Publicado:  25.03.2011 14:14 | Actualizado:  25.03.2011 14:14

El Gobierno se pone límites al crecimiento del gasto público

Introducirá "una regla" para que el presupuesto no crezca más que el PIB nominal en el medio plazo. Buscará un consenso para que las CCAA lo apliquen también.

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En la cumbre de la Unión Europea que acordó formalmente el endurecimiento de los controles del déficit y la deuda, el Gobierno prometió que el resto de administraciones públicas no serán una fuente de sorpresas. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció una reforma de la Ley de Estabilidad presupuestaria para incluir una “regla de gasto” que lo limite al “crecimiento del PIB”. La regla será “de obligado cumplimiento” para el Gobierno central y se presentará luego en abril a las comunidades autónomas para forjar “un gran acuerdo político”. Zapatero reconoció que no está en su mano imponer un techo de gasto autonómico, por lo que la colaboración con el PP y las autonomías en las que gobierna será fundamental. “Mi impresión, a tenor de las posiciones políticas que mantiene el PP, es que ese acuerdo es factible”, aseguró.

¿Qué supondrá introducir una “regla de gasto” a todos los niveles de la Administración? El Gobierno asegura que la medida no supondrá “recortes adicionales del gasto” en un momento en el que los presupuestos son muy restrictivos. Sin embargo, inspirado por el Pacto por el Euro diseñado por Merkel, el techo de gasto es una medida de limitación presupuestaria que pretende contener, e incluso reducir, a rajatabla el peso del sector público. Su principal objetivo es no permitir déficits excesivos que generen dudas en los mercados internacionales de deuda pública sobre el retorno de su inversión.

Según el plan del Gobierno, su seguimiento no será anual, como plantea el PP, sino que se enmarcará en un ciclo presupuestario más amplio, de cinco años, para mantener cierta flexibilidad y capacidad de respuesta ante imprevistos económicos. En otras palabras: el gasto podrá superar el crecimiento de la economía un año, siempre que se compense en los restantes ejercicios del ciclo.

Si el déficit pasará a tener un control reforzado, gozar de unas cuentas públicas en superávit no supondrá tener carta blanca en su gestión. Fuentes del Gobierno aseguran que el pacto limitará el uso del superávit a la reducción de la deuda o a gastos que no sean “suntuosos o criticables”, como una obra faraónica o un gran proyecto redundante con prestaciones de otras administraciones públicas.

La medida fue presentada en Bruselas y no de forma casual. El control del déficit es uno de los pilares del Pacto por el Euro exigido por la canciller alemana, Angela Merkel. Los 17 países del euro y otros seis de fuera de la moneda única lo hicieron suyo, comprometiéndose a poner medidas concretas en marcha antes de un año para mejorar la competitividad, el empleo o la estabilidad financiera. España, Francia, Alemania y Bélgica adelantaron durante la cumbre algunas, pero el programa definitivo de todos los países deberá ser remitido por escrito el mes que viene.

Además de los límites al crecimiento del presupuesto del Estado y de las autonomías, Zapatero presentó otras siete medidas, bastantes de las cuales están ya en marcha, que incluye un plan para combatir el empleo irregular. El Gobierno no cuenta con una estimación concreta de los puestos de trabajo sumergidos que escapan al control de la Seguridad Social y Hacienda, pero tendió la mano ofreciendo “incentivos” para que aflore y se regularice. El plan del Gobierno estará en marcha en junio, una vez sea discutido con los sindicatos y la patronal (ver información en esta página).

El presidente enumeró el resto de medidas, que incluyen la primera reforma de los convenios colectivos en tres décadas. Los sindicatos y la patronal debaten la reforma de la negociación colectiva y el Gobierno presentará, como resultado del acuerdo entre ellos, un proyecto de ley “antes de finales de abril”, anunció Zapatero. Hasta entonces, el Gobierno no ve “ninguna urgencia”, sino que está decidido a agotar el diálogo, permitiendo a los agentes sociales negociar durante “15 o 20 días más”. Como ocurrió con la reforma de las pensiones, lograr un acuerdo social en torno a la negociación colectiva “sería una aportación más” a la “confianza” que los mercados internacionales tienen en España.

Además, el Gobierno fomentará la competitividad liberalizando servicios y revisando el funcionamiento de los colegios profesionales y creará una Comisión de Competitividad para asesorar al Gobierno. Entre las medidas ya anunciadas por el Ejecutivo se encuentra la modificación de la Ley Concursal, la reforma de la Formación Profesional, y el proceso de recapitalización de las cajas de ahorro para superar las pruebas de resistencia que está realizando ya la Autoridad Bancaria Europea.

La primera acogida por parte del PP no fue buena. Álvaro Nadal, secretario de Economía de la formación, calificó las medidas de “un refrito” con el que “no se va a ninguna parte”; y el vicesecretario general de Comunicación, Esteban González Pons, recomendó a Zapatero que, si quiere cumplir sus compromisos con la UE, vuelva a poner en vigor la ley del “déficit cero” vigente durante el Gobierno de Aznar.

El PP considera que Zapatero presentó sus medidas en Bruselas por imposición del resto de socios de la zona euro, algo que rechazó tajantemente el presidente en su comparecencia. El jefe del Ejecutivo recordó que el conjunto de reformas se inscriben dentro de un proceso de modernización iniciado en “diciembre de 2009, antes de la crisis de deuda” que condujo al rescate de Grecia. Zapatero también rechazó que las medidas actúen como un torniquete para despejar las dudas sobre la determinación de España para cumplir con sus objetivos de déficit. Según el presidente del Gobierno, la crisis política en Portugal tampoco ha tenido una influencia en la presentación de las reformas.

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