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Garzón, un año indefenso a la espera de juicio

El debate en la Sala del 61 sobre Sortu y Bildu retrasa aún más la vista oral de la causa abierta contra el juez por intentar investigar el franquismo

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El juez Baltasar Garzón cumplió este fin de semana un año de suspensión cautelar de funciones. Fue cuando se le abrió juicio oral por incoar la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo. Un año después todavía no hay siquiera fecha para la celebración del juicio por la primera de las tres causas que el Tribunal Supremo abrió contra él.

El principal escollo para que aún no se haya fijado una fecha es, paradójicamente, la recusación que el propio Garzón presentó en diciembre contra cinco de los siete magistrados previstos para juzgarle. Esto es así porque las recusaciones de los presidentes de Sala o de dos o más magistrados de cada una de ellas son resueltas por la Sala prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero esa Sala también se ocupa de la aplicación de la Ley de Partidos y, en los últimos meses, ha estado de plena actualidad precisamente por esa competencia. A ella le correspondió determinar si Sortu podía inscribirse en el Registro de Partidos Políticos y, más recientemente, si la coalición Bildu podía concurrir a las elecciones del próximo 22-M.

La Sala del 61 debe resolver la recusación que presentó Garzón

En ambos casos su respuesta fue negativa para los que pretendían estar en las urnas, pero eso es indiferente. La Sala del 61 debía resolver con urgencia, porque en juego estaban los derechos de participación política tanto de los electores que se decantaran por esa opción política como de los posibles electos que conforman las listas cuestionadas.

De hecho, el Supremo sólo contaba con un par de días para pronunciarse sobre los recursos contencioso-electorales presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las 254 listas de Bildu y otras 19 agrupaciones electorales que también fueron impugnadas.

Y la resolución con la que Garzón quiere apartar a cinco de los siete magistrados previstos para juzgarle por los crímenes del franquismo no tiene esa perentoriedad. Sólo hay que ver que el magistrado de la Audiencia Nacional la planteó en diciembre y todavía la Sala del 61 no ha hecho ningún trámite.

El Supremo fijará el criterio sobre quién tiene que juzgar a los aforados

El magistrado al que se designó instructor el pasado 27 de enero, Julián Sánchez-Melgar, admitió a trámite el incidente de recusación y lo elevó a la Sala del 61 prácticamente un mes después. Pese al tiempo transcurrido desde entonces, la tramitación no ha comenzado. Ni siquiera se ha pedido informe a la Fiscalía del Alto Tribunal.

La Sala del 61 es un pleno reducido del Supremo compuesto por su presidente, Carlos Dívar, los presidentes de las cinco Salas en que se divide el Alto Tribunal y los magistrados más antiguos y más modernos de cada una de ellas.

La de las escuchas de la Gürtel' es la causa contra el juez que más ha avanzado

No se reúne con una periodicidad preestablecida, sino en función del calendario de los 16 magistrados que la forman y, lógicamente, del de las Salas a las que pertenecen. Se rige, además, por la máxima de no mezclar asuntos, sino centrarse en el que entiende más relevante en cada momento hasta resolverlo. Es decir, que mientras coleaban asuntos electorales esa fue su única ocupación.

Y por si fuera poco, para resolver la recusación planteada por Garzón, la Sala deberá variar su composición, porque el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, es uno de los que se pretende apartar del futuro juicio y tendrá que ser sustituido por otro magistrado de lo Penal.

También forma parte de esta Sala el instructor de la causa de las escuchas de la Gürtel, Alberto Jorge Barreiro. Y todavía sigue vivo el caso de Rafael Gimeno-Bayón, cuyo nombramiento como magistrado del Supremo ha sido anulado por la Sala Tercera del Alto Tribunal pero aún no se conoce la sentencia, por lo que participó en las deliberaciones de Bildu, pero podría esperarse a que sea sustituido antes de que la Sala del 61 vuelva a reunirse.

El pronunciamiento que dictará esta Sala no será baladí. De él dependerá el futuro criterio que aplicará el Alto Tribunal a la hora de formar los tribunales que juzgarán a aforados y, en concreto, de las otras dos causas abiertas a Garzón.

Después de la memoria histórica, la causa que se encuentra más avanzada es la de las escuchas de la Gürtel, en la que en los últimos meses se ha acelerado la instrucción y también se le ha abierto juicio oral, lo que le ha supuesto una segunda suspensión de funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el magistrado ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

Esta es también la única de las tres causas abiertas contra Garzón en la que hay acusaciones particulares, las que ejercen los principales imputados del caso Gürtel y un abogado. Un dato que no deja de tener importancia, porque implica que será la única en la que seguro que habrá juicio independientemente de lo que decida el Tribunal Constitucional (TC) al revisar la doctrina Atutxa, que condenó al expresidente del Parlamento vasco por desobediencia.

Si el TC la anulara antes de la celebración de la vista por los crímenes del franquismo o por los cobros en Nueva York, previsiblemente ninguno de esos juicios se consumaría, al estar Garzón sólo acusado por asociaciones no perjudicadas directamente por el delito investigado.

Mientras la Sala del 61 no disponga otra fórmula, el tribunal que juzga en el Supremo lo forman los magistrados que han resuelto los recursos presentados durante la instrucción, lo que la defensa de Garzón entiende que les contamina. Sólo uno de los magistrados recusados por el juez de la Audiencia decidió abstenerse: Joaquín Giménez.

Una decisión que fue muy tenida en cuenta a la hora de que se admitiera a trámite el incidente de recusación y que podría augurar una división en la Sala Especial, parecida a la vivida con Sortu y Bildu.

Mientras los juicios esperan, Garzón se prepara para un nuevo destino: Colombia. Trabajará con la OEA (Organización de los Estados Americanos) en el proceso de paz.