Publicado: 07.07.2015 19:20 |Actualizado: 07.07.2015 23:30

El Gobierno Vasco se niega a hablar sobre la Ley Mordaza

El sindicato ELA lleva dos meses y medio esperando una respuesta de la Consejería de Seguridad para tratar este tema. Ni siquiera les han respondido.

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Manifestantes ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, han acudido a la llamada de colectivos y organizaciones sociales, englobadas bajo el nombre "gente sin mordaza", que han convocado a una sentada con la boca tapada en protesta por la entrada en v

Manifestantes protestan contra la entrada en vigor de la ley de Seguridad Ciudadana ante el Congreso de los Diputados, en Madrid. EFE/Alberto Martín

En el despacho de la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, hay algo más que aire acondicionado. En algún lugar de su oficina en Vitoria aún está la petición de diálogo formulada por ELA, el principal sindicato de Euskadi. Entre otros aspectos, esta organización quiere hablar con la responsable de Interior sobre la polémica Ley Mordaza y su aplicación por parte de la Ertzaintza. Quiere, pero no puede: de momento, Beltrán de Heredia ni siquiera les ha contestado.

Según se ha encargado de advertir el propio sindicato, la solicitud de reunión fue realizada el pasado 26 de marzo, cuando la Ley Mordaza no era más que una seria amenaza del gobierno central. En aquel contexto, ELA –que además cuenta con un importante número de afiliados en filas de la Policía vasca- pretendía hablar con el Gobierno Vasco sobre los alcances del por entonces proyecto de ley del PP. El objetivo: tratar de examinar todas las vías posibles para evitar su aplicación. O, al menos, reducir su intensidad.

“Este proceder, por parte de personas que desarrollan funciones públicas, nos parece especialmente reprobable”, denuncia ELA

Dos meses y medio después –con la norma represiva ya en funcionamiento-, el Departamento de Seguridad sigue sin dar señales de vida. “Este proceder, por parte de personas que desarrollan funciones públicas, nos parece especialmente reprobable”, ha denunciado ELA. En ese sentido, la organización ha defendido su petición de reunión “desde la legitimidad sindical y por la gravedad de la ley” que entonces se tramitaba y que ahora ya es materia de obligado cumplimiento para las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre ellas, la Ertzaintza.

A criterio de este sindicato, la Ley de Seguridad Ciudadana busca “eliminar y criminalizar la protesta social para, imponiendo el miedo, facilitar la aplicación de las políticas de derechas que deciden los Gobiernos”. En su análisis de esta norma, ELA ha querido destacar su “fuerte sesgo autoritario y represivo, con una clara restricción de derechos y libertades fundamentales como los de reunión, y manifestación, así como contra los derechos de libertad sindical y huelga”. “Al PP le estorban todos los métodos de protesta pacífica, y ha decidido combatirlos por la vía legal”, ha denunciado.

Tras realizar un detallado análisis de los recortes de libertades que trae la Ley Mordaza, la dirección de ELA ha exhortado a los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra –ámbito geográfico en el que también ejerce su actividad sindical-, así como a los ayuntamientos de ambos territorios, a “no aplicar esta legislación”. Para ello, exige a las administraciones que “no admitan injerencias en su ámbito de actuación y que defiendan el papel que deben desempeñar quienes tienen encomendadas funciones de autoridad pública al servicio de una sociedad más justa e igualitaria”.



Formación para policías

En las últimas elecciones sindicales de la Ertzaintza –celebradas en octubre de 2014- ELA consiguió el 14.69% de los votos, lo que le convirtió en el tercer sindicato más votado del cuerpo policial. Con esa legitimidad, los representantes de esta organización han reclamado al Gobierno Vasco “la formación de los agentes que forman parte de los cuerpos policiales en materia de libertades públicas y derechos fundamentales (huelga, libertad sindical...), tanto en su vertiente individual como colectiva”. “Una formación –añaden- que debe ir acompañada de unos protocolos de intervención que acoten al máximo la discrecionalidad en la actuación policial”. Si algún día son recibidos por el Gobierno Vasco, lo plantearán cara a cara. De momento, ni hablar.