Recado a los controladores: el Gobierno sigue extremadamente vigilante y no tolerará que los absentistas sigan defendiendo sus privilegios, 'minimizando' el plante masivo que orquestaron hace una semana en todo el país. Si aún no son 'conscientes' de la 'gravísima irresponsabilidad' cometida, el Ejecutivo actuará. Fue el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se encargó de enviar este viernes, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ese mensaje a los técnicos aéreos.

La advertencia olía a reconocimiento implícito de que la Moncloa solicitará esta próxima semana al Congreso la prolongación del estado de alarma como dique de contención frente a un nuevo motín en vacaciones. 'Si el Gobierno cree que es necesario que se prorrogue, lo hará', aseguró el número dos. Y lo hará para garantizar 'la normalidad en los aeropuertos y que la gente pueda viajar' en Navidad.

Fuentes gubernamentales aclararon después que, en efecto, 'es muy posible' que se convoque un Consejo de Ministros extraordinario para requerir el permiso de la Cámara Baja, en cuyo caso se celebraría el martes o miércoles.

Según el artículo 162º del Reglamento del Congreso, bastaría con que el Gobierno comunicara al Parlamento su petición, pero desde la Moncloa ya se confirmaba este viernes que el Ejecutivo prefiere que sea el Consejo de Ministros quien dirima si alargar la alarma, para dar un mayor 'empaque y realce' a la decisión.

El proceso de convalidación debería concluirse antes del 19 de diciembre, cuando expiran los 15 días de vigencia del decreto del estado de alarma. La Moncloa calcula que el pleno podría ser, como máximo, el jueves, puesto que José Luis Rodríguez Zapatero viaja esa tarde a Bruselas, al Consejo Europeo, y sería él mismo quien defendería la medida.

El Congreso debería prolongar la medida antes del día 19Aunque la atención estaba ubicada en la prórroga, Rubalcaba había empaquetado ya el duro aviso a los controladores. 'Me causa perplejidad ver cómo con mentiras y medias mentiras' los controladores 'defienden aquí y allá sus privilegios', rebajando la importancia de los hechos y 'exigiendo una suerte de compartición de responsabilidades'. El Ejecutivo, añadió, tiene la 'sensación' de que los técnicos 'igual no son conscientes' de su desobediencia, que no 'huelga salvaje'. Y advirtió: 'Los ciudadanos y el Gobierno tomamos nota de este desparpajo notable y de su falta de responsabilidad'.

Rubalcaba recordó que los 'únicos' culpables del caos son los técnicos. Según la lectura de la Moncloa, no generó la crisis el Ejecutivo con el real decreto ley que aclaraba cómo han de computarse las horas de trabajo, sino que los controladores 'provocaron' la situación al parar días antes en el aeropuerto de Santiago.

El vicepresidente subrayó que esa actitud tendrá castigo. Están abiertas tres vías: la laboral los casi 500 expedientes que ha incoado Aena, la de la Fiscalía General del Estado y las demandas penales y civiles en los juzgados. 'Estas cosas no van a acabar en nada. No puede ser sentenció. El peso de la ley va a caer sobre los que cometieron esa gravísima irresponsabilidad y que ahora se pasean como si nada hubiera pasado'.

Los fiscales conservadores cargan contra Conde-PumpidoPrecisamente este viernes, la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales criticó en una nota la posición que la Fiscalía del Estado ha mantenido, y ha tachado de 'injerencia intolerable' la indicación que el Gobierno hizo al fiscal del derecho a aplicar. La normativa anunciada por Cándido Conde-Pumpido será la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, de 1964, que prevé hasta ocho años de cárcel por sedición.

Para esta asociación, el fiscal general no 'puede convertirse en órgano consultivo del Gobierno', ya que se debe a la imparcialidad y legalidad. Considera que Pumpido no debió acudir al Consejo de Ministros en el que se aprobó la alarma. No obstante, fuentes fiscales señalaron que el propio Estatuto Fiscal prevé esta asistencia a solicitud del Ejecutivo, como ocurrió en este caso, informa Ángeles Vázquez.

Rubalcaba despachó la nota con un 'no tengo nada que decir'. Y con respecto a las dudas de constitucionalidad que había visto el líder de UGT, Cándido Méndez, en el decreto ley del pasado viernes, el Gobierno tiene la 'certeza' de su ajuste a la Carta Magna y a la ley. Sobre los costes del caos, 'es prematuro' dar cifras, apuntó el ministro de Industria, Miguel Sebastián, presente también en la rueda de prensa.