Los barones autonómicos del PP siguen metiendo la tijera y desbrozando el terreno a Mariano Rajoy. El Govern balear anunció ayer que para reducir el déficit no pagará las horas extras ni el complemento de productividad a sus empleados. Tampoco tiene previsto contratar a más funcionarios interinos ni renovar al personal laboral temporal.

Ambas medidas se aplicarán de forma inmediata y sin un horizonte final porque, aunque se fijó el 31 de diciembre de 2012, la fecha se replanteará en función de la evolución económica. El portavoz del Ejecutivo insular, Rafael Bosch, afirmó ayer que están obligados a 'tomar decisiones y rápidas' pero no informó sobre el ahorro que supondría.

La decisión se suma a las ya realizadas. Primero, el presidente balear, José Ramón Bauzá, anunció el adelgazamiento de la Administración. Algo que, según su equipo, supuso un ahorro en torno a los 10,7 millones de euros (el 0,33% del Presupuesto). Y después llegó otra iniciativa más polémica, como fue la supresión de la totalidad de los liberados sindicales y la eliminación de subvenciones con lo que se logró economizar 2.955.000 euros (un 0,09%).

Ahora se va a dar un paso más aunque se ha decidido, conscientes de lo impopular que sería, que no afecte a los empleados de los servicios públicos esenciales como son los de sanidad, los que se dedican a la lucha contra incendios o los de emergencias. También se valorará autorizar la contratación de más gente cuando se considere una necesidad urgente y pueda afectar a la prestación de servicios.

En la misma línea el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, anunció que 'habrá que bajar el nivel de inversiones'. Pero como todos sus compañeros del PP trató de desterrar el fantasma de los recortes sociales asegurando que 'son inamovibles'. 'Antes que cerrar un quirófano o clase, cerraríamos la televisión autonómica', aseguró.En una entrevista en RNE, Valcárcel reconoció que actualmente 'no se pueden hacer las mismas cosas que cuando había dinero y hay que establecer la prioridad'.

En Extremadura están en plena elaboración de unos Presupuestos en los que se prevé una reducción que va del 10 al 20%. Hasta el momento su presidente, José Antonio Monago, sólo ha concretado un recorte de unos 200 millones (3,8%) por, entre otras cosas, la reducción de altos cargos. El secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, le pidió ayer alcanzar un pacto sobre ingresos y de lucha contra el fraude fiscal.

A su juicio 'puede que no sea necesario recortar tanto' y criticó que exista un 'discurso monocorde' como si no existiera 'otra opción'. Para Vara es 'imposible cortar y cortar en las cantidades que el gobierno está hablando sin tocar sanidad, educación o servicios sociales'.IU aprovechó para exigir 'un esfuerzo' para recaudar más tocando 'al alza' algunos impuestos. Algo que la dirección nacional del PP rechaza de plano.

El plan de recortes de mayor calado corresponde a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Ayer el ex presidente, José María Barreda, se defendió asegurando que no había sido 'un manirroto' y pagaba las deudas 'año tras año sin problema'.