantías, que están un poco desfasadas', y ha considerado que esa revisión es posible 'con consenso y negociación'.

En cuanto a las tasas que, a su juicio, deberían revisarse, ha señalado 'algún tipo de recurso que debería aquilatarse', principalmente el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuyo coste se eleva a 1.200 euros.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha destacado que el CGPJ realizará un seguimiento de la ley de tasas que ha entrado este lunes en vigor tras reconocer que pueden existir 'problemas de proporcionalidad' respecto a los ingresos de los justiciables.

En relación con este asunto, durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso Moliner se ha limitado a recordar que el CGPJ ya realizó un informe sobre las mismas, sin siquiera mencionar que dicho documento fue muy crítico con la medida del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón.

Al término de comparecencia, al ser preguntado por este asunto por los periodistas Moliner ha reiterado que no puede opinar sobre un asunto sobre el que ya se pronunció el CGPJ, en cuyo informe se señalaba que la ley 'podía tener problemas en la aplicación en determinados momentos, en determinadas jurisdicciones y con determinadas personas'.

No obstante, ha añadido que el problema es 'de proporcionalidad entre ingresos los ingresos de una persona y la tasa'. Por ello, desde el Consejo se realizará un seguimiento de la aplicación de la ley en los juzgados 'para ver si funciona bien o no y ver que medidas se toman'.

Para Moliner, 'hay que estar a lo que dijo el Tribunal Constitucional', que permitió la posibilidad de que haya tasas, 'siempre que no impidan o dificulten gravemente el acceso a la Justicia'. Por ello, cree que habrá que ver en cada caso como se ha producido y eso los jueces lo dirán, lo tienen que decir ahora los jueces no el Consejo General del Poder Judicial.