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Las infantas y Urdangarin quedarán fuera de la familia real

Sólo los reyes, los príncipes de Asturias y sus hijas pertenecerán a la institución. La Zarzuela pone en marcha el plan con el objetivo de aplicarlo a partir del próximo año

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La creciente gravedad de las revelaciones sobre cómo Iñaki Urdangarin se enriqueció gracias a su presencia en la asociación Instituto Nóos coincidió hoy con un anuncio de calado y consecuencias todavía imprevisibles. Fuentes oficiales de la Casa Real confirmaron que se planea limitar, “posiblemente en 2012”, el concepto de familia real a los reyes, los príncipes de Asturias y sus hijas, Leonor y Sofía.

Lo anterior significa que las infantas Elena y Cristina y, por supuesto, el marido de la segunda, Iñaki Urdangarin, pasarán a tener un rango equivalente al de las hermanas del rey, Pilar y Margarita de Borbón: son parientes del monarca pero no miembros de la familia real y, por tanto, ni representan a la Corona en actos oficiales ni reciben fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La reestructuración “está en marcha”, remacharon las citadas fuentes.

La fórmula elegida permite diluir dentro de una operación general la exclusión de Urdangarin, cuyo divorcio se da por descartado. Y, en cualquier caso, las infantas y sus hijos se mantendrán dentro de la línea sucesoria, donde Cristina de Borbón ocupa la séptima posición.

La difusión del plan para recortar el número de miembros de la familia real, adelantado este miércoles por la agencia Europa Press, se produjo horas después de que llegase a los kioscos la edición semanal de ¡Hola! La revista filomonárquica publica unas fotos de la reina en Washington junto con su hija Cristina y su yerno, Iñaki Urdangarin, que no dan un paso sin sus escoltas.

Las instantáneas, en una de las cuales la infanta Cristina mira a cámara, fueron tomadas en la calle durante el viaje oficial de la reina a EEUU los días 29 y 30 de noviembre. Para entonces, este diario acababa de desvelar el contenido de un informe de Hacienda que deja al descubierto los manejos con que Urdangarin y su socio Diego Torres, ya imputado, se lucraron gracias a Instituto Nóos y varias empresas satélite: una trama que, según el juez del caso, crearon ambos para “apoderarse” de dinero público.

Tras haber captado Instituto Nóos 5,8 millones de la Generalitat Valenciana y el Govern balear, una cifra idéntica acabó en manos de cinco sociedades con participación accionarial del duque de Palma y/o su socio. En nueve años, la entidad altruista y esas cinco empresas ingresaron 16 millones de euros en total.

Las fuentes consultadas en la Zarzuela desecharon también con rotundidad que los movimientos para limitar el perímetro de la familia real se hayan visto acelerados por el caso Urdangarin. Y subrayaron que la idea comenzó a gestarse hace dos o tres años, a medida que el protagonismo institucional del príncipe de Asturias y su esposa, Letizia Ortiz, se iba afianzando. No obstante, Público ha podido saber que uno de los objetivos de la reforma es evitar lo que profundos conocedores de la monarquía española califican de “confusión” entre actividades e ingresos públicos y privados.

Lejos de mencionar la investigación sobre el conglomerado Nóos como causa esencial o secundaria para restringir el número de componentes de la familia real, las fuentes de la Zarzuela recalcaron esto: “Cada vez hay menos motivos para que las infantas [Elena y Cristina] sean miembros de la familia real porque tienen sus actividades en fundaciones [Mapfre y La Caixa, respectivamente]”. El papel de las hijas del rey, añadieron las fuentes, se aproxima cada vez más “al de las hermanas del rey”. Los portavoces de la Jefatura del Estado no lo dicen, pero lo cierto es que el hecho de que Elena y Cristina de Borbón desempeñen cargos profesionales genera a veces confusión sobre cuándo acuden a un evento en calidad de miembros de la familia real y cuándo a título privado.

A la pregunta de si el cambio de estatus de las hijas de los reyes y de su yerno se anunciará oficialmente o si se aplicará mediante la omisión permanente de la agenda oficial de las infantas y Urdangarin, las fuentes consultadas respondieron así: “Posiblemente habrá un comunicado, pero aún no se ha decidido”.

Público se interesó por conocer si la nueva situación requiere la aprobación de un Estatuto de la Casa del Rey. La respuesta, aquí, sugiere que la monarquía se propone reforzar el cuerpo jurídico que la sustenta: “Puede que haya que hacer la Ley de la Corona, que es un aspecto de la Constitución sin desarrollar”, respondieron las fuentes.

La elaboración de un estatuto de esa naturaleza debería abordar sin ambages aspectos como la financiación de la Casa Real y cómo se articula la participación de sus miembros en actividades privadas. Hasta ahora, ninguno de los dos grandes partidos –PP y PSOE– ha dado pasos encaminados a garantizar la transparencia financiera y profesional de los miembros de la familia real. Ese agujero opaco ha permitido, por ejemplo, que Urdangarin utilizase su marchamo de yerno del rey para sus negocios privados. En 2011, los Presupuestos del Estado consignan 8,43 millones para el sostenimiento del rey y su familia. Esos no son los únicos fondos que los Borbón reciben del Estado. Pero los restantes –seguridad y viajes, entre ellos– son imposibles de cuantificar: están subsumidos en otras partidas cuyo desglose jamás ha ofrecido el Gobierno de turno.

A diferencia de lo que ocurre en España, donde el rey distribuye discrecionalmente los fondos que recibe del Estado, la monarquía británica tiene regulados incluso las retribuciones que deben percibir los miembros menos relevantes de la familia Windsor. Y, con independencia de su austeridad o dispendio, aplica a rajatabla el principio de transparencia: sus cuentas anuales pueden consultarse directamente en Internet.

Como informó este periódico el pasado 14 de noviembre, Elena y Cristina de Borbón reciben una asignación del rey variable y discrecional en función de los eventos en que representan a la Jefatura del Estado. Y sólo los reyes y los príncipes tienen como única fuente de ingresos los que los PGE asignan al monarca para su sostenimiento y el de su familia. Cuánto dinero público asignó el rey a su hija Cristina durante el periodo en que su marido presidió Instituto Nóos (2004-2007) es un misterio.

Ese fue el periodo dorado de la asociación sin ánimo de lucro constituida por el entorno de Urdangarin y cuyo nombre original era otro. La denominación de la entidad fue modificada en 2003 hasta hacerlo casi indistinguible del de la consultora privada del duque y Diego Torres: Nóos Consultoría Estratégica SL. Urdangarin, que accedió a la presidencia de Instituto Nóos en septiembre de 2003, encontró hoy un defensor ajeno a la realeza: el exfiscal Ignacio Gordillo, hoy abogado del PP balear en el caso Matas, origen de las pesquisas sobre Nóos. Según Gordillo, “la indefensión de Urdangarin es absoluta”. La imputación del duque se da ya por segura, aunque previsiblemente no declarará ante el juez hasta que lo hayan hecho otros miembros secundarios del holding Nóos.