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El Govern catalán se encamina hacia "la abolición de la prostitución"

El conseller Josep Lluís Cleries asegura que se irán aumentando las dificultades para acabar con este "sistema de esclavitud"

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El Govern de Catalunya irá poniendo cada vez más dificultades al ejercicio de la prostitución en Catalunya para seguir un proceso que culmine con "el estadio ideal último de la abolición", según ha declarado el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries.

Todavía no han formulado una propuesta global sobre la prostitución, pero varios departamentos ya han hecho propuestas con estrategias encaminadas todas a restringir cada vez más "un sistema de esclavitud que en una sociedad como la nuestra no tiene que tener cabida".

Después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya comenzado los trámites para endurecer más la ordenanza de civismo que aprobó en 2006, le están siguiendo más departamentos que pretenden prohibir la prostitución en la calle en su totalidad. La propuesta la ha presentado el Partido Popular y CiU y fue aprobada por la Comisión de Presidencia del Consistorio este miércoles. Ahora se encuentra en el trámite de alegaciones y la primera que se ha planteado es que las sanciones a clientes sean superiores.

Con esta nueva norma local se pretende eliminar el preaviso, anteriormente establecido, e imponer la capacidad de que la Guardia Urbana pueda poner directamente las multas. También proponen cambios en las sanciones que podrán llegar a los 300 euros por negociar en la calle, ascenderá a 750 si esto se produce a menos de 200 metros de una escuela y oscilará entre los 1.500 y 3.000 euros en caso de que se mantengan relaciones sexuales en el espacio público.

Las consellerias de Interior y de Territorio y Sostenibilidad han seguido los pasos del Ayuntamiento de Barcelona y pretenden aplicar una modificación de la Ley de Carreteras para, en base a criterios de seguridad, sancionar con multas de hasta 30.000 euros a las prostitutas y clientes en las carreteras de titularidad catalana.

"En Catalunya tenemos un impacto visual que no es normal"El conseller ha explicado que el control de las prostitutas que se ofrecen en las carreteras "es un trabajo muy positivo, porque hay experiencias en otros países que han conseguido mejorarlo mucho" y ha justificado su razonamiento diciendo que "en muchas zonas de Catalunya tenemos un impacto visual que no es normal".

Además, Interior también prepara una ley de usos del espacio público que prevé también prohibir la prostitución callejera, tal y como aprobó ayer el Ayuntamiento de Barcelona, que ha endurecido su ordenanza de civismo para sancionar a las meretrices de la calle y a sus clientes sin previo aviso. Cleries ha señalado que "la abolición es el estado ideal último al que tenemos que tender, pero antes tenemos que pasar por unos procesos".

El conseller ha reconocido que el Govern "está mirando, por diferentes medios y caminos, ir poniendo dificultades porque creemos que es un sistema por el que unas personas se ganan la vida y otras satisfacen sus necesidades sexuales que en una sociedad como la nuestra tendría que quedar fuera de lo que son las relaciones normales", ha dicho.

La presidenta del Institut Català de les Dones, Montse Gatell, pidió hace pocos días que no se piense en la regulación de esta actividad, si no que se dirijan hacia la abolición de la prostitución con "valentía política", refiriéndose al Govern.

Después de que el gobierno de Jordi Pujol (CiU) regularizase las condiciones que deben tener los locales donde se ejerce la prostitución, el gobierno de Pasqual Maragall (PSC), con la entonces consellera de Interior, Montserrat Tura, intentó regularizar el ejercicio del trabajo sexual, pero topó con discrepancias en el seno del propio gobierno y del PSC, algunas de cuyas dirigentes también proponían el camino de la abolición. El último gobierno de José Montilla tampoco abordó la cuestión de la prostitución más allá de perseguir a las mafias y proxenetas, en parte porque la legalización de esta actividad es competencia del Congreso de los Diputados y la capacidad normativa de la comunidad autónoma está limitada.