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El Gobierno abre la puerta a que las CCAA puedan privatizar sus canales

Las comunidades autónomas tendrán que elaborar techos de gasto previos a sus presupuestos autonómicos. Serán sancionadas si incumplen.

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El Consejo de Ministros ha estudiado el anteproyecto de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual que, fundamentalmente, permitirá a las Comunidades Autónomas privatizar las televisiones autonómicas 'para mejorar la gestión de los servicios audiovisuales'.

La Ley de Contratos del Sector Público del Estado ya establece distintas fórmulas para la gestión indirecta de los servicios públicos. En cualquier caso, se salvaguardará 'el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y el correspondiente equilibrio financiero y presupuestario'.

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la medida —que incluirá 'fórmulas de gestión indirectas'—, se adopta para contribuir a que el modo de gestión de las televisiones autonómicas sean más 'eficaces y eficientes', además, y sobre todo, de que los canales sean 'viables'.

Todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit

'El Estado no establece por ley ninguna obligación, no se trata de constreñir el marco de la gestión sino de ampliar la posibilidades que tiene cada comunidad autónoma en el marco de sus estatatus y dentro de sus competencias para decidir libremente cómo gestionan este servicio público si directamente o con fórmulas de gestión indirectas', ha indicado.

La reforma de la Ley Audiovisual ha sido presentada 'con carácter más urgente' porque se trataba de un compromiso electoral del PP, ha señalado la portavoz, pero también porque es una medida 'urgente y necesaria' para garantizar la 'viabilidad' del servicio de televisión público autonómico y 'abrir a las comunidades autónomas otros mecanismos de gestión que coadyuven a la mejora de sus cuentas públicas'.

La vicepresidenta ha recordado que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ya advirtió en su informe al anteproyecto de la Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, que había 'un ausencia legal a la hora de abordar la posible gestión con distintas fórmulas de los canales públicos de televisión autonómica' y una 'necesidad' de que la ley clarificara la posibilidad de utilización de mecanismos o modos de gestión indirectos.

Actualmente, la Ley de Comunicación Audiovisual establece que 'corresponde a las Cortes Generales, los Parlamentos autonómicos, las autoridades audiovisuales competentes y, en su caso, a los órganos de gobierno local, el control de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público'.

Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3% menos que en 2009, lo que supuso un coste neto —compensados con los ingresos publicitarios— por hogar de 152 euros, un 5,6% más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).

En materia económica, el Ejecutivo ha informado de que las comunidades autónomas tendrán que elaborar techos de gasto previos a sus presupuestos autonómicos y someterse a una regla de gasto, y serán sancionadas si no cumplen los objetivos fijados teniendo en cuenta los criterios de 'reincidencia' y la 'gravedad' del incumplimiento.

Se establecerán mecanismos correctores para poder reordenar los déficit con reducciones 'mínimas y obligatorias' en los Presupuestos de las administraciones responsables referenciadas al PIB. 'Son mecanismos de corrección casi automáticos', ha concretado.

Al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional.

La vicepresidenta ha señalado que la intención es garantizar la sostenbilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza en la economía y cumplir con los compromisos ante la UE.

De igual forma, la portavoz del Gobierno ha señalado que los agentes sociales no han cerrado acuerdo alguno en temas clave sobre la reforma laboral. Si ha habido pactos en cuestiones menores, ha reconocido para recordar que disponen de este fin de semana para intentan cerrar un acuerdo. Si no es 'el Gobierno tomará decisiones', ha recalcado Sáenz de Santamaría.

'No se puede seguir destruyendo empleo en una situación económica como la que vivimos', ha dicho como forma de hacer un llamamiento a la 'responsabilidad' de los agentes sociales.

El responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, ha mostrado la 'absoluta disposición' de su organización a conseguir un acuerdo sobre la reforma laboral, pero ha precisado que 'por mucha disposición que haya, en dos días' no da tiempo para pactar un acuerdo que incluya materias de tanta 'enjundia' como la contratación, la negociación colectiva y la flexibilidad interna y externa de las empresas.