El Gobierno examinará los estatutos que presente la izquierda abertzale para formar un nuevo partido teniendo en cuenta el antecedente que ya llevó al Tribunal Supremo a ilegalizar Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), la formación impulsada sin éxito por la ilegalizada Batasuna en el País Vasco y Navarra en 2007.

El Ejecutivo toma como especial referencia el caso de ASB porque es, hasta ahora, el único partido que ha impulsado la izquierda abertzale después de la primera ilegalización de HB, EH y Batasuna, en 2003. El resto de marcas proscritas eran agrupaciones electorales (AuB, Herritarren Zerrenda, Aukera Guztiak y D3M) o bien fuerzas políticas con estatutos propios fundadas antes de la Ley de Partidos de 2002 (es el caso de EHAK, ANV y Askatasuna).

Como antecedente para una posible ilegalización servirá el caso de ASB

La izquierda abertzale asegura que los estatutos de su nueva formación cumplirán la Ley de Partidos. Ante este próximo registro, las fuentes del Gobierno consultadas por Público creen que será necesario evaluar 'en su conjunto' todos los indicios para proceder, si fuera el caso, a impulsar judicialmente la ilegalización del nuevo partido. En la sentencia de ASB que se tomará como guía a seguir, el Supremo estableció una 'gradación de los distintos elementos de prueba concurrentes' y consideró de 'gran relevancia' tres en concreto: la vinculación de personas que presentaron los estatutos de ASB con un 'partido ilegal', la simbología de la nueva formación y la 'inexistencia de contraindicios', es decir, la falta en los estatutos de un rechazo inequívoco a la violencia y a las acciones armadas de ETA.

El Gobierno es consciente de que, con la ley en la mano, no puede ir más allá y exigir la disolución de ETA como condición para la legalización.

El Ejecutivo admite que una condena de la banda sería un claro contraindicio

La izquierda abertzale anunció el pasado 27 de noviembre que en los estatutos de su nuevo partido recogerán un compromiso 'firme e inequívoco' de 'rechazo al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos'. No obstante,las fuentes gubernamentales cosultadas consideran que cuando se conozcan los estatutos será 'importante' ver si ese rechazo a la violencia es 'genérico' o se refiere también explícitamente a ETA.

La Ley de Partidos, en su artículo 9, establece las condiciones para declarar ilegal una formación según su actividad y postura ante la violencia, sin hacer referencia concreta a las acciones de ETA o exigir la condena. No obstante, en las distintas resoluciones judiciales adoptadas desde 2003 contra las siglas de la izquierda abertzale, tanto el Supremo como el Tribunal Constitucional han insistido en que es necesario fijarse en el 'contexto' para dictar sentencia. Sobre esta praxis y la jurisprudencia de distintas resoluciones, el Supremo resolvió, para ilegalizar ASB, que en el caso de 'personas, grupos, candidaturas o partidos' que podrían estar vinculados a formaciones antes ilegalizadas 'se precisa con mayor intensidad, para desvanecer toda duda, un rechazo inequívoco de la violencia terrorista [en alusión a la de ETA] que ha motivado la ilegalización'. En definitiva, el Supremo llegó a esta conclusión al considerar insuficiente el compromiso de los estatutos de ASB con una actividad basada 'exclusivamente' en 'vías políticas y democráticas'.

Guardia Civil, CNI y Policía investigarán el papel de ETA en la nueva formación

Aparte del estudio de los estatutos del nuevo partido abertzale en lo que se refiere al rechazo a la violencia, el ministerio pedirá informes a la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI para presentarlos en un eventual proceso judicial. El objetivo de los mismos, según las fuentes consultadas, será certificar si la apuesta política de la izquierda abertzale es 'sincera', o bien está urdida de acuerdo con ETA para recuperar la legalidad. Si los informes policiales no establecen vínculos entre la apuesta política de la izquierda abertzale y ETA, y además en los estatutos de su nuevo partido condena la violencia de la banda, 'sería muy complicado' promover su ilegalización, según las mismas fuentes.

Como en la causa de ASB, otro 'elemento de prueba' que analizará el Gobierno para considerar si hay una 'sucesión fraudulenta' de Batasuna radica en la identidad de las personas que presenten los estatutos del partido. Cuando el Supremo sentenció que ASB era una 'sucesión de Batasuna' dio 'gran relevancia' al hecho de que las promotoras de su inscripción en el registro, Marije Fullaondo, Joana Regueiro y Tomasa Alejandro Gordaliza, habían integrado 'la Mesa Nacional de Batasuna'.

Aún se desconoce quiénes serán los encargados de la izquierda abertzale de cumplir este trámite ante el Registro de Partidos, pero esta ha declarado que su intención no es burlar la ley, sino dar pasos y avanzar en la apuesta 'unilateral' de sus bases por las vías pacíficas y democráticas. De hecho, en la presentación de los principios del nuevo partido, comparecieron 300 militantes con Rufi Etxeberria y Marian Beitialarrangoitia a la cabeza.

El objetivo es comprobar si es 'sincera' la apuesta de Batasuna

El Gobierno también dará relevancia a la 'simbología' de la nueva formación para determinar si es una sucesión 'fraudulenta'. En el caso de ASB, el Supremo estimó que era un 'elemento de prueba relevante', aunque no porque el logotipo de ASB se pareciera al de Batasuna, sino porque esta formación, según el tribunal, lo había asumido 'como elemento diferenciador y propagandístico'.

Otros aspectos que se tendrán en cuenta serán el nombre del partido y su organización para ver si existen similitudes con Batasuna y su Mesa Nacional. La izquierda abertzale ha anunciado que su organización superará 'los modelos anteriores' y que su 'estructura interna' estará 'libre de interferencias, subordinación o condicionamiento, y con plena autonomía de su línea política'. Un dirigente explica que eso significa también autonomía al margen de ETA.