España también ha sido responsable de las acciones represivas violentas sufridas por los ciudadanos de los países árabes en los que ha habido revueltas que exigían más democracia. Esa es la conclusión a la que han llegado las ONG que conforman la coalición Armas Bajo Control, que consideran que la venta de armas a países como Egipto, Libia, Marruecos o Arabia Saudí 'han podido tener consecuencias para la población civil'.

Las organizaciones que componen la coalición, Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, hicieron ayer público un comunicado coincidiendo con la comparecencia del secretario de Estado de Comercio, Alfredo Bonet, en la Comisión de Defensa del Congreso para detallar, precisamente, el Informe sobre estadísticas españolas de exportación de material de Defensa de 2010.

Comercio levantó en mayo la prohibición de venta a países de la Primavera Árabe

Según dicho informe, países que a principios de este año sufrieron episodios violentos en respuesta a las revueltas populares fueron destino de ventas de las empresas españolas de armas. Las ONG citan el caso de Libia, que recibió armamento por 11,2 millones de euros, el de Egipto 2,5 millones, Marruecos 4 millones o Arabia Saudí 5,8 millones. Según Armas Bajo Control, la represión ejercida por los gobiernos de esos países contra sus conciudadanos 'pone en evidencia cómo el incumplimiento durante años de la ley de armas por parte del Gobierno' ha podido tener 'consecuencias para la población civil'.

Comercio suspendió la venta de armas a los estados protagonistas de la conocida como Primavera árabe en febrero atendiendo al artículo 8 de la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que establece que las exportaciones serán denegadas cuando en el país de destino exista un conflicto armado.

Pero las ONG consideran que esa prohibición llegó demasiado tarde. 'No hacía falta que pasara lo que pasó para vetar las ventas de armas a países que ya habían vulnerado derechos humanos', advirtió a este diario Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau. En su opinión, lo que hace falta es que el Ejecutivo haga un estudio 'preventivo' para garantizar que lo exportado no va a vulnerar derechos.

Las ONG exigen 'prevención' y un estudio detallado de cada caso

Ayer, el secretario de Estado de Comercio anunció en el Congreso que ese veto impuesto en febrero fue levantado el 11 de mayo, si bien explicó que las nuevas solicitudes que se produzcan en estos países serán sometidas a 'un escrutinio especial'. La decisión es, a juicio de Armadans, 'un poco precipitada'.

En la misma línea, Francisco Yermo, responsable de las campañas humanitarias de Intermón Oxfam, emplazó al Ejecutivo a revisar todas las solicitudes de exportación 'caso por caso'. 'No queremos crear una lista negra de países. Consideramos que hay unos destinos preocu-pantes, que deben ser revisados para garantizar que las armas no van a ser utilizadas contra la población civil', agregó.

Entre esos países 'preocupantes' se incluyen Israel adonde en 2010 España exportó armas por 1,4 millones Colombia, Pakistán o incluso Estados Unidos. En todos ellos, apuntan, 'se da una acumulación de una amplia gama de armas convencionales que pueden usarse para cometer y facilitar graves violaciones de derechos humanos'.

En cambio, las ONG acogieron con 'satisfacción' la voluntad del Gobierno de especificar en mayor medida las operaciones en material de defensa. Y recibieron positivamente el detalle de las razones que llevaron a denegar algunas de ellas. A lo largo de 2010 se produjo una disminución del 16,2% en las exportaciones de material de Defensa con respecto a 2009 y el valor total ascendió a 1.128,3 millones de euros.