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El interventor de la Junta considera "inadecuadas" pero no "ilegales" las ayudas a los ERE

Manuel Gómez reprocha a Empleo que no solventara las deficiencias en el procedimiento, pero cree que el convenio por el que se concedían las subvenciones a trabajadores y empresas era legal, aunque "inadecuado"

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Su nombre es Manuel Gómez Martínez, fue interventor general de la Junta de Andalucía de 2000 a 2010 y la suya ha sido la más esclarecedora de las comparecencias habidas hasta ahora en la comisión de investigación del Parlamento autonómico sobre los ERE fraudulentos. De su larga declaración este martes ante la comisión se extraen varias conclusiones: el caso investigado por el Parlamento y por la jueza Alaya es 'absolutamente excepcional' en la Administración andaluza; el procedimiento para otorgar las ayudas no era ilegal, aunque sí inadecuado; gozó del consenso expreso o tácito del Parlamento andaluz y de la Cámara de Cuentas; la Consejería de Empleo fue expresamente advertida de las deficiencias del procedimiento y de la gestión del mismo, pero no hizo nada para subsanarlas; ni tampoco lo hizo la Consejería de Hacienda, aunque su responsabilidad era en este caso colateral; la Intervención no hizo un informe de actuación, que habría paralizado en seco el sistema de concesión de ayudas, porque la ley no se lo permitía en este caso, aunque el informe realizado era lo bastante claro y contundente como para que no esté justificado que no se hiciera nada: debió hacerse pero no se hizo.

Sin abandonar en ningún momento del lenguaje aséptico propio de un alto funcionario ajeno a las batallas políticas, el interventor Gómez Martínez no dejó por ello de reprender no sólo a los distintos departamentos de la Junta de Andalucía que propiciaron un 'marco muy débil en materia de controles', sino también al Parlamento o a la Cámara de Cuentas, que nunca pusieron en duda ni revisaron a fondo el sistema de concesión de ayudas y la aplicación del mismo.

La intervención de Gómez no dejó satisfecho a ninguno de los tres grupos que preguntaban, lo cual no deja de ser un buen síntoma. El PSOE hubiera preferido no escuchar el fuerte tirón de orejas que recibió la Junta de Andalucía, pero lo escuchó. Y el PP hubiera preferido escuchar que el procedimiento de concesión de ayudas y el convenio de 2001 en que se sustentaba eran ilegales, pero no lo escuchó.

IU tampoco quedó completamente satisfecha, pero por motivos bien distintos. Los dos grupos mayoritarios sí tienen un interés directo en esta comisión, mientras que IU se encuentra en una posición más desahogada y de menor ansiedad política. No tiene especial interés en que la Junta quede absolutamente desacreditada, como sí lo tiene el PP, pero tampoco tiene un interés especial en lo contrario, como sí lo tiene el PSOE. La decepción de su diputada Alba Doblas vino más bien del hecho de no poder entender cómo fue posible que, sabiendo la Intervención que las cosas se estaban haciendo rematadamente mal en materia de controles y procedimiento, no activara los mecanismos necesarios para impedirlo.

El interventor puso en algún momento el ejemplo de que 'si hay fuego y te avisa el vecino, no esperas a que te lo comunique por carta o correo electrónico, sino que llamas a los bomberos', en alusión a la insistencia del Gobierno andaluz en que la Intervención no lo había alertado suficientemente al no hacer un informe de actuación que habría frenado de inmediato el procedimiento de concesión de ayudas. En realidad, Doblas preguntaba por qué la Intervención no hizo más de lo que hizo, a lo que Gómez replicaba con impecables argumentos jurídicos propios de expertos: 'El informe de actuación se refiere a deficiencias graves de una entidad sometida a control financiero. Detectamos deficiencias, pero no eran del IFA, sino de Empleo; si hubieran sido del IFA sí habría habido informe de actuación'.

La justificación de Gómez sonaba como sonaría la exculpación de una unidad de bomberos andaluza que se negara a apagar un fuego iniciado en Andalucía cuando este rebasara territorio andaluz y alcanzara a una provincia contigua de Castilla-La Mancha y justificara su inacción en que tal territorio quedaba fuera de su competencia. Tal actitud puede que fuera administrativamente irreprochable, pero nadie con sentido común le daría su aprobación. Eso parecía ocurrirle a Doblas con las abstrusas explicaciones de Gómez en este tramo de la sesión.

En todo caso, el interrogatorio más afilado fue de nuevo el del diputado del PP Rafael Carmona, quien sin embargo no pudo obtener del interventor la contundencia en las respuestas que estaba buscando. Aun así, no se fue Carmona de vacío. Consiguió que Gómez le diera la razón al decir que la delegación de competencias del consejero de Empleo en su director general para dar las ayudas no tenía sustento documental alguno. Pero no consiguió que admitiera que el convenio para otorgar las ayudas era ilegal o que debería haber sido fiscalizado por la Intervención. ¿Acaso no se firmó ese convenio para eludir controles?, preguntó Carmona. 'Yo no puedo decir que ese modelo se hiciera para sortear controles', respondió Gómez. 'Pero yo sí', remató Carmona. En cuanto a si el procedimiento 'vulneraba la legalidad', como se decía en el informe de la Intervención del que Empleo hizo caso omiso, o simplemente era 'inadecuado', asunto en el que insistió Carmona con sus preguntas, el interventor Gómez se mantuvo en su estricto papel de funcionario: 'Reitero mi opinión. Esto es una controversia contable', zanjó.

Mientras tanto, el Gobierno andaluz como tal no sale del todo mal parado de la comparecencia de Gómez, aunque sí con algunos rasguños. Uno de ellos se lo lleva el propio presidente Griñán, que siempre justificó que Empleo no hiciera nada para reformar y mejorar el procedimiento porque la Intervención no había hecho el informe de actuación que habría disparado todas las alarmas. Gómez dijo que ese informe no era pertinente ni conforme a la ley en este caso. Y dijo también esto: 'No tiene apoyo legal el no hacer nada por no haber recibido un informe de actuación de la Intervención. Eso no es de sentido común'.

En cuanto a la jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, que viene sosteniendo desde el principio la ilegalidad radical del procedimiento, tampoco es probable que le satisficieran del todo las respuestas de Gómez, en las cuales hubo cal y arena en proporciones suficientes para que cada cual pueda servirse a su gusto de una o de otra.