El Gobierno se plantea 'una profunda reforma' de la Ley del Menor para endurecer las penas a crímenes cometidos por menores o contra menores de edad. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Ejecutivo, aprovechó que este viernes se hizo pública la sentencia del caso de Marta del Castillo para recordar  en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que  hay 'una tarea legislativa que hacer' y que el PP ya llevaba esta medida en su programa electoral. 

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valoró la sentencia y los 20 años de cárcel que la Justicia ha impuesto a Miguel Carcaño como responsable de la muerte de la joven sevillana. Indicó que el Gobierno 'no puede entrar en el fondo de la sentencia y sólo le queda respetar y acatar lo que han decidido los jueces'.

Tras esa valoración, Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno estudiará 'en profundidad' todos los casos que se han producido de muertes de menores de edad y, especialmente, aquellos que han sido cometidos por jóvenes. Avanzó que reformará la ley 'para fortalecer la legislación penal y penitenciaria, incluida la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores'.

En este sentido, recordó la iniciativa, pendiente de aprobar, de un Estatuto de Víctimas de Delitos para procurar 'mejor asistencia y protección' a los menores que son objeto de  delitos.

'Esto lleva a plantear una reforma profunda del sistema de penas en España como la que llevamos en el programa, con medidas como las relativas a que sea una prisión de carácter permanente y revisable en la que se pueda ir evaluando la reinserción social de esos penados para ponerles en libertad', señaló.

En cualquier caso, resaltó que el Gobierno estudiará estas reformas como 'un asunto general, no sólo de una sola sentencia sino desgraciadamente de los casos que se han visto en España y que obligan a reforzar la respuesta penal'.

'Esa sí es tarea que nos compete', subrayó. Además, recordó que el PP también llevaba en su programa electoral la posibilidad de establecer una condena de prisión permanente revisable para determinados delitos.