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Golpe a una trama urbanística en el Ayuntamiento de Murcia

Tres detenidos y otros seis imputados, entre estos el edil de Urbanismo (PP) y el dueño del Real Murcia. Un informe cifra en 300 millones el quebranto para el consistorio

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La corrupción urbanística recibió ayer un severo golpe con la operación lanzada a primera hora de la mañana por un juez de Murcia contra una presunta trama del ladrillo que, supuestamente, operaba en el ayuntamiento de la capital (PP) en el que presuntamente estaría involucrada la cúpula del área de Urbanismo. En la operación hubo tres detenidos, uno de ellos el gerente de Urbanismo, Alberto Guerra. Y otros seis imputados, entre los que se cuentan el concejal de Urbanismo, Fernando Berberana, y el presidente del Real Murcia, Jesús Samper. Cohecho, blanqueo y prevaricación constituyen la panoplia de delitos atribuidos a los nueve imputados hasta el momento. La Guardia Civil practicó una docena de registros, el más relevante en la sede de Urbanismo. El juez ha declarado el secreto del caso.

La trama habría causado al erario municipal un quebranto superior a 300 millones de euros, aseguraron anoche a Público fuentes del caso, que citaron como base un informe de la Intervención General del Estado (IGAE). Esos 300 millones son los que, en concepto de compensación por incremento edificatorio, habría dejado de ingresar el consistorio tras la firma de seis convenios urbanísticos. El primero se firmó en 2001. Los otros, en 2005. El objetivo global era la construcción de 25.200 viviendas y varios centros comerciales en la zona conocida como Nueva Condomina, donde ahora se localiza el estadio de fútbol del Murcia.

El juez instructor ve delitos de cohecho, blanqueo y prevaricación

Además del gerente de Urbanismo, Alberto Guerra, fueron detenidos los empresarios Higinio Pérez Mateos y Renato Del Noce. Los investigadores del caso consultados por este diario subrayaron que Hacienda ha emitido ya informes sobre los tres arrestados, que hoy pasarán a disposición judicial. Y que esos informes aportan indicios delictivos. A los tres se les atribuye el delito de cohecho (soborno). Guerra acompañó a la Guardia Civil durante el registro de Urbanismo, donde los agentes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) requisaron varias cajas de documentos.

También está imputado Joaquín Peñalver, que fue número tres de Urbanismo hasta que en marzo de 2006 cesó tras verse envuelto en otro caso de corrupción que aún se investiga. Las fuentes consultadas confirmaron la imputación de otros tres empresarios: Francisco Arqués López, Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes. A los tres se les investiga por blanqueo de capitales.

Al concejal Berberana y al ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, se les atribuye prevaricación por haber adoptado, presuntamente, una decisión urbanística injusta a sabiendas de que lo era.

Seis convenios para construir 25.000 viviendas son el origen del caso

Mientras las dependencias de Urbanismo eran registradas, el concejal Berberana negó ante los periodistas que esté imputado. En cambio, el presidente del Murcia, Jesús Samper, reconoció en declaraciones a este diario que se le atribuyen los delitos de cohecho y blanqueo, y que tanto su domicilio en Pozuelo (Madrid) como la sede de su empresa Sport Management en la calle Serrano fueron registradas. Firmante del primero de los seis convenios urbanísticos bajo sospecha, Samper dijo a este periódico que su empresa 'cumplió escrupulosamente lo que decía el Plan de Ordenación Urbana'. Y lo que exigía el plan, añadió, era 'dotar a la ciudad de infraestructuras suficientemente importantes, que en nuestro caso fue el nuevo estadio, que costó más de 4.000 millones de pesetas'.

Abogado de profesión, Samper está citado ante el juez el próximo día 15. Y 'por extremo respeto a la Justicia' no se pronunciará hasta entonces sobre los entresijos del caso. 'Lo primero que tenga que hablar debo hablarlo ante la Justicia', dijo.

Hacienda ya ha emitido informes sobre las finanzas de los tres detenidos

En 2007, los socialistas denunciaron públicamente que aquella operación en cadena había producido al ayuntamiento un grave quebranto económico que cifraron en 783 millones. El consistorio no los ingresó porque valoró el metro cuadrado de los suelos recalificados en '120 euros el metro cuadrado' en pleno boom inmobiliario, explica el portavoz municipal del PSOE en Murcia, Alfonso Navarro. La tasadora Arquitasa, a la que el PSOE encargó un estudio, cuantificó el metro en 600 euros.

Según el PSOE, el ayuntamiento no sólo recalificó los terrenos de rústicos a urbanos sino que aplicó el coeficiente edificatorio más alto (0,5) y no redactó el plan de desarrollo urbano de la zona.