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El Gobierno apura los plazos para retomar la Ley de Transparencia

Presidencia ultima el nuevo anteproyecto para que sea aprobado antes de que acabe el curso

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Tras varios suspensos en el alumbramiento de la futura Ley de Transparencia -un compromiso electoral del PSOE en las dos últimas legislaturas-, el Gobierno se ha propuesto aprobar esta asignatura antes de irse de vacaciones. Por tercera vez. La exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega lo intentó en julio de 2010. Su sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo lo mismo antes de abandonar el Ejecutivo, anunciando el 24 de junio que el Consejo de Ministros daría el visto bueno al anteproyecto en un futuro.

La última fecha que maneja el Gobierno es el próximo viernes si bien no descartan que pase a otra semana, reconocen fuentes del Ministerio de Presidencia. En agosto, el único día que tienen marcado en la Moncloa para celebrar consejo es el 19, aseguran en el Ejecutivo. ¿Verá la luz con Ramón Jaúregui en el Ministerio de Presidencia?

La reactivación de esta futura norma coincide con el protagonismo del Movimiento 15-M, que ha convertido esta exigencia ciudadana en una de sus señas de identidad. En este sentido, el Congreso aprobó por unanimidad el 21 de junio una moción que instaba al Gobierno a presentar esta ley antes de agosto.

El punto de partida de la futura norma sobre el acceso a la información es el borrador que se filtró hace un año. En él, se regulaba este derecho de los ciudadanos, se fijaban los plazos en que la Administración tenía que responder, se establecían los límites al acceso a la información y se señalaba a la Agencia de Protección de Datos como árbitro de la transparencia, en caso de reclamaciones. Sin embargo, explican fuentes del Ejecutivo, se han manejado 'varios borradores y se han introducido nuevas aportaciones', por lo que será posible hablar de un nuevo proyecto.

La finalidad que persigue la futura ley es modernizar el Estado, subrayan fuentes del Gobierno, que resaltan las dificultades que entraña dar garantías a los ciudadanos de que tendrán acceso a la información que soliciten. 'Los ciudadanos tienen derecho a la información y las administraciones tienen la obligación de informar', admiten las citadas fuentes.

No obstante, este ejercicio está regulado en casi todo el mundo y desde hace muchos años. Los países escandinavos lideraron este ejercicio de transparencia. El derecho a la información pública en Suecia, por ejemplo, data de 1776; en Finlandia, está regulado desde 1970; y en Dinamarca, desde el año 2000. En Estados Unidos, el Acta Federal de Libertad de Información se remonta a 1966.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universisad de Sevilla Emilio Guichot, que presentó ayer en la Fundación Alternativas el documento Transparencia y acceso a la información pública: análisis y propuestas legislativas, asegura que a estas leyes se llega 'a través de una conjunción de fuerzas', del trabajo de ONG, académicos y periodistas, que convergen en un escenario político.

Guichot puso de relieve que 'las normas de transparencia política se aprueban en momentos de debilidad política del partido que gobierna o en momento de crisis institucional generalizada'. Y en esa tesitura, apostilló, se encuentra España. De una parte porque la Coalición Pro Acceso -que agrupa a 29 ONG comprometidas con el derecho a la información pública- está actuando como lobby. Y de otra, porque se está produciendo un 'impulso político para la transparencia'.

Ahora bien, remarca, este empujón no lo dan los Gobiernos voluntariamente porque la transparencia es vista como 'una amenaza'. Guichot cree que en el retraso ha pesado, además de esos temores, 'la carga excesiva de trabajo que supone dar información en un plazo de 15-30 días, así como la prioridad del Ejecutivo en economía.