El 7 de noviembre habrá debate televisado entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy... O no. Izquierda Unida registró ayer viernes un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) [descargar aquí] en el que exige que se suspenda la emisión del duelo entre los candidatos del PSOE y del PP, ya que, al excluir a la federación de Cayo Lara, “se están vulnerando los principios de pluralismo y neutralidad” a que obligan el artículo 66 de la Ley Electoral y las anteriores y “reiteradas resoluciones” de la propia JEC que “no se han cumplido” por los medios.

En el texto, al que tuvo acceso Público, y que formalmente presenta el secretario federal de Organización, Miguel Reneses, IU ofrece dos alternativas a la Junta, por si rechazase la cancelación del cara a cara. Una, “ampliar la participación” en los debates a los candidatos de la federación, “al ser la tercera fuerza de ámbito estatal” que concurre el 20-N.

IU oferta o ampliar la cita a más fuerzas o que las TV aclaren cómo compensarán a los pequeños

Dos, congelar la difusión de la cita Rubalcaba-Rajoy hasta que las televisiones públicas y privadas aclaren cómo van a compensar a IU y al resto de fuerzas políticas. El escrito ya avanza que no le valen “entrevistas aisladas”. “El debate es un formato de espacio electoral de deliberación y a ese formato debe poder acceder IU”. Es decir, que si hay compensación, razona, “debe ser de igual naturaleza” que el duelo a dos. Por supuesto, 'en la misma franja horaria', en prime time. El equipo del coordinador se aferra a una sentencia del Tribunal Supremo, de noviembre de 2009, que consagra que los debates multilaterales deben tener el mismo tratamiento que los encuentros entre los dos principales aspirantes a la Moncloa.

IU, que formaliza su reclamación dos días después de lo programado, alega que permitir un cara a cara “supone la práctica eliminación para la opinión pública” del programa de otras fuerzas, “condenando al ostracismo a sus candidatos”, generando 'un desequilibrio entre las partes concurrentes a un proceso electoral', y vulnerando 'uno de los derechos más elementales de un sistema democrático, recogido en el artículo 23. 2 de la Constitución': el derecho de acceso en condiciones de igualdad.

Luque: 'No vamos a tolerar que se rían otra vez de nosotros, del TS y de la calle'

De fondo subyace una reprimenda a la JEC por no haber obligado a las televisiones, en anteriores comicios, a seguir sus instrucciones: 'La Junta Electoral debiera no sólo acordar la ejecución de las mismas, sino garantizar que se emiten de forma que compensen el desequilibrio derivado de la celebración de este tipo de debates excluyentes'. Desde enero de 2011, se añade un argumento: el último cambio de la Ley Electoral, que en el citado artículo 66.2 conmina no sólo a las cadenas públicas, sino también a las privadas, a preservar el 'pluralismo' y a respetar 'los principios de proporcionalidad y neutralidad informativas en los debates y entrevistas electorales'. 

“No vamos a tolerar que se vuelvan a reír de nosotros, del Tribunal Supremo y de la calle. Un debate a dos no interesa a la sociedad, sí el que contraste a los que recortan, al PP y al PSOE, con los que quieren una salida social a la crisis y plantean alternativas. No vamos a permitir que la tercera fuerza quede al margen”, afirmó, en declaraciones a este diario, Ramón Luque, director de la campaña. IU de momento no quiere oír hablar del debate a cinco planteado por RTVE esta semana, y previsto para el 9 de noviembre. Primero quiere parar el duelo a dos, para forzar a la Junta a contar con otros candidatos. Y, en particular, con IU, que lidera una coalición llamada La Izquierda Plural con otras 12 fuerzas: ICV, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Chunta Aragonesista (CHA), Socialistas Independientes de Extremadura (SIEX), Batzarre, Los Verdes, Gira Madrid-Los Verdes, Els Verds del País Valencià, Opció Verda-Els Verds, Canarias por la Izquierda, Iniciativa por El Hierro y el Partido Democrático y Social de Ceuta.