En unas ocasiones agarrándose con fuerza a la presunción de inocencia. En otras, confiando en que los casos serán archivados. También, como sostiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, porque quienes están imputados 'por tonterías' pueden ir en las listas. O, como ha ocurrido en el País Valencià, porque el hecho de que el cabeza de cartel, Francisco Camps, esté en el punto de mira de los tribunales hacía muy difícil limpiar las listas de otros encausados. El 22 de mayo ofreció a los ciudadanos cerca de un centenar de imputados e implicados en las candidaturas municipales. La mayor parte de ellos juraron ayer.

Lo hicieron enfrentándose no sólo a las acusaciones y críticas de la oposición, sino en el punto de mira de los indignados agrupados en el Movimiento 15-M. Ayer, acudieron a las inmediaciones de las instalaciones en las que se celebraron los plenos de investidura reclamando una regeneración democrática y el cambio de la Ley Electoral.

A continuación, se ofrece un repaso de los casos más destacados. Además de en los ayuntamientos, esta legislatura se va a jugar en los tribunales.

Levantada la imputación a Iñigo Henríquez de Luna, recién nombrado portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, el resto de imputados del PP de Madrid que concurrió el 22-M lo hizo en las listas municipales.

Ocho imputados del PP de Esperanza Aguirre logran bastón de mando

Ayer se hicieron con el bastón de mando ocho regidores con causas pendientes. Es el caso de José Ignacio Fernández Rubio (PP), que se estrena como alcalde en Las Rozas y está imputado por un delito de ordenación del territorio durante la época en la que fue alcalde de Guadarrama.

Malversación y negociaciones prohibidas a funcionarios son los delitos por los que se investiga al hombre que ayer juró como alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa (PP). Y en Pinto, la alcaldesa será Miriam Rabaneda, también del PP. Está imputada por prevaricación por dar luz verde a unos pagos cuando informes de la intervención municipal lo desaconsejaban.

Luis Partida es un de los alcaldes más veteranos de España. No en vano, rige el destino de Villanueva de la Cañada desde 1979. Está imputado por tráfico de influencias.

Ana María Pinos (Belmonte del Tajo), investigada por un delito contra la ordenación del territorio, y Ángel García (Guadalix de la Sierra), por negociaciones prohibidas a funcionarios, están también entre los regidores del PP con causas pendientes.

Hasta ayer, la alcaldía de Coslada estuvo en el aire, pendiente de los pactos. Raúl López, conservador imputado por no ejecutar una sentencia judicial contra Ginés López, el sheriff de Coslada, gobernará el consistorio. Por su parte, Clara Torre (PP), se apoyará en otras fuerzas para regir Torres de la Alameda. Está siendo investigada por malversación.

'Lo que las urnas han dicho no puede modificarse en otros lugares'. Fue la frase del día en el País Valencià. Y fue pronunciada por la nueva alcaldesa de Alicante, la conservadora Sonia Castedo, implicada en el caso Brugal. Se cumplía tan solo una semana desde que el levantamiento parcial del secreto de sumario apuntara a que Castedo habría recibido regalos del empresario Enrique Ortiz en plena negociación del Plan General de Ordenación Urbana.

También juró como concejal en Alicante el presidente de la Diputación en funciones, José Joaquín Ripoll. Número dos de la lista del PP por este consistorio, está imputado en el caso Brugal, un escándalo en el que los conservadores del País Valencià esperan todavía 'muchas sorpresas en los próximos meses' en otros ayuntamientos. Una de las incógnitas ahora es si conserva la diputación.

Los indignados protestaron a las puertas de los consistorios

También Rita Barberá volvió a jurar como alcaldesa de Valencia. Su número tres, Jorge Bellver, está imputado por prevaricación en el caso que investiga la construcción de un aparcamiento subterráneo en los jardines de Monforte. Esta misma semana Bellver ha ocupado su escaño como diputado electo en Les Corts.

Estos nombres se suman a la decena de implicados en diferentes escándalos de corrupción que se sentarán en la bancada de los conservadores en la Cámara regional.

La corrupción no pasa factura en Galicia. No se explica si no cómo es posible que tres alcaldes de la Costa da Morte (A Coruña) repitan en el cargo, pese a estar imputados por haber cometido presuntamente los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, en la denominada operación Orquesta, que investiga el cobro de comisiones por adjudicación de contratos. En concreto, el alcalde electo de Mazaricos, José Manuel Santos, y el de Fisterra, José Manuel Traba, ambos del PP, repiten mayoría absoluta. El tercer regidor imputado es Ramón Vigo, exsocialista y actualmente independiente. Vigo gobernará en minoría en Cee.

El PP de Xinzo de Limia (Ourense) revalidó la mayoría absoluta aunque la Fiscalía investiga una denuncia del BNG por 122 supuestos empadronamientos irregulares del alcalde, Antonio Pérez; el mismo delito por el que está pendiente de juicio, en la localidad coruñesa de Ares, José Manuel Cendán, que tampoco se estrena en el cargo. Compañero de filas de ambos, José Antonio Feijóo, regidor in péctore del municipio ourensano de Baltar, deberá rendir cuentas ante la justicia por supuesta 'extorsión, persecución y amenazas' a dos candidatas del PSdeG en la localidad.

El alcalde socialista de Muxía (A Coruña), Félix Porto, mantiene el bastón de mando a pesar de su imputación por malversación de caudales y un supuesto fraude en el cobro de subvenciones. El PSOE gallego gobernará también en Caldas de Reis (Pontevedra), aunque su regidor, José Manuel Rey, está acusado de un delito de desobediencia por no haber ejecutado el derribo de un edificio ilegal.

Los delitos investigados van desde el cohecho a la malversación

El conservador Jesús Vázquez, imputado por prevaricación, repite como alcalde de Baiona (Pontevedra). Alfonso Fuente (PP) seguirá al frente de Barreiros (Lugo) aunque está siendo investigado por conceder licencias para viviendas sin informe previo. También del PP es Manuel Taboada, de O Pino (A Coruña), imputado por dar luz verde a un polígono que había sido paralizado por la Xunta bipartita, informa Mariola Moreno.

Mientras el Partido Popular se ha hecho fuerte en la comunidad andaluza, abriéndose paso para las autonómicas del año que viene, ayuntamientos como el de Córdoba han asistido al nacimiento de Unión Cordobesa (Ucor), una nueva fuerza política liderada por el empresario Rafael Gómez, más conocido como Sandokán y procesado por cohecho en el caso Malaya.

Este hombre de negocios se sentará en el pleno de este ayuntamiento junto a otros cuatro ediles de su formación.

En Almuñécar (Granada), el exalcalde, Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza, renunció a presentar su candidatura a alcalde, pero continúa como concejal. Tiene varias causas pendientes con la Justicia, entre otras la de malversación.

María del Carmen Castellano, del Partido Popular, se convirtió ayer, gracias al apoyo de Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) y de CC, en la nueva alcaldesa de Telde (Gran Canaria). Está imputada en el caso Faycán por cohecho y malversación de caudales públicos.

La operación estalló en julio del año 2005, tras la denuncia de una empresaria de Telde, que afirmó que la concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento que dirigía la principal imputada, María Antonia Torres, le había exigido el pago de un comisión del 20 %del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.

En Catalunya, tanto CiU como PSC y ERC presentaron un total de 16 alcaldables a quienes se les imputan todo tipos de delitos, principalmente medioambientales y urbanísticos. De estos candidatos, seis obtuvieron mayoría absoluta el pasado 22-M, informa Europa Press.

Pese a no ser cabeza de lista, uno de los casos más llamativos es el de Ferrán Falcó (CiU), que fue cabeza de lista de la formación para el Ayuntamiento de Badalona. Al rechazar ayer un pacto con el PSC e IUCV para impedir el aterrizaje del conservador Xavier García Albiol, Falcó se convirtió en el único aliado posible del PP en el municipio para la legislatura que ahora comienza.

La seña de identidad de García Albiol durante toda la campaña ha sido la de su dicurso xenófobo, una de las críticas que más le echaron ayer en cara cientos de indignados.

El dirigente de CiU está imputado por el caso Adigsa. Se trata de un supuesto cobro de comisiones en esta empresa pública de la Generalitat que presidió entre los años 2000 y 2003.