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Hacienda cobra la deuda de 'El Pocero' a quienes compraron sus viviendas en Seseña

Embarga los créditos hipotecarios que existan a favor del constructor // El impago de Francisco Hernando alcanza los 87,2 millones de euros

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La deuda de más de 87,2 millones de euros que Francisco Hernando, El Pocero, tiene contraída con Hacienda no la acabará pagando él, sino aquellos que le compraron viviendas en la localidad toledana de Seseña, en el programa de actuación urbanística (PAU) de El Quiñón. Es la decisión de la Agencia Tributaria (AEAT), que desde finales de noviembre ha ido remitiendo a los compradores de los pisos una carta donde les declara 'embargados los créditos' hipotecarios a favor del promotor.

Público ha tenido acceso a la comunicación del fisco. Hacienda explica que El Pocero –en concreto su constructora Obras Nuevas de Edificiación 2000, SL (Onde 2000)– no ha ingresado en el 'correspondiente plazo' el pago de sus 'deudas pendientes'. El importe inicial de las mismas era de 82.819.749,12 euros, que sumados a los 18.360 euros de costas y los otros 4.379.628,15 euros de intereses de demora, hace que el agujero final ascienda a 87.217.737,27 euros.

La AEAT se dirige ahora a aquellos que tienen una 'relación comercial' con Hernando. Y a ellos les embarga los créditos a favor de Onde 2000 que tengan 'pendientes de pago', ya sean 'cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquellos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor' con la promotora, se explicita en una de las misivas, fechada el 2 de diciembre de 2010.

Es decir, que como Hacienda no puede cobrar de El Pocero, ordena que los que estén abonando sus pisos deriven sus letras de la hipoteca a las arcas del Estado. Fuentes conocedoras del caso señalan que los afectados han recibido la carta 'con sorpresa y preocupación'.

Hacienda exige a los propietarios que, en un plazo de 10 días, indiquen a cuánto asciende su préstamo, con qué periodicidad van pagándolo, si tienen avalistas, si existen embargos previos o si el contrato con Onde 2000 es de alquiler y no de compra. Por último, la AEAT señala cómo se puede abonar la deuda: en las entidades colaboradoras, vía transferencia o por internet.

Hernando proyectó en El Quiñón 13.508 viviendas. Sólo se han edificado unas 5.000. De ellas, vendió 2.300 a siete bancos y cajas en junio de 2009, con lo que se quitaba de encima hipotecas por más de 800 millones.

El 20 de octubre de este año se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que libraba a El Pocero de cuatro años de cárcel y una multa de cuatro millones. El fallo tumbaba sendas condenas del Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid y de la Audiencia Provincial, que además le obligaba a indemnizar a Hacienda con 1,9 millones por cuatro delitos de fraude fiscal. Hernando salió bien parado gracias a la división en el TC: de los seis magistrados, los tres conservadores se inclinaban por exculparle, y los tres progresistas discrepaban. Dirimió el presidente de la Sala Segunda y ponente, Guillermo Jiménez.

Este diario intentó recabar ayer domingo por la tarde, varias veces, y tanto por móvil como por correo electrónico, la versión de El Pocero a través de su portavoz oficial, Alfredo Urdaci. No hubo respuesta.

En los últimos meses, Hernando ha tenido que hacer frente a varios varapalos judiciales. El último llegó el 23 de noviembre de 2010, cuando la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el fallo del Juzgado 43 de la capital, del pasado agosto. El constructor se había querellado en julio de 2008 contra tres dirigentes de IU por denuncia falsa: Cayo Lara, el actual líder federal (y antes coordinador de IU en Castilla-La Mancha); Manuel Fuentes, alcalde de Seseña desde 2003, y Manuel Cámara, secretario de Organización con Gaspar Llamazares de máximo responsable.

Aquel escrito de El Pocero era la pataleta por la denuncia que IU llevó ante la Fiscalía Anticorrupción en 2006, al observar presuntas irregularidades en la operación de El Quiñón, aprobada en mayo de 2003 –tres semanas antes de las elecciones– por el equipo de José Luis Martín, el regidor socialista. La Audiencia Provincial estimó que “para los denunciantes, los hechos eran ciertos y actuaron en la firme creencia de que se habían producido irregularidades en la actuación urbanística”. Los denunciados, esgrímia el tribunal, 'no obraron de forma dolosa', pues 'nada apunta a que denunciaran con voluntario desprecio a la verdad'.

Hernando no se ha cansado de acosar a IU: ha presentado 'más de 15' escritos contra la federación, según los cálculos de esta, pero los tribunales han fallado contra él en una 'decena de ocasiones', tanto en primera como en segunda instancia.