Control a los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Es uno de los objetivos del Gobierno y así se especifica en el Plan Integral de Lucha Contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que hoy se presenta en el Consejo de Ministros. La normativa incluye una medida concreta cuyo objetivo es promover el control de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación, según pudo saber ayer este periódico.

El Gobierno no planteará específicamente a la prensa escrita que retire de sus páginas los anuncios de prostitución, tal y como recomendó la comisión parlamentaria que el año pasado realizó un informe sobre la prostitución en España. Pero sí sugerirá a los responsables de estos medios que tengan en cuenta que estos anuncios provienen en gran medida de las redes de explotación sexual.

La intención del Ejecutivo es que, al igual que se ha pedido a los medios que se autorregulen para tratar adecuadamente las noticias de violencia de género, hagan una reflexión parecida acerca de la publicidad sobre la prostitución. El objetivo es que los medios se piensen dos veces la inserción de este tipo de publicidad y que, si deciden mantenerla, sean conscientes de que el 80% de las mujeres que se anuncian son víctimas de la trata, explicaron fuentes consultadas por este diario.

Público sí asumió la propuesta parlamentaria y desde su primer número renunció de forma expresa a la publicación de este tipo de anuncios. Este periódico junto con el gratuito 20 Minutos son los únicos de difusión nacional que rechazan incluir esta publicidad.

Según recogió el informe que elaboró la comisión parlamentaria, 'la prensa de nuestro país obtiene importantes ingresos de la publicidad de la prostitución'. El dossier ofrecía cifras concretas: 'Las ediciones de los cuatro principales periódicos generalistas, en un día laboral, recogen un número de anuncios considerable (El País, 702, El Mundo, 672, ABC, 225, y La Razón, 91)'. El rotativo con mayo tirada, El País, ingresa unos cinco millones de euros anuales por esta publicidad, según el estudio parlamentario.

Con la inclusión de la medida para acabar con los anuncios de contactos en el plan definitivo, el Gobierno modifica el borrador presentado el pasado septiembre, donde no se hacía ninguna referencia al tema. La propia ministra de Igualdad señaló durante la presentación su rechazoa este tipo de publicidad. 'No estoy de acuerdo con ellos [los anuncios de prostitución], no me gustan, pero es algo de lo que hablaremos más adelante', afirmó.

El plan que llega hoy al Consejo de Ministros está previsto que entre en vigor el próximo 1 de enero y tiene un tiempo de aplicación de tres años. Va acompañado de una memoria económica con un presupuesto que cada ministerio ya ha incluido en los gastos del año que viene. Así, por ejemplo, el de Igualdad destina dos millones de euros a la atención de las mujeres afectadas, 'porque en definitiva el objetivo principal del plan es dar protección a las víctimas de estas redes que están en situación irregular, según fuentes consultadas por este periódico.

El texto definitivo mantiene prácticamente intactas el resto de medidas incluidas en el borrador entregado a asociaciones y ONG hace dos meses. De esta manera, el plan establece un plazo de al menos 30 días para que las víctimas de estas redes reflexionen sobre si quieren o no denunciar a las mafias. Sin embargo, las mismas fuentes matizaron que no se trata de un plazo fijo, sino 'que se estudiará cada caso de forma individualizada y si se necesita ampliarlo se hará'.

Durante este periodo de reflexión, las víctimas de las redes tendrán garantizada asistencia social y letrada, tanto si deciden denunciar a sus explotadores o no. Pasado ese tiempo, aquellas víctimas que rechacen presentar una denuncia no podrán acogerse a las medidas de ayuda e inserción también incluidas en el plan. Asimismo, el texto recoge iniciativas para que desde la Administración se agilicen los trámites a la hora de normalizar la situación de las víctimas sin papeles.

La intención del Gobierno es que no sólo se dé protección a las víctimas sino que también se pongan en marcha medidas de prevención. Por este motivo, algunas de ellas se orientan a sensibilizar a las víctimas potenciales en los países de origen. Según datos que maneja el Gobierno, la mayoría de ellas procede de Colombia, República Dominicana, Brasil, Nigeria, Rusia, Ucrania Rumanía y Bulgaria.