Público
Público

"Garzón nos dijo que prevaleciera el derecho de defensa a cualquier cosa"

El comisario jefe de la UDEF dice que el magistrado les hizo esa advertencia ante las escuchas. Asegura que la 'trama Gürtel' se dedicaba al blanqueo "puro y duro"

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

El comisario José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que dirigió la investigación de la trama 'Gürtel', ha afirmado que el juez Baltasar Garzón les indicó que el derecho de defensa 'prevalecía sobre cualquier cosa' cuando intervinieron las conversaciones en prisión de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.

Así lo ha asegurado Olivera en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el juicio a Garzón por ordenar las escuchas del 'caso Gürtel', en el que ha explicado que durante toda la investigación trabajó en permanente contacto con el instructor y que desde el principio había claros indicios de blanqueo 'puro y duro'.

Olivera, que asumió la dirección de esta Unidad Antifraude desde su creación, ha añadido que las actuaciones delictivas de la trama continuaron tras la detención de su líder Francisco Correa y el testaferro Antoine Sánchez.

Cuando Crespo y Correa nombraron a sus abogados defensores, los agentes advirtieron al juez sobre la posible imputación de algunos de estos letrados -más tardes se les retiraría la imputación--. 'El juez nos dijo que el derecho de defensa debía prevalecer sobre cualquier otra cosa', ha recordao.

A preguntas de la defensa de Garzón, ejercida por el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, ha señalado que la organización tenía el 'ánimo de proteger su patrimonio' tanto en el territorio nacional como en el exterior e incluso inició gestiones con despachos de abogados para que Correa obtuviera la nacionalidad en Argentina o Panamá.

'Desde el principio había claros indicios de blanqueo puro y duro'

Ante la 'actividad frenética' y 'las medidas de seguridad' que llevaban a cabo los miembros de la Gürtel, ha señalado que advirtió al juez instructor del riesgo de fuga existente. De este modo, ha justificado la 'necesidad' de que la grabación de las comunicaciones fuera prorrogada, tal y como ocurrió el 20 de marzo de 2009.

El agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que actuó como 'correa de transmisión' entre el juzgado de Garzón y la cárcel de Soto del Real ha añadido que los funcionarios de prisiones interceptaban las comunicaciones y ofrecían su contenido en Cds a los miembros de la Policía Judicial, que acudían 'dos o tres' días a la semana al centro.

Vicente Maroto, funcionario del Juzgado de Instrucción número 5 y encargado casi en exclusiva de la tramitación del 'caso Gürtel' durante los meses en el que fue  competencia de Garzón, ha recordado las horas previas al dictado del auto por el que se intervinieron las conversaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en prisión. 'Baltasar, Baltasar, hay que hacer algo', dijo al juez la fiscal Anticorrupción Myriam Segura, según este testigo.

El funcionario, el quinto y último testigo en comparecer hoy, ha explicado que trabajaba prácticametne en exclusiva para el asunto de la 'Gürtel' porque 'no tenía tiempo para nada más'.

'Recuerdo que le decía 'Baltasar, hay que hacer algo y tomar una decisión''

Según Maroto, la fiscal Myriam Segura, que suele ser una mujer muy tranquila, se encontraba nerviosa y se movía mucho por el despacho del juez, lo que a él le llamó mucho la atención. 'Recuerdo que le decía al juez 'Baltasar, Baltasar, hay que hacer algo y tomar una decisión', en relación con las visitas que los imputados recibían en la cárcel', y y la necesidad de evitar que se organizara el blanqueo desde la cárcel, ha explicado.

En esta causa se investiga si el juez suspendido de la Audiencia Nacional prevaricó al dictar en febrero y marzo de 2009 los dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones de la trama de corrupción que salpicó a cargos del PP.

El magistrado, conocido universalmente por su lucha contra ETA, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad, tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias. Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.