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El Gobierno vota en el Congreso a favor de la subida de pensiones

La Cámara respalda por unanimidad una moción de Izquierda Plural que pide que se acomoden las prestaciones a la inflación de noviembre. El PP justifica su aval a la iniciativa en que "no puede votar contra la ley" y en que s

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Para nada se esperaba que a las diez de la noche, tras un pleno kilométrico de 13 horas, saltara la noticia en una votación. Pero así fue. A las diez de la noche, el Grupo Popular y los miembros del Gobierno que se encontraban presentes a esa hora en el Congreso votaron a favor de un punto clave de una moción de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA): el compromiso de la actualización de las pensiones conforme al IPC. 

Es la primera vez que el Ejecutivo de Mariano Rajoy respalda a través de una votación parlamentaria en el Congreso la revalorización de las pensiones, un asunto en el que se ha mostrado especialmente escurridizo en las últimas semanas. De hecho, en el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, los pasados martes y miércoles, la oposición preguntó insistentemente al ministro de Hacienda, si el Gobierno iba a dar luz verde a la subida. Y no hubo manera. Cristóbal Montoro desvió el tiro en todas las ocasiones

La moción defendida en el pleno por el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, es meridianamente clara y precisa, nada de circunloquios genéricos. En su primer punto, el que votó por unanimidad la Cámara, se insta al Ejecutivo a 'revalorizar las pensiones de 2012 en la cantidad resultante del diferencial entre el IPC de noviembre de 2012 y el incremento inicial del 1% aplicado en los Presupuestos de 2013, en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social', norma que estipula la actualización automática.

El incremento y la consolidación supondría un gasto extra de unos 5.000 millones de euros

'A estos efectos –sigue la iniciativa de Izquierda Plural–, se abonará en un pago único el diferencial del IPC correspondiente a los 12 meses del año 2012. Y asimismo se incorporará este diferencial entre el IPC previsto en los PGE 2012 y el IPC real a 30 de noviembre de 2012, al incremento de las pensiones de 2013, sumándolo al incremento inicial del 1% previsto en los PGE 2013'. Dicho de forma más sencilla, que el Gobierno proceda a abonar la desviación del IPC en un pago único y asiente esa subida para 2013. En total, la oposición calcula que el incremento de las pensiones y la consiguiente consolidación costaría unos 5.000 millones de euros, dado que la inflación prevista para el cierre de noviembre es de un 3,5%. De ese 3,5%, el Ejecutivo sólo ha hecho constar en su proyecto de Presupuestos el alza del 1%. Instituciones como el el Banco de España han desaconsejado a Rajoy que acometa la subida, dada la difícil situación de las arcas públicas y el ahogo por el cumplimiento de los objetivos de déficit.  

Coscubiela y el resto de sus compañeros de escaño salieron del pleno con evidente satisfacción. El PP no les confirmó hasta ultimísima hora, según el portavoz ecosocialista, que refrendaría ese punto de la moción. Es más, durante su intervención en el hemiciclo, la parlamentaria conservadora Carolina España no había explicitado claramente qué votaría su grupo. 'Al final, hubo noticia', repetían ufanos varios diputados de Izquierda Plural. 

'Ha llegado el momento de que contesten', apretó de nuevo Coscubiela

Montoro, preguntado por los periodistas al término del pleno, apenas quiso entrar en honduras: 'Es la ley, y la ley hay que cumplirla'. Después, fuentes del Grupo Popular explicaron que la Ley de Seguridad Social es la norma vigente, y el PP 'no podía votar contra la ley'. Pero a renglón seguido añadían que la Cámara había avalado por unanimidad (es decir, con el acuerdo de los conservadores) el punto quinto de la propuesta de Izquierda Plural: el que precisa que toda la política relativa a la Seguridad Social debe desarrollarse 'en el marco de la concertación social con las organizaciones sindicales y empresariales y diálogo político en el marco del Pacto de Toledo'. 'O sea, que si hay cualquier modificación, deberá hablarse y consensuarse en la Comisión del Pacto de Toledo', aclaraban miembros de la dirección del grupo. Ahí reside la posible coartada del Ejecutivo: la ley obliga ahora mismo a una actualización automática de las pensiones, pero si se aprueban cambios legales, esa obligación podría romperse. El Ejecutivo cuenta con otro elemento a su favor: las mociones tienen únicamente valor político, no ejecutivo, y de hecho hay cientos aprobadas que el Gabinete de turno no cumple. Saltarse una iniciativa sale pues gratis. 

'Les ha llegado la hora, hasta ahora han practicado el escapismo de todas las maneras posibles: silencio, eufemismo o mero engaño. Ha llegado el momento de que contesten a lo que se están preguntando todos los pensionistas: ¿va el Gobierno a cumplir la ley y su compromiso de revalorizar las pensiones?', presionó Coscubiela durante el debate. La respuesta del Ejecutivo, a primera vista y a la luz de la votación de esta noche, sería que sí. Pero incluso ese encierra sus trampas, y a Rajoy todavía le queda un as en la manga capital: la Comisión del Pacto de Toledo, que según anunció España se reunirá probablemente la próxima semana.