En una decisión sin precedentes, el Gobierno se vio obligado a recurrir ayer a la declaración del estado de alarma, uno de los instrumentos recogidos por la Constitución para situaciones de especial gravedad, para redoblar el pulso planteado por los controladores aéreos y desbloquear la grave crisis provocada por su paro encubierto. Desde el inicio del plante a las 17.00 horas del viernes hasta las 21.00 horas de ayer se habían suspendido 4.309 vuelos y había 640.000 afectados sólo en España, según Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), que reabrió el espacio aéreo a las 15.00 horas.

Los últimos datos de Aena pasadas las 23 horas era que los aeropuertos habían recuperado su 'plena capacidad operativa', por lo que finalmente operaron en España un total de 412 vuelos de los 3.420 programados. Fuentes del gestor aeroportuario informaron de que el relevo en el turno de noche se realizó con 'total normalidad' y que todos los controladores asignados al turno estaban en sus puestos de trabajo.

El estado de alarma fue aprobado por real decreto en un Consejo de Ministros extraordinario, y pocas horas después de que el Ejecutivo hubiera autorizado la militarización del control aéreo, utilizando una prerrogativa aprobada esa misma mañana mediante otro decreto. La combinación de ambas medidas tuvo efectos inmediatos: logró hacer volver a los controladores a sus puestos de trabajo e hizo posible que en torno a las 14.30 horas, menos de dos horas después de la publicación del real decreto del estado de alarma, Aena reabriera el espacio aéreo.

Rubalcaba: 'Esto no va a volver a pasar, ni en Navidad ni después'

La aprobación del estado de alarma, que el Gobierno justificó en el propio texto del decreto por la existencia de 'una calamidad pública de enorme magnitud', supuso convertir de un plumazo a los controladores en 'personal militar', sujeto, por tanto, a las órdenes de los militares. En consecuencia, como explicó el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, 'en caso de no asistir al trabajo, los controladores estarían incurriendo en delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar', que está penado con hasta dos años de prisión.

Al mismo tiempo, el plante de los controladores, hasta la entrada en vigor del estado de alarma, donde la competente es la jurisdicción militar, podría ser constitutivo del delito de sedición previsto en la Ley Penal de Navegación Aérea de 1964, con penas de hasta ocho años de prisión. Según indicaron a Público fuentes del Ministerio de Fomento, se estudiará caso por caso la actitud de los controladores para abrir expedientes sancionadores y establecer las sanciones que correspondan. En este sentido, Rubalcaba dejó claro a última hora de la tarde que se van a exigir responsabilidades por los 'sucesos gravísimos' y el daño provocado a los usuarios, a los sectores económicos implicados se calcula un impacto de al menos 250 millones de euros y a la imagen del país. 'Habrá consecuencias, sin duda, para aquellosque de forma irresponsable y muy dañina han abandonado sus puestos', dijo Rubalcaba, que aseguró que el Gobierno 'ha cumplido con su deber' y 'no va a permitir que se vuelva a dar una situación como esta'. 'No va a haber problemas en los aeropuertos ni en las Navidades ni después', remachó.

Por otro lado, las fiscalías de Madrid, Balears, País Valencià y Catalunya citarán a declarar en los próximos días a los controladores para averiguar las causas del abandono de sus puestos de trabajo y valorar si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.

Zapatero explicará en el Congreso la gestión de la crisis

En cuanto al real decreto de estado de alarma, que tuvo que ser sancionado por el Rey desde Argentina, donde asiste a la Cumbre Iberoamericana, tendrá una vigencia máxima de 15 días, como marca la Constitución, aunque el Ejecutivo no cree que vaya a agotarse este periodo. Su prórroga necesitaría del permiso del Congreso. En cualquier caso, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que delegó en Rubalcaba la responsabilidad de comparecer ante la opinión pública en la jornada de ayer, va a solicitar su comparecencia urgente ante el Pleno del Congreso para dar las explicaciones pertinentes sobre el uso de esta figura jurídica.

Atendiendo a la versión ofrecida por Rubalcaba, que también comparecerá en el Congreso, lo ocurrido no pilló ayer por sorpresa al Gobierno, ya que el ministro de Fomento, José Blanco, ya informó en el Consejo de Ministros del viernes de que había 'incidencias preocupantes en algunos aeropuertos españoles', y por eso se incluyó en el decreto sobre las condiciones de trabajo de los controladores la previsión para militarizar el control aéreo. 'Existían indicios de que había una posibilidad de ir a una situación como esta, lo más parecido a una huelga salvaje que existe'.

El espacio aéreo se reabrió tras aprobarse el estado de alarma

Rubalcaba quiso dejar claro que el conflicto no ha sido en pleno puente porque el Gobierno eligiera la fecha equivocada para aprobar el decreto de los controladores: 'Quien declara el conflicto sabe que hay un puente; es al revés, quienes valoraron [la fecha] fueron los controladores', explicó Rubalcaba, que añadió: 'La medida había que aplicarla porque la situación empezaba a ser insostenible, porque en todo caso preveíamos que iba a haber este tipo de movilizaciones'.

El número dos del Ejecutivo no desaprovechó la ocasión para cargar contra los controladores, a los que acusó de manejar 'un monopolio laboral' a partir de 'su posición preeminente en el tráfico aéreo' y de defender 'unos privilegios intolerables que el Gobierno no puede aceptar'. 'No vamos a aceptar -aseveró- la defensa de esos privilegios ni el chantaje de los ciudadanos, y vamos a aplicar hasta el final las normas que el estado tiene para impedirlo'. Los controladores, a través de su portavoz, César Cabo, consideraron 'una irresponsabilidad' la militarización del control aéreo, mientras que una de sus compañeras, Merche Canalejo, llegó a hablar de que trabajan en 'condiciones de esclavitud'.

Por otro lado, Pérez Rubalcaba volvió a pedir disculpas en nombre del Gobierno a los ciudadanos. 'Somos conscientes de que a algunos de ellos se les ha hecho un daño personal imposible de justificar', agregó.

La actividad de los aeropuertos no se normalizará hasta mañana

Sobre la resolución del problema, el vicepresidente admitió que 'la normalización definitiva no va a ser fácil', y dio un plazo de 48 horas. 'Se han suprimido muchos vuelos y enlaces y hay que reconfigurar el tráfico aéreo', dijo.

En clave política, la jornada de ayer estuvo marcada por la revelación del secretario de relaciones institucionales del PSOE de reuniones entre el PP y los controladores a lo largo de los últimos meses. Gaspar Zarrías pidió explicaciones a los conservadores por estos contactos que también fueron confirmados a este periódico por César Cabo, secretario de Comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Pese a ello, la reacción en las filas conservadoras fue la de rechazar los encuentros.

Una controladora afirma que trabajan en 'condiciones de esclavitud'

El encargado de negar la versión de Zarrías y de Cabo fue Andrés Ayala, portavoz de fomento del PP y uno de los asistentes a los encuentros, según fuentes conocedoras de estas reuniones. Mientras, el vicesecretario de comunicación del PP disparó directamente contra el Gobierno. Para González Pons, el Ejecutivo es 'el único responsable político de la situación'. Y, por ello, debe 'dar explicaciones'.

El deporte también se vio afectado por el caos aéreo. El FC Barcelona, que tenía pensado viajar en avión ayer y llegó a pedir el aplazamiento de su partido contra el Osasuna, tuvo que realizar el trayecto de forma apresurada en tren y autobús hasta Pamplona. El inicio de partido se retrasó tres cuatro de hora sobre la hora prevista inicialmente. Peor suerte corrieron Tenerife y Granada, de Segunda división, que tuvieron que suspender sus partidos.