El Ministerio de Justicia anunció este martes que ultima una reforma legal para sustituir a los jueces del Registro Civil por registradores de la propiedad, carrera de la función pública a la que pertenece Mariano Rajoy aunque está en excedencia desde hace más de veinte años. Según un comunicado del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, los registradores no cobrarán más retribución por este trabajo.

La nota de prensa se produjo después de que la asociación progresista Jueces para la Democracia emitiera otro comunicado denunciando la inminente 'privatización del Registro Civil, que va a perjudicar a la mayoría de la población y va a beneficiar' a registradores y notarios, que aprovecharán una inversión pública en estas oficinas de 128 millones de euros.

'El Gobierno está preparando el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros', señala la organización en una nota, en la que añade que 'dejarán de ser un servicio público y pasarán a depender de los registradores de la propiedad y de los registradores mercantiles', así como, en determinados trámites, de los notarios. 'Hasta ahora el Registro Civil se concebía como un servicio público de carácter gratuito, financiado con los impuestos de toda la sociedad', señala JpD.

'Con esta reforma los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil a los registradores de la propiedad y a los registradores mercantiles', denuncia.

'Además, serán los notarios los que tramiten y celebren los matrimonios civiles, y los ciudadanos también tendrán que pagar por ello', añade.

Esta privatización se produce, además, después de que 'toda la sociedad haya realizado recientemente un importante esfuerzo económico para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles, con una inversión de unos 128 millones de euros', inversión pública que 'ahora se aprovechará' para una gestión privada, 'con efectos lucrativos para sus gestores', denuncia JpD. 

En su comunicado, el Ministerio de Justicia responde que 'la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública cuando se apruebe el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros en el que trabaja para descongestionar los juzgados y tribunales'.

Añade que la modificación legal unificará todos los Registros, desjudicializando el Civil de acuerdo a lo previsto en la Ley de 21 de julio del Registro Civil, aprobada por el anterior Gobierno, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2014.

En el texto en el que está trabajando el Ministerio figura que el Registro Civil 'quedará en manos de los registradores, que son funcionarios públicos del Estado y que verán de esta forma aumentadas sus funciones tradicionales, pero sin percibir una contraprestación económica por ello. De hecho, el texto prevé que los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos'.

Actualmente, estas gestiones suponen aproximadamente el 60% de las realizadas en el Registro Civil y otro 20% corresponde a trámites de nacionalidad, dice Justicia.

Un millar de registradores de la propiedad ya colaboran con el Ministerio de Justicia para descongestionar las peticiones de nacionalidad que llevaban un retraso de años, lo que provocó un atasco de 400.000 solicitudes y obligó a adoptar esta medida excepcional.

La nota del Ministerio no detalla si el Registro Civil pasará a cobrar una tasa por alguna de las gestiones que realiza, como, por ejemplo, la emisión de una partida de nacimiento, actualmente gratuita, ya que sólo dice que será gratis la inscripción.