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Interior expedienta a tres policías por las agresiones

La instructora del caso califica de "graves" las presuntas infracciones

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Los agredidos en las cargas policiales de los días 17, 18 y 19 de agosto reclamaron el martes en una asamblea las cabezas de los agentes que les agredieron de manera 'injustificada y desproporcionada' para disolver las protestas, según su versión. Además, los manifestantes exigieron la dimisión de sus responsables políticos superiores: la delegada del Gobierno, María Dolores Carrión, y el ministro del Interior, Antonio Camacho.

Hoy, la Jefatura Superior de Policía de Madrid les brindó de manera figurada las cabezas de tres acusados, tras estudiar el material gráfico (vídeos y fotografías) recopilado desde el lunes, cuando se inició la investigación. Se trata, según Europa Press, de un subinspector y dos agentes, vinculados en principio a la agresión a una menor, su acompañante y un fotógrafo el jueves por la noche. La inspectora jefe de régimen disciplinario de Madrid responsable del proceso inicial de información reservada catalogó las presuntas infracciones como 'graves', por lo que la tramitación subió de escalafón y correrá a cargo de la Dirección General del la Policía y la Guardia Civil. Su máximo responsable, Francisco Javier Velázquez, ordenó la incoación de los expedientes.

Los agentes se enfrentan a una suspensión de entre 5 días y 3 meses

Con la incoación, se abrió un proceso en el que se tomará declaración a los acusados y en el que podrán participar sus abogados. Sin embargo, esto no significa que los agentes vayan a ser suspendidos de empleo y sueldo. Hasta que se resuelva el expediente, siguen siendo inocentes, apuntaron fuentes policiales.

La Jefatura Superior de Madrid únicamente habría mantenido las competencias del caso si se tratase de faltas 'leves', según el artículo 13 de la Ley de Régimen disciplinario del Cuerpo de Policía.

'Interior ha cedido ante la presión mediática', asegura un sindicato policial

Los agentes investigados pertenecen a la Unidad de Intervención Policial (UIP) y se enfrentan a la sanción de suspensión de funciones 'desde cinco días hasta tres meses', según el artículo 10 de dicho régimen disciplinario.

Los sindicatos de Policía recibieron la noticia con indignación. El secretario general del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Felipe Brihuega, consideró que Interior 'ha cedido ante la presión mediática' y añadió que también hubo gente que se 'extralimitó' con los agentes. En su opinión, la actuación de los agentes 'no es justificable pero sí es entendible'. Por su parte, el vicesecretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, consideró que Interior tomó 'una decisión de cobardes'; mientras que el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, criticó que los políticos 'nunca son responsables de nada' y que pagan 'los que están en la calle y obedecen'.

Entre los organizadores de la protesta, el anuncio sí que fue recibido con agrado. Pero, a pesar de considerarlo una 'buena noticia', responsabilizaron a Interior de la escasez de agentes en la marcha. 'Todo se provocó por una falta de seguridad', criticó el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado.

Los agredidos culpan a Delegación del Gobierno y al ministro Camacho

Por su parte, el presidente de Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), Luis Vega, puso el foco en la Delegación del Gobierno: la investigación 'confirma que lo sucedido es una mala actuación del Gobierno', pues 'la policía no actúa si no está autorizada'.

La investigación se inició el pasado viernes por la tarde, tras la difusión masiva de un video en internet, en el que una chica de 17 años recibe, sin mediar palabra, un golpe seco en la cabeza por parte de un agente. A continuación, los policías golpean en las piernas al chico que saca a la menor de la escena; y otro grupo da patadas al fotógrafo Daniel Nuevo, que yace en el suelo tras fotografiar la agresión a la menor.

Los hechos ocurrieron el jueves 18 por la noche e, inicialmente, el Gobierno descartó abrir una investigación. El portavoz del Gobierno, José Blanco, afirmó el viernes por la mañana: 'Si hubiera algún hecho que, a juicio del Ministerio del Interior no se ha producido, que supusiese un exceso, se estudiaría y se investigaría. Pero creo que no estamos en el caso'. Horas después, Interior rectificó y anunció la apertura de la 'información reservada', el procedimiento previo al expediente.

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