La estrategia del PP de no agilizar ya la renovación del Tribunal Constitucional (TC) ha quedado fuertemente debilitada. El martes pasado, el portavoz de los conservadores en el Senado, Pío García-Escudero, exigió que se preguntase a todas las comunidades autónomas si confirmaban o no a los dos candidatos a magistrado del TC que cada una de ellas presentó en septiembre de 2008. El presidente del Senado, el socialista Javier Rojo, asumió la demanda y la trasladó a los letrados de la Cámara.

Ayer ya estaba listo el documento y hoy martes será visado por la Junta de Portavoces y la Mesa. Y lo que dice no deja ningún resquicio de duda: 'La Cámara debe reputar válidas las propuestas presentadas y por ello no procedería solicitar a las asambleas [legislativas de las autonomías] ningún tipo de ratificación o convalidación. Esta presunción se mantiene además intacta hasta el momento, sin quedar afectada por el transcurso del tiempo', señala el texto, de nueve folios, al que tuvo acceso Público.

El texto también descarta que haya que consultar a Euskadi y Galicia

En otras palabras: no hace falta preguntar nada a ninguna comunidad, lo que habría supuesto demorar todo el proceso de relevo del TC. No es el único golpe que se lleva el PP. García-Escudero quería que el Senado se dirigiese especialmente a Euskadi y Galicia, donde en 2009 hubo elecciones autonómicas y formación de gobiernos de otro color político. Los letrados de la Cámara arguyen, sin embargo, que ambas propuestas 'deben reputarse válidas y vigentes al haberse adoptado por asambleas legislativas en pleno ejercicio de sus funciones'. Que cambien las mayorías en un parlamento 'no afecta, como es lógico, a los actos emanados del órgano, ya que son del propio órgano y no de una composición concreta del mismo'.

Los juristas avisan de la temeridad del PP: una consulta a las autonomías produciría una 'eventual vulneración del derecho fundamental al acceso a los cargos públicos' que consagra el artículo 23. 2 de la Constitución de 1978. Las candidaturas de las CCAA presentadas en 2008, pues, 'gozan de presunción de validez y pueden considerarse firmes'.

El PSOE reclamará hoy a Rojo que active ya el relevo de magistrados del TC

El PSOE reclamará hoy martes a Rojo que 'inicie ya el procedimiento de renovación del TC', indican fuentes de la dirección del grupo. Los letrados, en primer lugar, deberán calificar a los 23 aspirantes.

En esa criba pueden caer Juan Carlos Campo –aupado por los socialistas y hoy secretario de Estado de Justicia– y Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, elegido por el PP y rechazado por el Gobierno. Sobre ellos pesa la duda de que no hayan cumplido 15 años de ejercicio profesional. Si no pasan el corte, la Cámara requerirá a las CCAA que los sustituyan. 

Resuelto el escollo, Rojo podría convocar la Comisión de Nombramientos, el órgano encargado de examinar a los candidatos y de elevar cuatro nombres al pleno del Senado, que deberá ratificar las designaciones por una mayoría de tres quintos. Los socialistas calculan que el proceso podría estar culminado antes de las vacaciones de agosto.

El informe de la Secretaría General del Senado incluye un anexo que recuerda las fases ya quemadas del proceso de renovación del TC, desde que se cumplió en diciembre de 2007 el mandato de nueve años de cuatro magistrados, a los que el Senado ha de relevar.

Ya en octubre de 2008 los letrados tenían dudas con respecto a Enrique López (propuesto por el PP), José Luis Aurtenetxe (por el PNV), Juan Carlos Campo y Fernando Valdés Dal-Re (ambos por el PSOE). Se solicitó información a las CCAA. La Mesa dejó en suspenso la renovación el 4 de noviembre de 2008.

Los letrados subrayan taxativamente que el proceso se ha llevado con 'sujeción plena' a la Constitución y a la ley orgánica del TC, una 'garantía para todos los que intervienen en él y apartarse del mismo supone incurrir en una arbitrariedad'.