El juez Baltasar Garzón acaba de regresar de Colombia asqueado por el hedor y el horror de la muerte. Invitado por el Fiscal General colombiano y en compañía del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, Garzón asistió en Colombia a la exhumación forense de unos cuantos cadáveres de una de los varios millares de fosas comunes clandestinas donde yacen las víctimas de la irregular guerra intestina que desgarra el país desde hace más de medio siglo, recrudecida y agravada en los últimos veinticinco años por cuenta de los dineros inagotables del narcotráfico.

Una guerra que enfrenta a las ya veteranas guerrillas marxistas (alimentadas por el narcotráfico) con los paramilitares de la derecha capitalista rural (favorecidos por el narcotráfico) y con las fuerzas armadas del Estado (también cebadas por el narcotráfico indirectamente y de rebote: el Gobierno de los Estados Unidos le presta al de Colombia ayuda militar para que combata el narcotráfico y la subversión guerrillera alimentada por el tráfico de drogas por un montante de quinientos millones de dólares al año).

Esa guerra, que unos llaman política y otros, social, y que algunos niegan que exista (el Gobierno del presidente Alvaro Uribe, por ejemplo, sostiene que es simple delincuencia común narcoterrorista, puesto que en una democracia ejemplar como es la de Colombia no pueden existir razones valederas para la insurgencia armada), ha dejado decenas de millares de muertos y desaparecidos, miles de secuestrados y más de tres millones de desplazados del campo a las ciudades, donde hoy piden limosna en los semáforos.

En los telediarios colombianos, el juez español Garzón y el fiscal argentino Moreno se tapaban con los dedos las narices ante la hediondez de la fosa abierta. Una de tantas. Se calcula que faltan por encontrar y destapar por lo menos diez mil más, con tres o cuatro veces su número de víctimas. A las que hay que sumar los cuerpos de las que se quedaron sin enterrar para escarmiento del enemigo (paramilitar o guerrillero), y los miles que no aparecerán nunca porque fueron descuartizados y arrojados a los ríos o dados de comer a los caimanes, ya que, en ciertas regiones y en ciertas circunstancias, las autoridades locales pedían a los paramilitares que no dejaran huella estadística de las matanzas para no perturbar la buena imagen del pueblo o de la región.

El recuento de asesinados va despacio, dado que la Fiscalía General de la Nación, encargada del asunto, no dispone de los recursos necesarios ni del personal suficiente: se calcula que al ritmo actual el hallazgo y apertura de fosas tomará unos cincuenta años, si las matanzas se suspenden. Cosa que no ha ocurrido: los paramilitares, en teoría desmovilizados, han sido reemplazados por nuevas pandillas de asesinos al servicio del narcotráfico que el Gobierno colombiano llama púdicamente 'bandas emergentes' y cuya existencia muchos niegan en redondo.

Para ellos, los más entusiastas partidarios de la llamada 'seguridad democrática' del Gobierno de Alvaro Uribe, la visita del juez español Garzón y del fiscal argentino Moreno es una intolerable intromisión imperialista en los asuntos internos de Colombia. Que Moreno se vaya a investigar crímenes de las juntas militares argentinas. Y que Garzón se vuelva a España a desenterrar muertos de la Guerra Civil.

Y sí. Espoleado por el horror y el hedor de las tumbas colombianas, el juez Baltasar Garzón decidió atender las denuncias de las asociaciones españolas por la recuperación de la memoria histórica, y emprender la investigación judicial sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la represión inmediatamente posterior del régimen de Franco. La fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a esa iniciativa arguyendo que, en virtud de la Ley de Amnistía de 1977, los crímenes cometidos durante la guerra y la posguerra han prescrito, y eran, además, delitos comunes cuya investigación no corresponde a los jueces de la Audiencia. Los derrotados ya pagaron lo suyo; los vencedores, no: para eso vencieron. Como siempre en la historia, la victoria ha sido justificación suficiente para los horrores que la hicieron posible.

Por eso, el ejemplo colombiano que inspiró al juez Garzón no es el más apropiado. Se trata de un caso raro en la historia: el único, tal vez, en que los juicios han empezado antes de que haya terminado la guerra que dio lugar a los crímenes que se juzgan. No es fácil.

No es fácil, entre otras muchas razones, porque quienes fueron los impulsores y amparadores de esa guerra y de esos crímenes en la parte tocante al Estado están en el poder. De ahí viene el agrio enfrentamiento entre la Justicia colombiana (Corte Suprema, Corte Constitucional, investigadores de la Fiscalía) y el poder ejecutivo de Uribe, muchos de cuyos representantes en el legislativo están hoy presos o acusados ante los jueces por complicidad con los grupos armados de la violencia narcoparamilitar (otros parlamentarios de la oposición liberal o de izquierda están siendo a su vez investigados por complicidad con la violencia narcoguerrillera).

Y, para complicar aún más las cosas, tanto los unos como los otros corren el riesgo de ser reclamados en extradición por los tribunales de los Estados Unidos para ser juzgados por el delito de narcotráfico, ahora llamado convenientemente 'narcoterrorismo' para inspirar mayor miedo: el único delito de lesa majestad, de leso Imperio que va quedando en el mundo.

No es fácil terminar una guerra. Los muertos, enterrados y sin desenterrar, siguen hediendo.