'La voluntad y determinación del Gobierno es cumplir con su compromiso de déficit', dijo nada más comparecer en rueda de prensa la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tal y como expli-có, es una medida 'clave e imprescindible' para volver a crear empleo. Y se debe complementar con 'las reformas estructurales' que para el 18 de febrero ya estarán listas.

Fue la forma en la que desmintió a su compañero Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Este había comentado en un diario económico alemán, el Financial Times Deutschland, que no está muy seguro de que España pudiera cumplir el objetivo del 4,4% para 2012 porque esta cifra se basa en predicciones de crecimiento 'obsoletas' hechas durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Rajoy no quiso una vicepresidencia económica y ahora afronta la polémica

En el PP trataron de justificar a Montoro. Sostuvieron que lo había defendido pensando en que si Europa entra en recesión tal vez se replanteen las cifras. Santamaría aseguró que si las circunstancias se agravan y se presenta un escenario tan negro para nuestro país como el que baraja el Fondo Monetario Internacional habrá 'más reformas' y se trabajará 'con mayor rigor y esfuerzo'. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, siempre ha sostenido que cumplir el déficit es uno de los objetivos 'irrenunciables'. Desde Hacienda se apresuraron a matizar las declaraciones de su titular recurriendo a este mismo argumento.

Las palabras de Montoro cada vez incomodan más en el Partido Popular. Esta formación siempre denunció en la oposición las 'contradicciones' en las que incurrían los socialistas y ahora son ellos los que están cayendo en el mismo error. Montoro lleva toda esta semana copando titulares por anunciar sanciones penales para los gestores que incumplan y gasten más de lo que ingresan. Y este viernes, cuando esa tormenta parecía remitir, estalló una nueva al generar dudas donde no debían existir.

Sáenz de Santamaría también quiso aclarar este asunto. Explicó en repetidas ocasiones que lo primero que desea el Ejecutivo es 'fijar con precisión' un conjunto de 'obligaciones legales' que deberán cumplir los cargos públicos y se revisará el sistema sancionador para 'intensificar y fortalecer' la respuesta penal a los casos 'de dolo acreditado o gran culpa'.

La vicepresidenta prefiere hablar de inhabilitación antes que de cárcel

Además, contó que esto se hará, por un lado, a través de la futura Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, pero también en una Ley de Transparencia, acceso a los documentos y buen gobierno.

La vicepresidenta dijo que se determinará qué incumplimientos deben ser objeto de 'un reproche administrativo o contable' y cuáles 'por su gravedad' responderán a una sanción penal. Admitió que ya 'existe' esto último ante deter-minados comportamientos pero que el Gobierno está 'trabajando para intensificar y fortalecer' esta respuesta. Para ello será necesario una serie de reformas y en el caso del Código Penal, una ley orgánica.

Al hablar de este asunto, un periodista quiso saber si todo ello puede significar que un barón autonómico o alcalde que haya dejado un agujero en las cuentas pueda terminar en la cárcel. En el PP no han pensado llegar tan lejos. Sáenz de Santamaría apuntó que había 'gran variedad de penas' y resaltó que entre ellas hay 'algunas muy adecuadas' como 'la inhabilitación'. También descartó que el castigo a los despilfarradores se pueda aplicar con carácter 'retroactivo', como sugirió el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.

'La determinación del Gobierno es cumplir el déficit', dice Santamaría

Durante su comparecencia, Santamaría también tuvo que salir al paso de las declaraciones del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que apostó por el contrato único en una tribuna en The Wall Street Journal.

Actualmente, hay casi medio centenar de contratos distintos, según las especificidades del empleado (sexo, edad, condición física, entre otros) y el tipo de labor a desempeñar. Se pueden englobar bajo tres grandes grupos con varias tipologías específicas: los temporales (en prácticas; para formación; por obra; eventual; interinidad; temporal de inserción); los de duración indefinida (indefinido; fomento del empleo; los acogidos al programa de 2006; para discapacitados); y los transformados en indefinidos de los contratos de relevo, formativos y de sustitución); y los mixtos (el fijo-discontinuo); el de tiempo parcial; el de sustitución; el de relevo; o el de trabajo de grupo. Las características del empleado están ligadas en muchos casos a bonificaciones en las cuotas empresariales, lo que explica que existan múltiples modalidades de contratos.

La dirigente conservadora no corrigió a De Guindos ni aclaró lo que hará el Gobierno. Saénz de Santamaría se limitó a señalar, una vez tras otra, que la reforma laboral que apruebe el Ejecutivo incluirá una 'simplificación en el número de contratos' y se buscará la 'estabilidad' laboral. 'En España lo que necesitamos es que se celebren muchos contratos de trabajo', mantuvo. Y lamentó que ya se utiliza un 'único contrato', el temporal, que, según dijo, tras la última medida aprobada, se encadena de forma indefinida.

Sobre la negociación entre los agentes sociales, recordó que el pasado domingo acabó el plazo con 'un acuerdo insuficiente' y que, por lo tanto, el Gobierno llevará a cabo su propia reforma 'que abordará aspectos claves y troncales' como es el de la negociación colectiva. Esta se aprobará próximamente. Muchos esperaban que su informe se viera este viernes pero finalmente no fue así, aunque el PP lleva hablando desde hace tiempo en ello. Muchos dirigentes conservadores pensaban que el próximo día 30 Rajoy iba a acudir a Bruselas con esa noticia bajo el brazo. Santamaría recordó que no llevan trabajando ni un mes y que quieren tenerlo todo 'bien cerrado y pensado' para 'evitar que hoy se presente una que no funcione y mañana se haga otra y otra y sucesivos decretos leyes' que es lo que, en su opinión, se ha vivido 'en los últimos años'.

Para que no se repita esa situación, ella trató este viernes de unificar por todos los medios el mensaje. Le preguntaron entonces si uno se podía fiar de lo que decían Montoro o De Guindos. 'Yo no hago valoraciones. Yo aquí traslado lo que son posiciones del Gobierno', destacó elevando mucho su ceja izquierda .

Sáenz de Santamaría ha tenido que poner orden en el área económica. Rajoy no quiso dar a Montoro ni a De Guindos la vicepresidencia económica para no favorecer a ninguno de ellos. Decidió hacerse cargo de la crisis económica y ponerse al frente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Ahora puede que, ante las polémicas que se van generando día tras día, se plantee si acertó o no. La vicepresidenta dijo también que el Ejecutivo ve 'con preocupación' las noticias sobre una hipotética suspensión de pagos por parte de la Junta de Andalucía, algo que no dice del País Valencià una de las comunidades más endeudadas del PP.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, garantizó este viernes en RNE que la Administración autonómica está 'pagando' y no ha pedido 'ayuda al Tesoro'.

Al Gobierno andaluz no le sentó nada bien su afirmación. Así lo expresaron tanto la consejera de Presidencia, Mar Moreno, como el presidente, José Antonio Griñán, quienes criticaron que la vice-presidenta haga declaraciones no con 'el escudo de España detrás', sino con 'la gaviota del PP'. Esta vez, el mosqueo no se quedó en una pataleta ante los medios sino que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, envió una queja formal por carta a Montoro y le instó a mantener una reunión 'con carácter de urgencia para tratar este gravísimo asunto', informa Raúl Bocanegra.

En la misiva, según pudo conocer Público, no se ahorraron términos gruesos para expresar el enfado. La Junta lo tachó de 'deslealtad institucional' con el fin de 'defenestrar la imagen' del Gobierno autonómico. Y avisa al ministro de Hacienda de 'la situación de extrema vulnerabilidad' en la que se ha dejado a la Junta 'frente a los mercados financieros, las agencias de rating y la ciudadanía en general'.

'Las consecuencias que pueden acarrear para Andalucía unas declaraciones de tal calado son imprevisibles. Además de provocar una importante alarma social confundirán a los mercados y cerrar el acceso al crédito con las consecuencias de liquidez', agrega la carta. Para Griñán, la vicepresidenta sabe que lo que ha dicho es 'mentira' pero cree que está 'presionada por la inminencia de las elecciones andaluzas'.