Un centenar de pequeñas asociaciones sociales y de ayuda a inmigrantes exigieron ayer a la Fiscalía General del Estado que investigue posibles 'graves malos tratos y vulneraciones de los derechos humanos' a los retenidos en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). Así, piden a la Fiscalía que promueva medidas de protección 'urgentes' y solicitan que se les proporcione el amparo 'necesario' para ejercer sus derechos personales, sociales y jurídicos.

En una denuncia registrada ayer en la Fiscalía y firmada por el portavoz del Sindicato de Obreros Inmigrantes (SOI), Jesús Hidalgo, y otras cien asociaciones, los firmantes hacen responsable a la Fiscalía de 'cualquier desgracia' que pueda suceder a las personas retenidas en el CIE madrileño, entre ellas las cinco que permanecen en huelga de hambre desde el pasado lunes. En el texto, los colectivos denunciantes recuerdan que el 7 de abril hubo una primera protesta con la huelga de hambre de 40 internos contra el supuesto maltrato.

Concretamente, Hidalgo habla de 'tortura y tratos inhumanos y degradantes' a las personas internas en el centro de inmigrantes de Aluche y amenaza con denunciarlo en el Comité contra la Tortura del alto Comisionado de la ONU.

Malos tratos policiales, imposibilidad de comunicarse 'adecuadamente' con sus familiares, imposibilidad de lavar la ropa y cambiarse de atuendo, alimentación 'inadecuada', sin acceso a un abogado y detenciones más días de lo establecido por ley (40 días), son algunas de las críticas vertidas en el escrito. De hecho, se hace alusión a una grabación que poseen organizaciones de apoyo a los inmigrantes, como Rompamos el Silencio, en la que los denunciantes aseguran que se demuestra que la Policía maltrata a los internos y les amenaza con 'domarlos a palos'.

Por ello, el escrito reclama a la Fiscalía que investigue 'objetivamente' las circunstancias en las que se encuentran los retenidos en el CIE de Aluche, consultando a una proporción 'adecuada' de los internos y pide depurar responsabilidades entre los cargos políticos o técnicos que gestionan este establecimiento, principalmente su director. Además del cierre del centro, reclaman 'especial protección y cuidado' a las personas que siguen en huelga de hambre.

La Secretaría Técnica de la Fiscalía estudiará ahora si la denuncia tiene relevancia jurídica o es una mera queja ciudadana para reenviarla a la Fiscalía correspondiente, la de Extranjería, por la materia que se trata, o la de Madrid, por el lugar en el que está ubicado el CIE. De lo contrario, se archivará.

Fuentes de la Fiscalía General señalaron a Público que la denuncia del SOI está 'bien construida' y los supuestos hechos que incluye 'podrían ser investigados'.