Se dio a conocer como uno más de los acuerdos del Govern ayer y, de entrada, se presentó como algo nada extraordinario. Pero en el consejo ejecutivo sentó como un tiro verse en la obligación de aceptar abrir una negociación con el Estado para resolver 'discrepancias competenciales' en torno a la Ley de Consultas populares que el Parlament aprobó el 10 de marzo. Si no hay acuerdo, la ley acabará en el Tribunal Constitucional.

El Estado sostiene que sólo él tiene competencias para promover referéndums y quiere abrir ahora un 'proceso negociador' para cambiar una ley que, aunque reserva la autorización última al Gobierno central de acuerdo con la Constitución, también reclama ciertas competencias para Catalunya al amparo del artículo 29 de su Estatut.

Estado y Generalitat se dan seis meses para llegar a un acuerdo

Fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas no quisieron dar más trascendencia de la necesaria al requerimiento presentado, pese a que afecta a 32 de los 59 artículos de la ley. Se limitaron a exponer dudas en torno a una norma que 'podría aplicarse con resultados inconstitucionales'. La Ley de Consultas dota al Govern, al Parlament, a los ayuntamientos y a la iniciativa popular de mecanismos para promover referéndums sobre asuntos que afectan a competencias de la Generalitat. Los primeros que la han usado, autorizados por la mesa del Parlament, son los promotores de las consultas soberanistas municipales para poner en marcha un referéndum sobre si la Generalitat debe promover una reforma constitucional que haga posible una Catalunya independiente.

En el Govern creen que no es esa la pregunta que más'preocupa' al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sino que la ley sirva para articular la respuesta catalana al TC. Si José Montilla opta por un frente con CiU, ERC e ICV-EUiA que dé respuesta al tribunal y promueve una consulta sobre la sentencia, tal y como propuso Pasqual Maragall, planteará un problema a Madrid.

El Govern defenderá en su integridad la ley, que avaló el Consell de Garanties

Cuando se aprobó la ley ya quedó claro que el debate sobre referendos pasaba del ámbito jurídico al político. A Juan José Ibarretxe, el Gobierno central le tumbó su Plan porque Euskadi no era competente para convocar consultas. No se entró en el fondo, sólo en la forma. La ley catalana, impulsada por ERC apoyándose en el Estatut, resolvía el asunto jurídico y dejaba en el ámbito político la respuesta de Madrid.

La Generalitat interpreta que Madrid busca reservarse la posibilidad de 'taponar' la respuesta política al TC con una eventual desactivación de la ley. El Gobierno se apoya en la sentencia del TC que tumbó el Plan Ibarretxe en 2008 para frenarla. Entonces, el mismo alto tribunal que ahora juzga el Estatut proclamó, además de que la soberanía sólo recae 'en la nación española', que los referéndums eran competencia estatal de principio a fin y que no hay lugar para la iniciativa autonómica, por más que reservara al Gobierno la última autorización.

El Estado ha apurado plazos. Tenía tres meses para llevar la ley al TC. Antes del vencimiento, y valiéndose del artículo 33.2 de la ley del TC, envió al Govern el requerimiento. Ahora hay seis meses para buscar el acuerdo bilateral. Unos meses en los que el TC sentenciará el Estatut y se celebrarán las elecciones catalanas. Si el Ejecutivo de Zapatero lleva al Alto Tribunal la Ley de Consultas puede pedir la suspensión de su aplicación.

El Govern explicaba que la interposición del requerimiento evidencia hasta qué punto las relaciones con la Administración central son 'difíciles' y se pueden volver peores tras un fallo 'que no se leerá igual en Barcelona y en Madrid'.

El Govern encargó al conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura, de ICV, negociar el asunto con el vicepresidente Manuel Chaves. La ley ya está en marcha y la parte catalana no está por ceder. Se basa en el informe del Consell de Garanties Estatutàries una suerte de TC catalán que, en respuesta a un recurso del PP, la declaró ajustada a derecho. El Parlament la aprobó después con los votos de PSC, ERC e ICV-EUiA. PP y CiU la rechazaron por motivos radicalmente opuestos. Unos la veían como el primer paso a un referéndum secesionista y los otros no perdonaron no buscar fórmulas para sortear el visto bueno del Estado.

El último requerimiento previo que dirimieron el Gobierno y la Generalitat fue sobre la Ley de Educación. Se llegó a un acuerdo y el Estado desestimó ir al TC. Ayer, el conseller Joaquim Nadal (PSC) aseguró que el debate será 'de juristas', admitió objeciones del Gobierno pero esperó un diálogo 'constructivo'. Menos relajado estaba el titular de Governació, Jordi Ausàs, de ERC, que reiteró que la norma que su departamento tramitó destaca por su 'pulcritudcompetencial'.

Montilla evidenció ayer hasta qué punto su confianza en una sentencia del TC que respete el Estatut es casi nula. En un acto institucional en el Palau de la Generalitat aseguró que, por mala que sea, ninguna sentencia ni tribunal 'privará a Catalunya de conseguir sus propósitos' en el autogobierno. El president ahondaba así en la convicción de que, aunque el fallo lamine el texto, será posible desde la respuesta unitaria y la presión política en Madrid conseguir los objetivos de Catalunya. Montilla insistió en la constitucionalidad del texto y apostó por insistir, 'las veces que haga falta', en el autogobierno 'por caminos democráticos'. Llamó a la 'serenidad' y a actuar 'con unidad y fuerza'. A su vez, el líder de CiU, Artur Mas, pidió al Alto Tribunal que, ahora que aún puede, no haga 'un estropicio' y se ahorre dictar sentencia.