La semana próxima, cuando se celebre la Comisión Bilateral Catalunya-Estado en Barcelona, la Generalitat podrá vender ya, en plena precampaña electoral, algunos avances en materia de traspaso de competencias. Tímidos, no obstante. La principal cesión a Catalunya, cuya negociación está más madura, es la de ayudas al estudio. Se trata de las becas que el Gobierno central concede a los alumnos universitarios. Cuando se firme el traspaso, el Ejecutivo catalán podrá determinar los requisitos para poder acceder a esas subvenciones del Estado.

La decisión se ultimó ayer en el Ministerio de Política Territorial, en la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Autonómicos, en la que participaron los tres vicepresidentes María Teresa Fernández de la Vega, Elena Salgado y Manuel Chaves y los ministros de Educación y Justicia, Ángel Gabilondo y Francisco Caamaño. Fue la cumbre preparatoria de la Bilateral, para la que aún no se ha fijado el día definitivo.

Moncloa aprobará 'a corto plazo' la reforma de la Ley del Poder Judicial

La transferencia de becas universitarias fue señalada ayer como uno de los asuntos 'prioritarios' para Catalunya, según afirmó el conseller de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, de ICV. Es una 'reivindicación histórica, pendiente desde hace siete años', recordó, informa Efe.

Sin embargo, la Generalitat juzga igual de 'prioritario' otro traspaso: el de los trenes regionales. La petición se formuló en cuanto se cerró, a finales de 2009, la transferencia del Cercanías de Renfe. Chaves definió esta cesión como uno de los temas en los que es 'más difícil' llegar a un acuerdo, pero en el que espera que pueda 'avanzarse' en la Bilateral. El vicepresidente tercero indicó que aún tiene que constituirse la ponencia técnica, el órgano que primero explora el terreno antes de proceder a la transferencia formal. Desde la conselleria de Saura se asumía ayer que llevará tiempo, porque supone ceder medios materiales y humanos.

La Generalitat pide agilidad en las transferencias pero evitará las críticas

El otro asunto más complejo, y en el que el Gobierno confía en dar un paso adelante, concierne la concreción de las inversiones extraordinarias en infraestructuras, recogidas en la disposición adicional tercera del Estatut. Saura reclamaba ayer un listado de las obras que debe financiar el Estado.

La semana próxima, pues, madurará un poco más la negociación sobre el traspaso de los trenes regionales y el cumplimiento de las inversiones en Catalunya. Y se liquidará a falta de la firma, que compete a la posterior Comisión Mixta de Transferencias la cesión de becas universitarias y de otros tres temas menores: la gestión de las reclamaciones que hagan los ciudadanos sobre tributos cedidos a Catalunya;medios para la conservación de la naturaleza (o sea, fincas y propiedades) y una serie de obras hidráulicas.

Aún queda un tercer paquete. Y nada menor, ya que se ciñe a la reparación del recorte del Estatut operado por el Tribunal Constitucional (TC), para la que Saura exigió ayer activar todos los mecanismos posibles. Chaves destacó que el Gobierno 'ya está estudiando' la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que permitiría la creación de los Consejos de Justicia autonómicos. El tribunal, en su fallo, anuló los preceptos referidos al Consell de Justícia, pues una comunidad no puede legislar una materia objeto de una ley orgánica estatal.

El vicepresidente subrayó que la reforma llegaría al Consejo de Ministros 'a corto plazo', sin fecha fija. Más verde está la resolución de la tachadura que el TC aplicó a la competencia 'exclusiva' del Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges). Una 'posibilidad' sería la firma de un 'convenio' entre el Defensor del Pueblo español y su homólogo catalán.

Para Chaves, la meta es 'profundizar en los aspectos federales del Estado que recogen la Constitución y los estatutos'. Fuentes próximas a Saura eludieron valorar los pasos del Gobierno. Aún queda negociación, alegaron.