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Garzón recurre al TC para apartar a Marchena del juicio de las escuchas

El juez reclama al Alto Tribunal que se pronuncie antes del 17 de enero

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El juez Baltasar Garzón no se resigna. Quiere que sea el Tribunal Constitucional (TC) el que decida si el magistrado Manuel Marchena ha visto comprometida su imparcialidad, para formar parte del tribunal que le juzgará por las escuchas del caso Gürtel, por ser, al mismo tiempo, el instructor de la tercera de las causas abiertas en su contra: la del patrocinio de los cursos que impartió en Nueva York.

Consciente de que el tiempo corre en su contra, porque el juicio comienza el próximo día 17, el abogado que le representa en el caso de las escuchas, Francisco Baena Bocanegra, solicita en el recurso de amparo presentado la semana pasada que suspenda la resolución de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que rechazó la recusación de Marchena, sin esperar siquiera a que la impugnación sea admitida a trámite. El auto, cuya suspensión se pide, es el que apartó del juicio a los cinco magistrados que formaron la Sala de Admisión y resolvieron los recursos presentados durante la instrucción del procedimiento.

En esa resolución, la Sala Especial del Supremo rechazó sin discusión por parte de los 15 magistrados que la compusieron la recusación de Marchena, al entender que se había presentado fuera de plazo y que la diferencia entre los dos procesos en los que iba a participar el magistrado (las escuchas de la Gürtel y los cobros de Nueva York) impedían su contaminación.

El recurso alega plantear un problema del Derecho sobre el que 'no hay doctrina precisa del Constitucional' y que debe ser resuelto 'por tratarse de si la garantía relativa a un tribunal imparcial se extiende a los casos de tramitación simultánea y conexa de distintos procesos penales en que intervienen los mismos jueces'. Garzón es el único aforado que se enfrenta simultáneamente a tres procedimientos en el Supremo, lo que, a su juicio, conlleva un 'indicio de vulneración del derecho a un tribunal imparcial'.

La defensa hila este argumento con la necesidad de que el Constitucional se pronuncie sobre el estatuto de los magistrados y sobre su independencia e inamovilidad en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

Para Garzón, la instrucción realizada por Marchena del caso de los cobros se puede definir como 'labor inquisitiva', en la que sus alegaciones han sido rechazadas y la investigación de sus cuentas ha alcanzado a su mujer y al resto de su familia. Además, fue el ponente del auto por el que la Sala Segunda rechazó la abstención de uno de los magistrados de la Sala de Admisión, Perfecto Andrés Ibáñez, que luego quedó apartado del juicio por la Sala del 61 junto a otros cuatro magistrados.

De ahí que la defensa considere que Marchena, cuya 'actitud beligerante' entiende que es 'reveladora de prejuicios', ha formado criterio sobre el fondo del asunto, por lo que 'es de todo punto razonable y ajustado a la razón y al sentido común sostener la existencia en él de una idea preconcebida, acerca del carácter delictivo' de los hechos imputados a Garzón de cara al próximo juicio, y sobre su 'quehacer profesional' y las resoluciones judiciales que dictó en la Audiencia Nacional. Por eso 'recela' de que sea uno de los que le juzgue.