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El Gobierno se une en el rechazo a prohibir el burka

Los ministros de Justicia, Igualdad e Inmigración coinciden en reprobar tanto el uso del velo integral islámico como la creación de una norma específica para regularlo, como ha pedido el Senado

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El Gobierno zanjó ayer las últimas dudas sobre su posición respecto a la oleada prohibicionista del burka y el niqab que iniciaron varios municipios catalanes. Y lo hizo por boca de quien más lejos había llegado hasta ahora en la tentación reguladora dentro del Ejecutivo socialista, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. '¿Cuántos burkas han visto ustedes en España?', preguntó a los periodistas en Bruselas. 'Yo nunca he visto ninguno', se respondió.

Caamaño opinó que la moción aprobada el miércoles en el Senado con los votos de PP y CiU para instar al Gobierno a prohibir el uso de los velos integrales 'pretende sobre todo avivar y crear un problema donde no lo hay'.

'¿Cuántos burkas han visto en España? Yo, ninguno', afirma Caamaño

Las declaraciones de ayer de Caamaño contrastan con las de la semana pasada, cuando el ministro reconoció que el debate había llevado al Gobierno a recoger la prohibición del uso del velo integral dentro de la Ley de Libertad Religiosa cuya reforma ha quedado aplazada sine díe. 'Allí abordaremos, con carácter general, todo el fenómeno vinculado a la utilización de prendas que externalizan sentimientos religiosos y su utilización en espacios públicos', dijo entonces el ministro.

Caamaño eludió ayer aclarar si la moción del Senado, no vinculante, tendrá reflejo en una prohibición efectiva dentro de la futura Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Según él, 'ya hay una respuesta legislativa suficiente en nuestro ordenamiento jurídico' a las preocupaciones del Senado.

Para Aído, el vetoaislará a las mujeres que ya visten la prenda

También habló ayer sobre esta polémica la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para quien, pese a que en reiteradas ocasiones ha mostrado su rechazo frontal al uso de estas prendas, la iniciativa responde a intereses 'populistas y electoralistas' que perjudicarán a las mujeres que ya lo lucen, aislándolas. 'La pregunta es si queremos condenar a las mujeres que tienen que llevarlo puesto', señaló Aído.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirmó también ayer que no ve 'bien' abrir las Cortes Generales durante el mes de agosto para tratar y aprobar con 'urgencia', un decreto ley sobre la prohibición del velo integral, como pide la moción que el PP logró sacar adelante en el Senado con el apoyo a última hora de CiU.

El Código Penal resuelve ya la demandas de descubrirse el rostro en lugares públicos, y la Ley de Violencia de Género incluye sanciones de entre seis meses y tres años de prisión para, por ejemplo, los hombres que obliguen a sus mujeres a vestir un burka o un niqab en España se conocen apenas una decena de casos de uso de estas prendas.

En este sentido, tanto las prohibiciones aprobadas en distintos ayuntamientos catalanes y uno andaluz como la moción del Senado redundan en las leyes ya en vigor.

La moción del Senado para prohibir el burka gusta tan poco al Gobierno como el propio velo integral, que según Caamaño y Aído ninguna mujer viste por iniciativa propia. 'Todas las personas razonables condenan el uso del burka', aseguró la ministra de Igualdad.

Para el titular de Justicia, el debate es más amplio que una prohibición a la ligera. El Gobierno lo abordará de una manera 'proporcionada y adecuada' y respetando, cosa que en su opinión no hace el burka, 'la dignidad del ser humano en los espacios públicos y, particularmente, la dignidad de la mujer'.

Con el debate ya abierto, políticos como Enrique Múgica, actual Defensor del Pueblo, se han atrevido con la interpretación misma del islam. Según Múgica, el burka es el máximo exponente de 'una concepción dogmática y siniestra de un islam que tiene otras interpretaciones más progresistas y democráticas', dijo ayer. Para Enrique Múgica se puede prohibir el burka por 'cuestiones de seguridad, justicia e igualdad'.

El pasado miércoles, el Consejo de Europa, que reúne a 47 países, apoyó por unanimidad el primero de los supuestos apuntado por Múgica, pero rechazó cualquier prohibición general, porque sería discriminatoria y atentaría contra 'las mujeres que real y libremente quieran' vestirlo.