El caso Faisán dio ayer un nuevo e inesperado giro con la intervención del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, quien decidió que sean los 18 jueces de esa Sala los que decidan si los hechos son constitutivos o no de un delito de colaboración con ETA.

Gómez Bermúdez tomó esta decisión en razón de la 'complejidad e importancia jurídica' del caso. Y lo hizo minutos después de que el juez instructor, Pablo Ruz, rechazara los recursos de las defensas y confirmara su imputación por colaboración con ETA.

La decisión de Gómez Bermúdez significa que el futuro procesal del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo; del jefe superior en el País Vasco, Enrique Pamiés, y del inspector José María Ballesteros cambia de manos. Ya no será la Sección Segunda de la Sala de lo Penal la que decida si el caso debe ir a un juzgado de Irún, porque únicamente se cometió revelación de secretos, o si es competente la Audiencia Nacional por tratarse de un delito de colaboración con ETA, el primero de la historia en el que los supuestos cómplices de la banda son miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Los compañeros de López ya valoraron en abril que había un delito terrorista

Un tribunal formado por tres magistrados de esa Sección Segunda ya decidió el pasado abril que los hechos eran constitutivos de un delito de colaboración con ETA. De aquella decisión discrepó uno de los tres magistrados, el progresista José Ricardo de Prada, quien en su voto particular denunció el intento de 'criminalizar' el último proceso de paz que esconde el caso Faisán.

A favor de que el caso permaneciera en la Audiencia Nacional se pronunciaron los conservadores Fernando García Nicolás, presidente de la Sección, y Julio de Diego López, ponente del auto. Este periódico publicó que la insólita denuncia que emitió De Prada en su voto particular era la consecuencia de las presiones que había ejercido Enrique López, otro magistrado de la Sala que sin embargo no integraba el tribunal, para que García Nicolás virase en sus planteamientos originales y se decantara por la tesis de colaboración con ETA. La insistencia del Partido Popular en proponer a López para integrar el Tribunal Constitucional bloquea desde hace dos años la renovación del mismo. Al regreso del verano, López y el resto de miembros de la Sección Segunda emitirán su voto como el resto de los miembros de la Sala de lo Penal.

Otra opción es que el pleno no aprecie colaboración y envíe el caso a Irún

La decisión de su presidente, Javier Gómez Bermúdez, atiende a las dudas técnicas que produce el caso. Si la Fiscalía había argumentado que debe haber identificación ideológica entre los policías y ETA para que los primeros pudieran haber incurrido en colaboración con la banda, el juez Ruz se mostró ayer incluso más firme en su planteamiento de que se produjo un delito terrorista. En su auto de ayer, rechaza los recursos al procesamiento de las tres defensas. Y va un paso más allá, al decir que los supuestos autores del chivatazo tenían 'voluntad y conocimiento' de que los nueve millones de pesetas que la red de extorsión alertada iba a trasladar a Francia procedente de la extorsión a empresarios no fueran recuperados por las Fuerzas de Seguridad y acabaran en manos de la 'organización terrorista o de alguno de sus presuntos integrantes, para el cumplimiento y ejecución de las actividades y finalidades perseguidas por tal organización'.

El juez despacha en 11 folios los extensos recursos de la defensa. La de Pamiés y Ballesteros planteaban la hipótesis de que fue el equipo investigador del chivatazo el autor del mismo. Los policías que investigaron el caso por decisión del juez Fernando Grande-Marlaska eran los mismos que iban a detener al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, y al resto de presuntos miembros de la red cuando se produjo el soplo. Las sospechas vertidas en contra de Germán, dice el juez, 'carecen de sustento'.