La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció este martes en la Comisión Constitucional del Senado para avanzar los próximos pasos del Gobierno. Hizo varios anuncios: el primero fue que los Presupuestos, dada la cifra de déficit y con la recesión llamando a la puerta, serán 'austeros, ajustados y realistas y transformarán radicalmente la forma de gestionar los recursos públicos'.

Se trata, según manifestó la vicepresidenta, de un cambio 'imprescindible por razones económicas, por ética pública' y por respeto al esfuerzo que están realizando los contribuyentes.

La vicepresidenta consideró que no es el momento de 'repartir culpas o poner excusas' por la desviación de dos puntos y medio del déficit público, sino de aprender lecciones del pasado para no repetir los errores y ponerles remedio. Pero después de la de cal llegó la de arena y acusó al PSOE: inmediatamente después recordó que se ha pasado de superávit a déficit en pocos años, y denunció que en 2006 se relajara el control por parte del Estado y que se permitiera a las Comunidades Autónomas que también se relajaran sin lograr impulsar el crecimiento.

Los ingresos han caído y ahora el país no puede permitirse otra cosa que reducir el déficit, según sus palabras, porque el pago de la deuda y de sus intereses absorbe dinero que podría dedicarse a obras públicas o servicios sociales y ahoga el crédito que debería destinarse a empresas y familias.

De ahí la importancia que concedió al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que se aprobará el viernes y que según ella, convertirá 'la regla básica de la economía doméstica, de que no se puede gastar más de lo que se ingresa, en norma legal de obligado cumplimiento para todas las administraciones'. Al mismo tiempo anunció que el Senado tendrá capacidad de veto sobre el techo de gasto que fije el Gobierno.

Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno quiere dotar al Senado de mayor peso político y, para ello, está dispuesto a conceder a la Cámara Alta la capacidad de vetar la cifra de techo de gasto que establezca cada año el Ejecutivo. La vicepresidenta indicó que si el Congreso de los Diputados aprueba el techo de gasto para el conjunto de las administraciones pero el Senado lo rechaza, a partir de ahora el Ejecutivo tendrá que reelaborar una estimación del tope de gasto público. Ese fue otro anuncio. 

Para Santamaría es 'inaceptable' que el Estado se gaste 100 millones de euros en alquileres cuando dispone de 55.000 edificios

Y en esa línea de contener el gasto y de hacerlo más eficiente, hizo otro anuncio ya esbozado hace unas semanas por el ministro de Hacienda: el Gobierno prevé reformar el código penal para para que se pueda castigar con 'inhabilitación' a los políticos que gasten demasiado o cometan una 'grave negligencia' en la gestión de las administrciones públicas. Lo hará en el marco de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que Mariano Rajoy prometió en su discurso de investidura y que el Ejecutivo pretende poner en marcha a partir de abril. 

Sáenz de Santamaría explicó que la nueva legislación incluirá una modificación del Código Penal para tipificar como delito las conductas 'más graves' en las que puedan incurrir los políticos en la gestión de las administraciones públicas. En particular, señaló que esa reforma del Código Penal contemplará penas de 'inhabilitación' para quien gaste en exceso el dinero público, quien cometa una 'grave negligencia' en la gestión o cometa un 'quebranto para la Hacienda Pública'.  

Y un último anuncio también destinado a ahorrar: la puesta en marcha de un plan integral de gestión inmobiliaria tras constatar que la Administración General del Estado dispone de 55.000 edificios y, paradójicamente, se gasta 100 millones de euros en alquileres. Sólo en Madrid el valor del patrimonio inmobiliario alcanza los 500 millones. La vicepresidenta consideró que resulta 'inaceptable' que haya inmuebles a los que no se da ningún uso y defendió la puesta en marcha de un plan integral de gestión del patrimonio.

Este plan establecería pautas homogéneas para la gestión de los 55.000 edificios que el Inventario General de Bienes Inmuebles atribuye a la Administración General del Estado. El programa definirá criterios homogéneos de valoración de bienes, gestión de activos, ocupación de espacios y planificación de proyectos, de obras y de servicios generales de mantenimiento y conservación.