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El Gobierno deja en el aire el futuro del Consejo Audiovisual

No se ha constituido seis meses después de su aprobación por el Congreso

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El Gobierno mantiene en el aire la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), cuya puesta en marcha se recoge en la Ley General Audiovisual, aprobada por el Congreso el pasado 18 de marzo, tras seis años de trabajosa negociación política y de intentar conciliar los intereses de los principales afectados: televisiones y radios públicas y privadas.

El CEMA debía ser el organismo público encargado de supervisar los contenidos audiovisuales y sancionar a los operadores cuando estos rebasen las fronteras de la ley, pero no verá la luz esta legislatura, según admiten a Público fuentes del Grupo Socialista, aunque desde el Ejecutivo matizan este pronóstico. Razones 'operativas' han movido al Gobierno a retrasar su puesta en marcha, según justifican.

El Grupo Socialista admite que no verá la luz en esta legislatura

Adscrito al Ministerio de la Presidencia, su nuevo titular, Ramón Jáuregui, ha heredado esta asignatura pendiente de manos de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, impulsora de la ambiciosa regulación del sector audiovisual acometida por el Gobierno en los últimos años.

La creación del CEMA requiere un decreto que desarrolle su puesta en marcha, que aún no está redactado. Su constitución precisa también el abono de una negociación política para designar a sus integrantes en la que ninguno de los partidos mayoritarios ha dado hasta ahora paso alguno. El PP, porque rechaza su puesta en marcha, y el PSOE porque, seis meses después de su aprobación, entiende que abrir esta batalla le reportaría más inconvenientes que ventajas en el umbral de la campaña electoral permanente que será el último tramo de la legislatura, a cuenta de la etiqueta de 'órgano censor' que cuelgan al Consejo sus detractores.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, apuntan otra explicación para asegurar que la puesta en marcha del CEMA 'no está congelada, ni paralizada' a pesar del evidente retraso. Fuentes del Gobierno con el máximo mando en materia audiovisual condicionan su arranque a la aprobación del capítulo de la Ley de Economía Sostenible (LES) con el que el Gobierno quiere unificar la composición de los diferentes órganos supervisores, dispar en la actualidad: 12 miembros tiene el Consejo de RTVE, nueve la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional de la Energía.

El Ejecutivo niega oficialmente que el proyecto esté enterrado

Inicialmente, el Ejecutivo pretendía reducir el número de miembros de todos los reguladores a cinco. Para facilitar el acuerdo parlamentario y sintonizarlos con la pluralidad del Congreso, el Gobierno plantea ahora elevar ese número a siete. El CEMA, tal y como fue aprobado, contaría con nueve integrantes. Hasta que no se concrete este punto, señalan las fuentes consultadas, no se pondrá en marcha el Consejo.

Por otro lado, el Gobierno es consciente de que la función de policía del espectro audiovisual que otorga al CEMA la Ley General Audiovisual genera un fuerte rechazo en el PP. Esta misión, que según los conservadores corresponde a la CMT, se refuerza en la nueva ley con un amplio catálogo de fuertes sanciones económicas que puede imponer el Consejo. Con multas de hasta un millón de euros para las infracciones más graves en el caso de las televisiones y de 200.000 en el de las radios, el CEMA se propone castigar, por ejemplo, 'la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social'.

Basta improvisar un recorrido por los excesos verbales de algunos medios adscritos a la derecha extrema para comprobar que contenidos como los que repudia el CEMA son algo más que una excepción en sus parrillas. Aún así, de momento no habrá freno en forma de multa, por el retraso del Ejecutivo a la hora de colgar el cascabel de las sanciones al gato de los insultos.

La conservadora Asociación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) denunciaba hace unos días en un comunicado la laxitud del Gobierno a la hora de arrancar el funcionamiento del CEMA. La patronal de las televisiones privadas, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), recordaba al nuevo vicepresidente primero, días después de que tomara posesión, que 'la constitución del Consejo es uno de los asuntos pendientes' en el sector televisivo que recibe Alfredo Pérez Rubalcaba de manos de su antecesora.

La Ley General Audiovisual se aprobó con los votos favorables del PSOE, CiU y Coalición Canaria. El PNV se abstuvo y la izquierda minoritaria y el PP votaron en contra. Miguel Ángel Cortés, ponente conservador en el debate final del proyecto en el Congreso, calificóel CEMA de 'órgano innecesario y dañino'.

'Es un empeño personal de la ex vicepresidenta De la Vega. Es un órgano básicamente censor y controlador', denuncia Cortés. 'Las limitaciones a la libertad de expresión por la vía de las amenazas son indeseables, y por lo tanto, el CEMA nunca debería existir', concluye el diputado conservador, que rechaza también su impacto presupuestario, que estima superior a diez millones de euros.

El PP no ha mantenido ningún contacto con el PSOE para abordar la puesta en marcha del CEMA. El Grupo Socialista tampoco ha convocado al primer partido de la oposición a discutir el futuro de este organismo ahora en el aire. Entienden que no sería fácil, dada la oposición frontal de los conservadores, que reclaman una modificación de la Ley General Audiovisual que suprima la existencia del CEMA y ceda sus competencias a la CMT.

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