Público
Público

El Gobierno exige al PP que no cuestione las cuentas públicas

"Podía hacer algo para generar confianza", apremia Zapatero a Rajoy. Salgado pide personalmente al líder del PP que cese su ataque a las cuentas autonómicas

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

La tensión desatada por el Partido Popular al cuestionar la solidez de las cuentas públicas de las comunidades autónomas en las que gracias al resultado de las elecciones del 22-M va a desplazar del poder al PSOE, fue el centro de atención durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados que ayer tuvieron que hacer frente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus tres vicepresidentes.

El Ejecutivo exigió a los conservadores que frenen esta ofensiva. La víctima del ataque, coinciden sus miembros, no es el PSOE o el Gobierno, sino la credibilidad de España ante los ojos siempre atentos de los mercados financieros. En el fondo se ubica el concepto de patriotismo que invoca de forma recurrente Zapatero, contrapuesto al de 'hojalata' que el jefe del Ejecutivo cuelga en ocasiones en el medallero del líder del PP.

Rajoy promete a Salgado 'lealtad', pero el PP persevera en sus acusaciones

'Señor [Mariano] Rajoy, hablando de confianza y después de lo que hemos oído y visto estos días, usted podía hacer algo o, al menos, la mayoría de los miembros de su partido, por generar confianza sobre España, sobre la economía española en las instituciones en el exterior', apremió el presidente del Gobierno al jefe de la oposición en su cara a cara semanal. 'Confianza y crédito', acababa de reclamar, precisamente, el líder del PP a Zapatero. Ambos habían conversado el domingo por teléfono, cuando el presidente le consultó la conveniencia de anticipar a finales de junio el debate sobre el estado de la nación. Rajoy se mostró de acuerdo, pero ese día aún no había estallado con virulencia la controversia desatada por el PP.

Zapatero no fue el único en lidiar desde su escaño contra la ofensiva conservadora: 'Verá, lo que a usted le molesta de mí y por lo que saca a sus educados portavoces cuando hablo es que digo lo que no quieren oír', respondió el número dos del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la portavoz conservadora. Como ejemplo, Rubalcaba apeló, precisamente, al territorio salpicado por las 'disparatadas' dudas de un PP que 'compara Castilla-La Mancha con Grecia'. '¡Mira que les gusta a ustedes Grecia!', reprochó el vicepresidente a Soraya Sáenz de Santamaría.

'Piensen alguna vez en el interés general', animó a las filas del PP. 'Piensen, de verdad que no hace daño a nadie', insistió desde su escaño junto a Rodríguez Zapatero, que asentía con la cabeza.

Chaves acusa a los conservadores de buscar 'excusas' para futuros recortes

En paralelo a este cruce dialéctico, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, desveló en los pasillos de la Cámara una segunda línea de actuación más discreta. Una 'larga' conversación telefónica que mantuvo el martes con Mariano Rajoy, en la que le pidió que el PP refrene sus recelos contra las cuentas públicas autonómicas y detenga la escalada de acusaciones que se han cebado con Castilla-La Mancha.

En un encuentro con periodistas, tan informal como buscado, Salgado aseguró que Rajoy le prometió trabajar 'conjuntamente' contra el déficit y le garantizó 'lealtad', aunque se sirvió del discurso a sus dirigentes del pasado lunes, en el que invitó al Gobierno a hablar 'a calzón quitado' con las autonomías sobre sus cuentas.

En esta conversación, sobre la que el PP evitó ofrecer su versión, Salgado aseguró a Rajoy que el Ejecutivo 'ha sido transparente y tiene credibilidad', de modo que no hay razón alguna para 'cuestionar' las cuentas públicas, ser 'alarmistas sin base' y 'abrir un debate innecesario' cuyos efectos pueden ser letales en los mercados y en la UE.

Los colaboradores de Rajoy, sin embargo, defienden que ofrecer cooperación no está reñido con denunciar la situación. Y reconocen que Rajoy trasladó a Salgado su preocupación por la reducción de los ingresos.

En cualquier caso, el compromiso de 'lealtad' ofrecido supuestamente por Rajoy se desvaneció en pocas horas. Dentro del hemiciclo, Salgado tuvo ocasión de comprobar su fugacidad cuando el coordinador de Economía del PP, Álvaro Nadal, urgió al Gobierno a hacer un esfuerzo adicional para recortar el déficit de las autonomías 'porque hay dudas sobre esas cifras'.

En la misma dirección que Rubalcaba y Salgado, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, acusó al PP de organizar un 'indecente festival a costa del traspaso de poderes a los nuevos Ejecutivos autonómicos' y aseguró que los territorios gobernados por los conservadores son 'los más endeudados, con más altos cargos, sueldos más altos y más opacidad'. 'Esos no los tocan', recriminó al PP.

Acusando recibo de la exigencia del partido conservador de celebrar una Conferencia de Presidentes en la que se visibilice su reforzado poder territorial, Chaves reprochó al PP que intente emplear este foro como 'coartada y excusa' para plantear ajustes de servicios públicos esenciales cuya gestión está en manos exclusivas de las autonomías.

El responsable de Política Territorial del Ejecutivo retó a los conservadores a aclarar sus intenciones: 'Digan ustedes si van a recortar o no, tengan la valentía de decírselo al pueblo español. Lo contrario es una deslealtad institucional y una irresponsabilidad ante los propios ciudadanos'.

Todo fue inútil. El PP repitió su argumentario con artillería pesada: 'El Gobierno socialista es el responsable del endeudamiento masivo de las administraciones'. Por lo visto, de la de todas, incluso de aquellas que manejan los conservadores desde hace varias legislaturas, como el País Valencià o Murcia.

Lejos de rebajar el tono, la dirección conservadora insistió en que la culpa es del Gobierno por tres razones: porque eliminó en 2006 el techo de gasto que el PP había asegurado por ley en 2001 y que obligaba a mantener el déficit cero; porque, en consecuencia, la deuda autonómica se ha duplicado entre 2005 y 2010 ha aumentado en casi 60.000 millones y porque eliminó en 2011 el control del límite de gasto no financiero del Estado respecto al de las autonomías y ayuntamientos.