El consejero catalán de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, presentará este martes el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2014, que incluye nuevas tasas acordadas con ERC y también una partida para la consulta soberanista.

Según han informado fuentes republicanas y de la Generalitat, las nuevas tasas figurarán en la ley de acompañamiento a los presupuestos, y son una de las condiciones que ERC ha impuesto al Govern y permitirán recaudar en el próximo año 55 millones de euros.

En total, se crearán una treintena de nuevas tasas que permitirán recaudar ese dinero y se incorporarán otras medidas para ahorrar más de 27 millones, tras un 2013 en el que se han prorrogado las cuentas de 2012.

Entre las nuevas tasas, que figurarán en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público -como oficialmente se llama la ley de acompañamiento-, va a haber un gravamen sobre las centrales nucleares, los pisos vacíos y la contaminación aérea, entre otros conceptos.

Se cobrará entre 15 y 250 euros por tramitar subvenciones en materia cultural, 7 euros por pedir un duplicado de la tarjeta sanitaria, y 35 por agente y hora por los servicios extraordinarios prestados por los Mossos. Otra de las novedades consiste en el pago de la 'euroviñeta' en el Eix Transversal (C-25) por parte de camiones y vehículos pesados.

Además, se aprobarán cambios en el canon del agua que abona la industria, también se incrementarán las tasas que gravan la deposición de residuos municipales y las empresas deberán pagar entre 300 y 800 euros por aquellas mediaciones que haga la Generalitat en un conflicto laboral previo a la vía judicial.

La Generalitat prevé habilitar en los Presupuestos para el próximo año una partida de 15 millones de euros para sufragar el coste que tendría la organización y celebración de una consulta de autodeterminación. Estima que la consulta costaría alrededor de la mitad de lo que cuestan unas elecciones autonómicas convencionales, parte de los cuales se destinarían a comprar urnas.

En las pasadas elecciones se utilizaron unas 8.000, y el Govern estima que deberá comprar urnas, puesto que casi todas las que se utilizan en los comicios autonómicos son propiedad del Estado, aunque el Ejecutivo catalán posee alrededor de unas 200 que utiliza para elecciones sindicales y que ha cedido a entidades cuando así se lo han solicitado.