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El Gobierno ultima el veto a los anuncios de contactos

El Ejecutivo traslada a los grupos parlamentarios su propuesta para prohibir la publicidad de la prostitución en la prensa y sus ediciones digitales. Plantea hacerlo mediante reforma de la Ley General de Publicidad

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Los anuncios de prostitución tienen los días contados en las páginas de los periódicos de papel, y también en sus ediciones digitales. Comprobado el fracaso de la autorregulación por parte de los propios medios y tras varias reuniones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, el Ejecutivo trasladó ayer a los representantes de todos los partidos en el Congreso su propuesta, basada en la reforma de la Ley de Publicidad.

Uno de los planteamientos del Gobierno es añadir un apartado al artículo 5 de esta norma donde se especifique que “se prohíbe la publicidad en prensa de servicios sexuales y de locales dedicados a la prostitución”. El veto también afectará “a las ediciones digitales de estas publicaciones en la medida en que el acceso a las páginas que contienen estos anuncios no esté limitado a adultos”, reza el documento. La propuesta del Ejecutivo plantea que el incumplimiento de esta prohibición sea considerado una infracción a los efectos previstos en la Ley General de los Consumidores y Usuarios y en la Ley General de Sanidad. Contra la violación de este veto podrán actuar “el Ministerio Fiscal y las organizaciones y entidades jurídicas públicas y privadas que velan por la igualdad entre hombres y mujeres o la protección de los derechos de los menores”.

El borrador llega cuatro meses después de que un contundente informe del Consejo de Estado avalara el veto a esta publicidad, detrás de la cual se esconden en numerosas ocasiones mafias de trata. Además, este organismo considera que la mejor forma de acabar con los anuncios de contactos no es modificar la Ley General de Publicidad, como pretende el Gobierno, sino elaborar “una regulación específica”.

Este estudio del Consejo de Estado, cuya publicación se retrasó seis meses, fue aprobado casi un año después de que lo solicitara la responsable del entonces Ministerio de Igualdad, Bibiana Aído. La demora ha marcado el ritmo del camino hacia este veto en los medios de comunicación. De hecho, el borrador del Ejecutivo llega cuatro años después de que una comisión parlamentaria cifrara en 40 millones de euros anuales los beneficios que reporta a los periódicos este tipo de publicidad.

Sólo Público ha renunciado a estos ingresos desde su nacimiento. El diario La Razón y 20 Minutos tampoco admiten anuncios de contactos en sus páginas.

Aído, que en septiembre se incorporará a ONU Mujeres tras dejar la Secretaría de Estado de Igualdad, donde ha sido relevada por Laura Seara, destacó ayer la importancia de la medida. “Es un paso decisivo para hacer desaparecer una vergonzosa plataforma publicitaria que esconde en muchos casos situaciones de trata y explotación sexual, y mercadea con la dignidad humana”, dijo a Público. Firme impulsora del veto, añadió: “Para mí supone el cumplimiento de un compromiso y la culminación de un proyecto emprendido hace años”.

Ahora, la propuesta del Gobierno deberá ser concretada y ampliada por los grupos parlamentarios. Al menos PSOE y ERC han echado en falta que el borrador no contemple la prohibición de los anuncios sexuales en televisión. “Me he quedado de piedra”, confesó ayer el portavoz de ERC, Joan Tardà, después de leer el documento remitido por el Ejecutivo. “El veto en los periódicos no es suficiente. No tiene sentido reformar sólo la Ley General de Publicidad, hay que cambiar también la Ley de Audiovisual”, concluyó.

De hecho, la propuesta del Ejecutivo se contradice también con el informe del Consejo de Estado en este punto. En su informe, el organismo reclama que también desaparezca esta publicidad de la televisión: “Debe considerarse el establecimiento de una prohibición expresa de los anuncios no sólo en los horarios actualmente establecidos de forma genérica para la protección de los menores, sino también en otros horarios más amplios”, reza el documento. En este sentido, Aído afirma que “se trata de una propuesta inicial” y que “tanto la posibilidad de la prohibición total en la red como la ampliación del ámbito de aplicación a otros soportes será la que marquen los grupos durante el trámite de la proposición de ley”.

El trámite de la ley es otra de las cosas que preocupa a los grupos parlamentarios. La portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, reconoció ayer que “hay que darse prisa”. Agosto es un mes inhábil a efectos parlamentarios, de manera que, si no se acelera la tramitación en estos últimos días de julio, todo se pospondría a septiembre. “Si se quiere hacer rápido, se hace rápido”, confía Montón, quien insiste en que una proposición que sale del Parlamento puede acelerarse.

La diputada del PP Sandra Moneo, por su parte, prefirió ayer no hacer valoraciones sobre el documento a este diario.

Tardà no es tan optimista como el PSOE. “No tenemos garantías de que el proceso se acelere, porque el Gobierno ha esperado a estar a las puertas del mes de agosto para mandar el borrador”, afirma el diputado, quien critica además que, finalmente, la reunión conjunta que todos los grupos pidieron con el Ejecutivo no se produjo. No obstante, el Ejecutivo ha vuelto a convocar por separado a todos los grupos a una reunión que tendrá lugar el próximo miércoles, según Tardà, que no está de acuerdo con este formato.

A su juicio, “tan importante como pactar el contenido es pactar el calendario”. El portavoz de Igualdad de ERC advierte además de que ahora “el rumor de la disolución avanzada del Parlamento tiene más fuerza que antes”. Por lo tanto, en función del escenario, será mejor optar por una vía u otra. “Si las elecciones fueran en marzo, podríamos hacer un proposición de ley, debatirla y presentar una ponencia, pero si los comicios son en noviembre, deberíamos optar por incluir la reforma en cualquier ley que se aprobara en el Parlamento”.

En este sentido, Aído opina que, “dado el consenso previo, cabe esperar que la desaparición de este tipo de anuncios sea pronto una realidad”.

El Congreso aprobó por unanimidad el 21 de septiembre de 2010 una proposición no de ley en la que instaba a impulsar la desaparición de los anuncios de prostitución en la prensa. Meses después, el entonces vicepresidente primero del Gobierno y hoy candidato del PSOE, Alberto Pérez Rubalcaba, afirmó que “eliminar las ofertas de prostitución de los medios no es una ayuda para la prensa” y el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, volvió a apostar por “un mecanismo pactado por los medios” .