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El Gobierno prevé para julio vetar los anuncios de relax

Aído ofrece a los grupos firmar un acuerdo antes de verano

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El Gobierno empezó ayer la ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso con el objetivo de que firmen conjuntamente la reforma legal que permitirá suprimir los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. El Ejecutivo se ha puesto el mes de julio como plazo máximo para decidir de manera consensuada la fórmula para llevar a cabo este veto, avalado hace tres meses por el Consejo de Estado.

La secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, y el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis de Francisco, se reunieron ayer con los portavoces de la Comisión Parlamentaria de Igualdad de ERC, CiU, PNV, ICV y BNG para unir posturas y alcanzar un consenso a la hora de redactar la iniciativa. Durante la próxima semana, el Ejecutivo deberá reunirse con los portavoces del PP, CC, IU y UPyD.

Todos los grupos parlamentarios están a favor de suprimir la publicidad sobre prostitución de los medios escritos y audiovisuales. El modo para hacer efectivo este veto exige una normativa legal, tal y como afirmó el informe del Consejo de Estado, tras el evidente fracaso de la autorregulación. Ahora queda por decidir cuál de las dos opciones de reforma planteadas por el Consejo de Estado es la más adecuada: modificar la vigente Ley General de la Publicidad para reconocer este tipo de anuncios de contacto como publicidad ilícita, o bien redactar una norma específica para su eliminación. En las próximas reuniones, parlamentarios y Gobierno deberán decidir también si la reforma se presenta como un proyecto de ley del Gobierno o mediante una proposición de ley de los grupos.

Sea como sea, el tiempo apremia. El Gobierno quiere firmar la reforma legal con los grupos en julio, antes de que termine el periodo de sesiones, para empezar a redactar el texto después de las vacaciones. La vía de la proposición de ley sería la más rápida, porque si los portavoces firman un texto avalado por todos los grupos, se enviarían los informes consultivos y memorias justificativas al Gobierno y se ahorrarían plazos de enmiendas. 'Esta opción es la que más interesa al Ejecutivo porque el texto saldría fuerte y el proceso se aceleraría', opina el portavoz de ERC, Joan Tardà.

Desde que en 2007 una comisión parlamentaria cifró en 40 millones anuales los beneficios que reportan a los periódicos este tipo de publicidad, la lucha contra estos anuncios ha sufrido altibajos. A raíz de una propuesta de UPN, en septiembre de 2010, los principales grupos del Congreso apoyaron un proposición no de ley en favor de suprimir las ofertas sexuales en prensa, pero apostaron por la autorregulación a la espera de la publicación del informe del Consejo de Estado.

Este documento, que se demoró más de lo previsto, califica la autorregulación de 'insuficiente y baldía' y apuesta por la prohibición legal de esta publicidad, tras la que se esconden mafias de trata de personas. Precisamente, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación, que entró en vigor en 2009, también insta a los periódicos a eliminar sus secciones de contactos.

El segundo informe sobre el estado de este plan, correspondiente al año 2010, muestra un incremento general de las actuaciones policiales relacionadas con este delito.

El texto, que se presentará hoy en el Consejo de Ministros, muestra que las inspecciones pasaron de 885 en 2009 a 2.344 el año pasado. Las actuaciones contra grupos criminales se duplicaron (335) y los atestados casi se multiplicaron por tres (324). Aun así, las víctimas de explotación sexual y trata aumentaron un 26% (pasaron de 1.301 en 2009 a 1.641 en 2010) y disminuyeron los detenidos por este delito: en 2010 fueron 694, 32 menos que el año anterior.

Sobre las actividades criminales vinculadas a la trata, la más repetida es la falsificación de documentos (19), seguida de los delitos de amenazas y coacciones y la corrupción de menores (ocho casos de cada). También se registraron casos de corrupción de menores, delitos contra la libertad sexual y blanqueo de dinero.