El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, perdió ayer los nervios durante un debate en la Asamblea sobre el campo de golf construido en el centro de la capital, obra autorizada de forma ilegal por el Gobierno autonómico. El portavoz de IU, Fausto Fernández, preguntó al número dos de Esperanza Aguirre sobre su actuación en el proceso de adjudicación del campo y González lo acusó de mantener 'una actitud zafia y miserable'.

En enero, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la decisión del Ejecutivo madrileño de construir el campo de golf y varias pistas de pádel sin licencia municipal, con el argumento de que se trataba de una obra de 'excepcional interés general'. El Gobierno de Aguirre argumentó que el golf y el pádel eran deportes 'con numerosos aficionados en la Comunidad de Madrid'. Pero el TSJM consideró que esta justificación era 'notoriamente insuficiente'.

A pesar de la contundencia de la resolución judicial, González interpretó que 'el interés general no lo declaró el Consejo de Gobierno [de Madrid], sino que lo declara la ley'. El vicepresidente insistió, durante su intervención en la Asamblea, que lo que mejor acredita ese interés 'es el apoyo masivo de los vecinos' que acuden a las instalaciones. Según él, van 4.000 madrileños al día.

El portavoz de IU recordó, no obstante, otros intereses que podría haber tenido el vicepresidente madrileño para promocionar la construcción de las instalaciones deportivas. Ignacio González es el presidente del Canal de Isabel II, empresa pública que adjudicó el proyecto. Un cuñado suyo, José Juan Caballero, fue uno de los promotores del proyecto, según desveló Público el 6 de febrero de 2009.

La explotación de las instalaciones deportivas se la concedió el Canal a un consorcio formado por tres empresas. Una de ellas, denominada Tecnoconcret, era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. Además, el número dos de Aguirre no se abstuvo en el consejo de administración del Canal que aprobó la adjudicación y ocultó al resto de consejeros la vinculación de su familia con el dueño de Tecnoconcret.

Que Fernández mencionara todas esas vinculaciones no gustó nada al vicepresidente regional, como quedó patente durante su respuesta en el pleno: 'Si lo tiene tan claro, haga esas acusaciones fuera de esta Cámara y no se ampare en la inmunidad parlamentaria, y nos veremos en los tribunales', emplazó González al portavoz de Izquierda Unida.

La portavoz del grupo socialista, Livia Castillo, dudó de que González conozca la ley. 'Tal vez conociéndola, prefiera obviarla, lo que, al margen de otras figuras de Derecho, sería inadmisible e inmoral en un servidor público'. Fausto Fernández consideró por su parte razonable que González haya decidido recurrir la sentencia del TSJM. 'Es lógico que recurra, porque de acatar debería dimitir', advirtió.