España no podrá vender armas a países que se consideren 'preocupantes' por la existencia en los mismos de conflictos armados, una grave inestabilidad interna o sean Estados que vulneren los derechos humanos.

Así será si el Gobierno hace caso a la petición que, por unanimidad, le hicieron todos los grupos políticos con representación en la Comisión de Defensa del Congreso, que exigieron al Ejecutivo, además, que esas denegaciones se den 'con carácter preventivo'. Esto conllevaría el análisis de cada operación teniendo en cuenta la situación del país de destino.

Es la respuesta de los partidos ante el informe sobre venta de armas de 2009 que el pasado junio presentó la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, y que levantó las sospechas sobre un posible uso de las exportaciones españolas contra los derechos humanos.

Ese informe apuntaba a que, durante el año pasado, se vendió armamento al Gobierno iraní por valor de 39 millones de euros, así como dos radares a la Libia del dictador Gadafi por 12 millones.

Ambas operaciones suscitaron las críticas de PP, CiU y UPyD, que alertaron de la posible vulneración del artículo 8 de la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que prohíbe las exportaciones a países en conflicto.

Todos los grupos presentes en la Comisión de Defensa -PSOE, PP, CiU, IU y UPyD- exigieron a Industria que concrete y detalle 'en mayor medida' el destino y uso del material exportado, así como que se aplique un 'criterio más restrictivo' al permitir la venta de material antidisturbios y de uso policial.

El portavoz del PP Ignacio Cosidó aseguró que 'España puede presumir de un sistema de transparencia en la venta de armas', aunque echó en falta un 'mayor apoyo' del Gobierno a las industrias de Defensa. Rosa Díez, de UPyD, insistió en pedir a los grupos un esfuerzo para dar 'con la fórmula que permita conocer con certeza' qué se hace con las armas exportadas.