La Guardia Civil considera que el exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera (2000-2004) jugó un 'papel esencial' en la concesión de ayudas a un grupo de empresas propiedad de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso (2.300 habitantes, Sevilla) de aquella época. La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, considera que estas ayudas, que ascendieron a 13,7 millones de euros entre 2001 y 2004, fueron concedidas ilegalmente.

Así lo expone la Guardia Civil en un oficio enviado ayer a la magistrada. En él, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) recogen que, según se desprende del testimonio del ex director general de Trabajo Javier Guerrero (1999-2008), a quien interrogaron el martes pasado, Viera 'no sólo tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas, sino que, especialmente en relación a las vinculadas a [José Enrique] Rosendo, fue él quien las promovió'.

Según Guerrero, quien metió a su suegra en un ERE sin que tuviera derecho a ello, que compró cocaína con dinero público a través de su chófer y que, por supuesto, está imputado en el caso, Viera le indicaba y le insistía en que esas subvenciones tenían 'que salir adelante'. La Guardia Civil añade que el exconsejero 'le dijo que había que ayudar a Matadero de Sierra Morena [la empresa matriz de Rosendo] y a todas aquellas empresas que colgaban de la misma'. Independientemente del dinero otorgado para financiar ERE de empresas realmente en crisis, entre 2001 y 2008, mientras Guerrero fue director general, la Junta otorgó ayudas directas a otras empresas por valor de 60 millones de euros, según la Guardia Civil. En torno a la mitad de ese dinero, unos 30 millones de euros, se concedió a sociedades vinculadas a la Sierra Norte de Sevilla, especialmente en El Pedroso. Los agentes le preguntaron a Guerrero el motivo por el que se concedieron ayudas en esa proporción, 'cuando la comarca de la Sierra Norte de Sevilla cuenta con una población de unos 30.000 habitantes y el resto de Andalucía con ocho millones'. Guerrero, que fue alcalde de El Pedroso antes de dar el salto a la Junta de Andalucía en 1999 y que también conocía a la familia Rosendo, no asume ninguna responsabilidad y la descarga entera en su entonces jefe, José Antonio Viera.

La jueza aún no ha imputado a Viera. Si lo hiciera, Alaya perdería el caso, que volaría hacia el Tribunal Supremo, dado que es aforado como diputado por Sevilla en el Congreso. El exconsejero dimitió como secretario provincial del PSOE hace 11 días, en medio del proceso de elaboración de las candidaturas para las autonómicas del 25-M por razones que ni él ni su partido han explicado aún de manera convincente.

Mientras Viera se libra por el momento de una imputación cantada, su sucesor en el cargo, Antonio Fernández (2004-2010), sí ha sido inculpado por la jueza. También están acusados los sustitutos de Guerrero en la dirección general, Juan Márquez y Daniel Rivera, este aún en el cargo. Y ayer la magistrada incluyó a Agustín Barberá, viceconsejero de Fernández, en la lista de imputados. La jueza cree que conoció y 'dio el visto bueno' a las ilegalidades de los ERE.

Alaya investiga el reparto presuntamente ilegal de 700 millones de euros en ayudas sociolaborales, entre los años 2001 y 2010.