Pagar 15 millones a un arquitecto por una obra que nunca llega a hacerse, y a sabiendas de los obstáculos que hacen prácticamente imposible su realización. Eso es lo que hizo la Generalitat Valenciana con Santiago Calatrava. Y eso es lo que ayer la portavoz del Gobierno Valenciano, Lola Johnson, defendió ante los medios de comunicación.

La Generalitat pagó esa cantidad de dinero por el proyecto de las llamadas 'Torres de Calatrava', tres rascacielos de lujo con los que la Generalitat aspiraba a completar la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El proyecto nunca llegó a construirse por obstáculos que se conocían desde el momento en el que se firmó el contrato, entre los que destacan la ubicación de la parcela en una zona de servidumbre aérea, y el hecho de que los terrenos estaban sujetos a un litigio judicial entre el Gobierno autonómico y los antiguos propietarios.

Estos problemas, a los que luego se sumó la crisis económica, no fueron óbice para que la Generalitat abonara al arquitecto los 15 millones que, según el contrato, costaba su trabajo de redacción del proyecto. En 2010, cuatro años después de que el arquitecto se embolsara el último cheque, el Gobierno autonómico anunció que intentaría vender el solar para afrontar sus problemas financieros.

La puesta en venta de los terrenos alejó la posibilidad de que las Torres se hicieran realidad. No obstante, ayer Lola Johnson calificó los trabajos de Calatrava respecto a este proyecto de 'un activo' de la Generalitat. La portavoz y consellera de Turisme afirmó que 'es un activo, es un dinero que se pagó por unos trabajos que efectivamente se realizaron', según informa Europa Press. La consellera explicó que el proyecto redactado por Calatrava 'es propiedad de la Generalitat Valenciana', por lo que 'en cualquier momento podría, si la situación económica acompañara o así se decidiera (...), poner en marcha o vender'.

Johnson reconoció los pagos al arquitecto después de que el pasado martes un informe de la Fiscalía de Valencia los hiciera públicos. Hasta ahora, sólo se conocía el cobro por parte de Calatrava de 2,5 millones, ya que así figuraba en un informe de la Sindicatura de Comptes, el equivalente valenciano del Tribunal de Cuentas.

Desde que Calatrava fue contratado en 2005 hasta el pasado mes de octubre cuando el nuevo ejecutivo valenciano accedió a mostrar el documento, la Generalitat escatimó cualquier información referida a las Torres de Calatrava. El PSOE solicitó consultar el contrato, receloso de que el nuevo proyecto supusiera los mismos gastos desbocados que el resto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias según los socialistas, el complejo arrastra 600 millones de sobrecostes. Pero el Gobierno que Francisco Camps dirigía se negó a mostrarlo aludiendo a una cláusula de confidencialidad que el arquitecto habría exigido.

En su comparecencia en Les Corts Valencianes de ayer, la consellera de Turisme también explicó los grandes eventos y proyectos estratégicos capítulo en el que está incluida la Ciudad de las Artes y las Ciencias serán una de las pocas áreas que aumentarán su presupuesto. En concreto, se invertirán 30,5 millones más que el año anterior, hasta alcanzar los 219 millones de euros.

La mayor parte del dinero se dedicará a pagar acontecimientos deportivos, como la celebración de una carrera anual de Fórmula 1 en el Puerto de Valencia. También habrá una gran partida dedicada al aeropuerto de Castellón. Esta infraestructura fue un empeño personal de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón e imputado por presunta corrupción. Fue inaugurado poco antes de las elecciones de mayo, pero todavía no ha despegado ni aterrizado allí ningún avión.

El presupuesto, sin embargo, registra bajadas en casi todo el resto de partidas. Educación y Sanidad han bajado un 2,4% y un 0,4% respectivamente. Las consellerias más maltratadas han sido Agricultura, con un 13,4% menos de gasto, y Economía, Industria y Comercio, que disminuye un 14,9%.