El PSE y el Gobierno vasco conservan la fe en que el final de la violencia está cerca tras la evolución política de la izquierda abertzale ilegalizada, pero piensan mantener la presión sobre este sector político y ahora, en especial, sobre Bildu, hasta que no pidan el fin definitivo de ETA.

Un día después de que el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reuniera con la militancia del PSE en un acto en Bilbao, donde hubo unanimidad para mantener ese nivel de exigencia sobre Bildu, ayer se escucharon más voces en ese sentido. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, reclamó a la coalición de EA, Alternatiba e independientes que pida la disolución de ETA durante el transcurso del acto celebrado en el Congreso en homenaje a las víctimas.

El portavoz de los socialistas vascos, José Antonio Pastor, también se pronunció en ese sentido, al advertir a Bildu de que 'la desconfianza que sienten muchas víctimas' puede extenderse también a su electorado si no da ese paso de reclamar el fin de ETA. 'Estamos oyendo discursos que nos recuerdan mucho a los del pasado y que yo, personalmente, no esperaba oír de esta manera', afirmó, en declaraciones a Radio Euskadi.

Bildu mantiene que sus declaraciones, así como los compromisos asumidos por escrito, no dejan lugar a la duda sobre su rechazo al uso de la violencia con el fin de lograr objetivos políticos. El nuevo diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, aseguró por todo ello que no va a 'caer en el juego fácil de la propaganda' ni a 'entrar en el juego de las palabras' para pedir la disolución de ETA. 'Llegará el momento en el que se disuelva por vocación propia', señaló.

Por otra parte, la polémica sobre los escoltas vivió ayer un nuevo capítulo en Andoain, aunque es posible una solución. En una reunión en los soportales del ayuntamiento, el edil socialista, Estanis Amutxastegi, instó a la alcaldesa, Ane Carrere, de Bildu, a autorizar que al menos uno de sus escoltas pueda acceder a las dependencias municipales con él para comprobar que su seguridad está garantizada. Cumplido ese cometido, le explicó Amutxastegi, bajaría y se quedaría fuera del Consistorio.

La alcaldesa, que defendió que la situación ahora es 'normal', se mostró dispuesta a estudiar su petición.

El departamento vasco de Interior, por su parte, piensa repetir la campaña de vigilancia seguida el pasado verano para evitar que puedan mostrarse imágenes de presos de ETA durante las fiestas en los pueblos. La Ertzaintza retiró ya el domingo fotografías en Zarautz. El Movimiento Pro Amnistía denunció, por su parte, que la Policía vasca quitó también carteles del gaztetxe de Ordizia.