¿Es el adulterio una causa de despido en un país laico? En la mayoría de las profesiones, no. Pero no es el caso de los 17.000 profesores de Religión de la escuela pública española, cuya situación 'especial' consagrada en los Acuerdos Iglesia-Estado permite que sea el obispo quien decida si se les despide y la Administración la que les pague e indemnice. Una trampa en la que caían profesionales por aspectos relacionados exclusivamente con su vida privada, como un divorcio, una separación o la orientación de su voto.

En los últimos años, decenas de profesores de Religión han visto cómo se declaraban improcedentes sus despidos, y se obligaba a la Administración a indemnizarles. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo la posibilidad de recuperar su empleo. El Concordato blinda la decisión de los obispos, de modo que las consecuencias penales de sus decisiones acaba pagándolas el contribuyente. Algunas diócesis llegaron a mandar cartas a los profesores amenazándoles con el despido si apoyaban a sus compañeros, o si no cedían el 5% de su sueldo a la Iglesia.

Uno de los casos más graves fue el de la canaria María del Carmen Galayo Macías, a quien no se le renovó su contrato en el año 2000 'por vivir en pecado', según el vicario de la diócesis, Hipólito Cabrera. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó al Obispado con 10.385 euros, el Constitucional dio la razón a la Iglesia, argumentando que la docente debía vivir según los preceptos de la Iglesia. Finalmente, el Supremo revocó la orden del TC, pero la multa la pagó la Administración.