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El Gobierno catalán endurece el acceso al subsidio mínimo

Aprobado el decreto que limita las ayudas pese a las advertencias del Tercer Sector

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El Gobierno catalán ha optado por hacer caso omiso de las advertencias del Tercer Sector el formado por ONG y entidades sin ánimo de lucro y aprobó un decreto para endurecer las condiciones para poder acceder a la Renda Mínima de Inserción (RMI). Con las nuevas restricciones del Ejecutivo de CiU, casi la mitad de los 34.000 perceptores actuales quedarán excluidos de la ayuda.

Entidades sociales y trabajadores del sector llevan semanas intentando evitar la aprobación del decreto, alertando de que endurecer las condiciones de acceso a la RMI supone una condena para miles de familias castigadas por el paro y la crisis. 'Quisiéramos que el Govern diera marcha atrás. Hace falta cautela, prudencia y reflexión para emprender modificaciones en torno al subsidio mínimo. Es necesaria una reforma profunda para adaptar la RMI a las necesidades actuales y no un endurecimiento de las condiciones para ahorrar dinero', asegura el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Toni Codina.

El decreto excluye de la RMI todas aquellas personas que hayan perdido su trabajo o han agotado la prestación por desempleo y no tengan riesgo de exclusión social. '¿Qué hará toda esa gente? Los están condenando a la miseria y el hambre ', lamenta la portavoz de los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Marga Olalla. En la misma línea, ERC preguntó al Gobierno qué piensa hacer con las 400.000 personas que se quedarán sin paro ni RMI en los próximos meses. 'Con un desempleo del 20% y una destrucción de trabajo, no se puede excluir a estas personas de la RMI', dijo la portavoz parlamentaria de ERC, Anna Simó.

Las solicitudes para acceder al subsidio mínimo se han triplicado

En los últimos meses, las solicitudes para acceder al subsidio mínimo se han triplicado, aumento que no pueden asumir los presupuestos de la Generalitat, marcados por el ahorro y los recortes. Entre las nuevas condiciones también destaca la obligatoriedad de demostrar dos años de residencia en Catalunya, lo que dificulta el acceso de los inmigrantes y la limitación de las prestaciones a 640 euros. La RMI tampoco se podrá cobrar durante más de 60 meses hasta ahora no tenía limitación temporal ni podrán acceder a ella los menores de 25 años excepto en casos muy concretos.

Los trabajadores sociales lamentan que el Gobierno catalán haya aprobado el decreto sin tener en cuenta la vertiente social y humana. 'Las nuevas condiciones marginan miles de personas y las deja sin alternativas. La RMI se había convertido en la única y última subsistencia para aquellos que han agotado todas las prestaciones de desempleo', explica Olalla.

El portavoz del ejecutivo catalán, Francesc Homs, afirmó que se ha adoptado esta decisión 'para que no se desvirtúe el origen de la RMI, que no sea una paga de los que pierden la prestación del paro'. El Govern ha reiterado, por boca de los dos consellers implicados Josep Lluís Cleries (Bienestar Social y Familia) y Francesc Xavier Mena (Empresa y Ocupación) que tomaba estas medidas para luchar contra el fraude y para acabar con la 'desincentivación' que la ayuda supone a la hora de buscar trabajo.

Homs hizo una 'valoración positiva' de la comparecencia de Mena el pasado viernes, en la que caricaturizó al colectivo de perceptores refiriendo, sin datos, sus viajes, sus gastos superfluos, su aceptable posición económica, o el hecho de que algunos ya estén muertos o que hacen 'donaciones a ONG'.