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IU advierte de que el incremento del IRPF puede ser inconstitucional

Pide a la Mesa del Congreso que estudie la legalidad del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros del 30 de diciembre

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Un auténtico raudal de críticas bañó el drástico tijeretazo a las cuentas públicas aprobado por el Gobierno en su Consejo de Ministros del 30 de diciembre. La censura arreció, llegó por varios flancos y se detuvo en los efectos del decreto ley, pero hasta ahora no había rodeado un asunto nuclear: ¿son o no constitucionales las medidas del Ejecutivo, especialmente la subida del IRPF? Izquierda Unida ha firmado esa pregunta y la ha dirigido a la Mesa del Congreso, para que la examine, para que los servicios jurídicos de la Cámara Baja elaboren un informe y digan si el Gabinete de Mariano Rajoy se ha saltado el muro de la Carta Magna.

IU, que comanda el grupo de La Izquierda Plural con sus socios de ICV-EUiA y Chunta, registró el viernes su petición al órgano rector de la Cámara, y la hizo pública ayer lunes. En su texto, se remite a la sentencia 182/1997 que el Tribunal Constitucional (TC) dictó el 28 de octubre de 1997, y por la que anuló la subida de las tarifas del IRPF aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González en 1992, también por la fórmula de real decreto ley –es decir, sin pasar por el Parlamento–. El TC daba así la razón precisamente al PP y a su comisionado, Federico Trillo, que había impugnado la norma del Ejecutivo de González. Con su fallo de 1997, el TC no impide que se puedan regular por esta vía (la del decreto ley) temas tributarios, pero sí asegura que vulnera el artículo 86 de la Carta Magna “cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente” la posición de los contribuyentes frente a Hacienda.

En 1997, el TC ya sancionó que no se puede alterar 'sensiblemente' el impuesto por la vía del real decreto ley

Y tocar de forma “sustancial” el impuesto de la renta, decía entonces el Alto Tribunal, no es cosa menor, ya que el IRPF “constituye uno de los pilares estructurales” del sistema fiscal español, y “cualquier alteración en los elementos esenciales repercute inmediatamente sobre la cuantía o el modo de reparto de la carga tributaria”. Esa gran incidencia de un retoque del IRPF justifica, según el TC, que no se pueda hacer vía decreto ley, sino a través del procedimiento legislativo más largo: la tramitación en el Parlamento de un proyecto de ley del Gobierno.

En suma, que el conducto del real decreto ley, que se utiliza para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, no es válido para un alza importante del IRPF, ya que afecta a un deber constitucional de los ciudadanos, como lo es “el sostenimiento o financiación de los gastos públicos” por medio de los impuestos.

Pocas posibilidades de prosperar tiene el escrito de La Izquierda Plural. El PP tiene el control absoluto de la Mesa. Aún cabría recurrir el decreto ante el TC. Ayer IU no se situaba todavía en ese escenario.

Lara censura que cuatro de cada cinco euros del alza fiscal lo pagarán los trabajadores

Cayo Lara recordó en rueda de prensa ayer en el Congreso que la 'importancia' y la “gravedad” del ajuste del Ejecutivo obligaban a que se discutiera largo y tendido en el Parlamento. Sobre todo porque falta, esgrimió, una reforma fiscal “integral” y verdaderamente progresiva.

El coordinador federal retomó los argumentos de IU: Rajoy se olvida de su promesa electoral de “crear empleo”, “insiste” en la política de recortes traumáticos del gasto y de cargar la factura de la crisis en los trabajadores. El presidente del grupo sí confirió cierto carácter “progresivo” a la subida del IRPF, pero reclamó situar el alza en su “contexto”, pues no se tocan las sicav, no se grava más a las empresas, la banca seguirá disponiendo de avales y cuatro de cada cinco euros de subida del IRPF lo pagarán los trabajadores. En efecto, el Estado prevé recaudar 4.111 millones por rentas del trabajo y sólo 1.246 millones por rentas del capital.

Si se suma la congelación del salario mínimo y la pretendida bajada de los sueldos, los ciudadanos tendrán “menos poder adquisitivo”, podrán consumir menos y tirarán menos de la demanda. En resumidas cuentas, glosó Lara: medidas “injustas” e “inútiles” que sólo abocan a “más crisis y más paro”.

Por Miguel Ángel Marfull | Madrid

El Congreso estrenará mañana el rodillo azul de la mayoría absoluta del PP (185 escaños) al convalidar el real decreto ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno el pasado 30 de diciembre.

El histórico tijeretazo con el que se estrenó Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo saldrá adelante gracias a la mayoría blindada de los conservadores. El PP confía en ganarse la abstención de CiU y el PNV para evitar sacar adelante la medida en solitario.

El paquete de recortes planteado por el Gobierno afecta a pensionistas, funcionarios y perceptores de prestaciones por dependencia, becas y ayudas, entre otros ajustes contra el déficit. La iniciativa congela además el salario mínimo (641 euros) y eleva el IRPF y el IBI, rompiendo la promesa de Rajoy de no subir impuestos.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, defenderá en la tribuna este conjunto de medidas, rebajando el nivel de un debate que contemplarán en silencio desde sus escaños el presidente, Rajoy; su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, y el responsable de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

Rechazo por la izquierda

Salvo los grupos Catalán y Vasco, que han evitado adelantar su voto, el resto de la Cámara se opondrá al tijeretazo decretado por Rajoy. El PSOE acusa al PP de cometer un “gran fraude democrático” con estas medidas, como denunció tras su aprobación y recalcará su portavoz, José Antonio Alonso. La Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-Chunta) lo rechazará de plano.

Junto a ellos, el resto de la oposición de izquierdas –Amaiur, ERC, BNG y Geroa Bai– se plantará frente al decreto, como lo hará Unión, Progreso y Democracia (UPyD), la formación de Rosa Díez.