Con el escaso margen que permite el encaje de bolillos presupuestario, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pudo ayer anunciar nuevas medidas para aliviar el impacto de la crisis económica en colectivos como hipotecados o autónomos.

El Debate sobre el Estado de la Nación suele ser el marco elegido para que el presidente anuncie este tipo de iniciativas, que en los últimos tres años habían estado marcadas por la influencia de la recesión. En esta ocasión no fue diferente, aunque Zapatero optó por regular especialmente los tempos y la información de las medidas privando a su oponente, Mariano Rajoy, de detalles y brindándoselos a los dos partidos nacionalistas, CiU y PNV, de cuyo voto dependen los Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Para asegurar la querencia de estos partidos a las cuentas del Estado, Zapatero escogió una medida que incide en las reivindicaciones tradicionales de ambos grupos políticos: el pago a los autónomos de las facturas atrasadas por parte de los ayuntamientos. Pero también escogió una medida estrella que es un claro guiño a los indignados y a su público de izquierdas. Así, aumentará las trabas para que los bancos puedan embargar los ingresos a una familia hipotecada cuando esta no pueda pagar la deuda.

La intervención y las réplicas de Zapatero a la oposición parlamentaria estuvieron salpicadas de comentarios sobre la crisis y el ajuste fiscal, por lo que también adelantó un mayor control del gasto en las comunidades autónomas, una medida que quedó especialmente en el aire. Estos son los detalles de algunos de los principales anuncios económicos que el presidente hizo ayer.

El Gobierno está ultimando un paquete de medidas para aumentar la protección de las familias hipotecadas que en determinados casos no puedan hacer frente al pago de la deuda contraída con el banco.

El principal elemento de esta protección será la subida del límite de inembargabilidad de los ingresos, esto es, qué parte de los salarios u otros ingresos del hipotecado puede embargar el banco para pagar la hipoteca. Aunque el Ejecutivo de Zapatero ya había elevado este límite un 10% por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que en la actualidad está en 641 euros, la nueva iniciativa irá más allá con un paso 'audaz' en palabras del presidente al subir este tope hasta un 50% sobre estos ingresos mínimos.

Así, según explicó el propio Zapatero en la tribuna durante la réplica al líder de CiU Josep Antoni Duran i Lleida, con el SMI actual no se podrán embargar ingresos por debajo de los 961 euros. Si además se tienen familiares a cargo que no tengan ingresos, se podrá sumar otro 30% a este montante. A una familia con dos hijos, por ejemplo, no se le podría embargar una cantidad que les dejara por debajo de los 1.350 euros al mes.

La medida extiende esta barrera de protección a lo que se podría considerar el trabajador medio en España, ya que, según los últimos datos del INE, el salario más común es de 15.500 euros anuales o, lo que es lo mismo, unos 1.100 euros mensuales en 14 pagas (brutos).

Además, Zapatero avanzó que 'el Gobierno sigue estudiando los procesos de ejecución hipotecaria en algunos supuestos abusivos para poner coto a algunos procesos de subasta'. Según fuentes próximas al Gobierno, las medidas no estarán listas para esta semana y no se descarta proponer algún supuesto en el que se pueda contemplar la dación en pago, es decir, dar la casa para saldar la deuda, aunque sería de forma excepcional.

Zapatero insistió en que la medida sólo afectará a los créditos en forma de hipoteca. Aunque la patronal bancaria no se ha manifestado abiertamente, sí había incidido en el pasado en la oportunidad de establecer barreras de protección para los casos más delicados. Los desahucios y las ejecuciones hipotecarias se han disparado desde el inicio de la crisis y en las últimas semanas se han convertido en una de las principales banderas del 15-M.

Una de las medidas más demandadas por los colectivos de autónomos y por extensión por CiU que ha hecho de los trabajadores por cuenta propia una de sus principales señales programáticas, la de poner freno a la morosidad del sector público, también puede encontrar una vía de escape con la nueva propuesta del Ejecutivo. Zapatero asegura que ha encargado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que mandate al ICO una nueva línea de crédito que facilite los pagos de las facturas pendientes de los ayuntamientos a sus proveedores. Así, el ICO pagará directamente las facturas fechadas hasta el 31 de abril de 2011 con un importe máximo del 25% de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que será la garantía final del préstamo. Los préstamos tendrán un plazo de tres años.

En 2009 se creó una línea ICO para avalar con 3.000 millones de euros las facturas impagadas que tuvieran en su poder las empresas proveedoras de los ayuntamientos. Sin embargo, el pago directo de estas facturas es una forma mucho más eficaz de introducir liquidez en las pymes y en los autónomos, que son los que más sufren la morosidad de las administraciones públicas.

En un mensaje más lanzado a los mercados que a la bancada del Congreso, el presidente anunció que se impondrá una regla de gasto a las comunidades autónomas. La medida se anunciará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar en julio, en el que también se hará un llamamiento para mejorar la calidad de la información presupuestaria disponible, un ámbito en el que, a su parecer, se ha avanzado 'claramente'.

Zapatero ha pedido la 'colaboración leal' de las comunidades autónomas para ejercer la corresponsabilidad fiscal de forma que se pueda cumplir el 'exigente' objetivo de alcanzar un 6% de déficit este año. Sin embargo, el presidente reconoció que la información disponible del primer trimestre sobre algunas comunidades desvela 'incertidumbres' sobre su cumplimiento.

Precisamente ayer, la agencia de calificación de crédito Moodys emitió un informe en el que advertía que son necesarias 'medidas adicionales' por parte de las autonomías para mejorar sus cuentas públicas, avisando además de la posibilidad de un recorte en sus notas de solvencia. El informe de Moody's dice que hay varias comunidades que ponen en peligro el límite de déficit del 1,3% del PIB. En particular, la agencia llama la atención sobre los problemas para controlar los gastos en sanidad y en educación y acusa a la falta de voluntad política para tomar ciertas medidas antes de las elecciones de mayo del desbocamiento de la situación. En total, la agencia calcula que, de no realizar nuevos ajustes, las comunidades se excederán en un 0,75% sobre el objetivo inicial. La agencia cree que Castilla-La Mancha, Catalunya, Murcia y País Valencià tendrán grandes dificultades para lograr sus objetivos, mientras que el resto puede llegar a cumplir sus compromisos.

Aunque durante la primera jornada del debate Zapatero no entró en detalles, el presidente deslizó que entre las medidas que se tomarán en los próximos meses también estarán las dedicadas a mejorar la situación de los emprendedores. La reducción de cargas administrativas y el tratamiento fiscal son algunas de las principales demandas del colectivo.