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El Gobierno estudia que la fiscalía instruya los procesos penales

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, cambiará y, según el ministro de Justicia, evitará las instrucciones generales, "que no han dado resultado en la democracia"

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El Gobierno trabaja para que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim), —en vigor desde 1882— que dará al fiscal la dirección de la investigación en el proceso penal, sea aprobada lo antes posibles e incluso pueda ver la luz antes de que concluya esta legislatura, aunque antepondrá el consenso de las fuerzas políticas.

Así se desprende de las declaraciones que ha realizado hoy en rueda de prensa el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha recordado que ya anunció el mes pasado en el Congreso que existía un borrador consolidado de trabajo y ha recalcado que no es todavía un anteproyecto de ley y aún queda 'mucho trecho' que perfilar.

No obstante, el ministro, que en los últimos meses ha ido adelantando algunos detalles de la reforma, ha confirmado que el borrador se encuentra en 'fase de deliberación final' y ha confiado en que el Consejo de Ministros pueda enviarlo al parlamento lo antes posible.

Tras señalar que 'todavía hay algún tiempo de legislatura' para trabajar en ese texto legal, Caamaño ha asegurado que ante una reforma completa de la LECRim, como la que está en estudio, el Gobierno pone 'por delante' la búsqueda de consenso y acuerdo.

El ministro ha confirmado que el borrador está en 'fase de liberación liberal'

'Eso nos llevará los tiempos que nos tenga que llevar, pero queremos una ley mayoritariamente consensuada en el Congreso y el Senado para que sea estable y existan elementos comunes pactados por todos en el proceso penal', ha dicho.

La novedad más importante en esta reforma de la LECrim es que la investigación 'sustancial' recaerá en manos del fiscal, aunque, como ha subrayado Caamaño, se refuerza también la posición de los jueces como garantes del proceso, al establecer un juez de garantías, un juez de control en la audiencia preliminar y, por último, el juez que juzgará en el juicio.

El titular de Justicia ha explicado que el proyecto responde a la necesidad de establecer en nuestro país un proceso penal similar al que existe en otras democracias de nuestro entorno, y que su principal objetivo es aumentar las garantías judiciales.

La reforma incluiría las figuras del juez de garantías y el juez de la audiencia preliminar

Otra de las novedades del proyecto, dentro de ese objetivo de reforzar los derechos y las garantías de los ciudadanos en el proceso judicial, es la desaparición de la figura del imputado.

'Evitaremos las instrucciones generales, cuestiones que no han dado resultado a lo largo de estos treinta años de democracia a pesar de las adaptaciones que hemos hecho de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal', ha dicho Caamaño, que ha rehusado dar más detalles de la reforma, que aún no ha llegado al Consejo de Ministros, que es quien toma la última decisión.

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) considera que, por falta de apoyos parlamentarios, la reforma de la LECrim no podrá salir adelante.

No obstante, JpD hace una llamada a la responsabilidad para que, al menos, las partes del texto que regulan las fuentes y medios de prueba y sus condiciones de admisibilidad, validez y eficacia sean objeto de una tramitación parlamentaria urgente para su aprobación inmediata.

Jueces para la Democracia considera oportuno reformar la LECrim, que data de 1882, y cree que los cambios previstos suponen un 'evidente avance en materia de garantías procesales', ya que regula con detalle los medios de investigación, las medidas cautelares y el estatuto de la defensa, reconociendo el papel central que las personas investigadas y acusadas tienen en el proceso.

Otras novedades que JpD valora 'muy positivamente' es que se introducen las figuras del juez de garantías y el juez de la audiencia preliminar, en términos similares a otros ordenamientos de nuestro entorno, atribuyendo la investigación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y al Ministerio Fiscal, bajo la salvaguarda del juez de garantías.